NUEVA AMENAZA CONTRA MILITANTES DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

El mismo día en que los querellantes que lograron la reapertura de la Causa Quinta de Funes fueron recibidos por el ministro de Gobierno Carlos Carranza, a quien le pidieron que garantice la seguridad de los familiares de las víctimas, los abogados y los testigos; una militante que participó de esa reunión recibió amenazas telefónicas. Se trata de Alicia Lesgart, quien minutos después de culminada la reunión recibió en su casa el llamado de un hombre que le advertía en nombre del “Comando Feced-Pérez Blanco: dejate de joder con Toniolli, Bruera y Gutiérrez”, en referencia al joven militante de HIJOS a quien le destrozaron los vidrios de su comercio con los restos de la placa del Bosque de la Memoria, su madre la diputada del ARI Alicia Gutiérrez y la abogada del Equipo Jurídico de Derechos Humanos. El grupo le pidió al titular de la cartera política, un listado completo del personal activo de las fuerzas de seguridad para compararlo con la lista de involucrados en las violaciones a los derechos humanos y la apertura de los archivos policiales santafesinos entre 1976 y 1983. Mañana habrá una marcha que partirá a las 18 desde Plaza Pringles, que llegará a los tribunales federales y provinciales.

Justamente Eduardo Toniolli explicó que el sentido de la marcha es “repudiar las amenazas, porque creemos que esto es sólo el comienzo de algo porque la reapertura de la causa recién empieza a tramitar y se van a presentar muchísimas más causas. Y porque creemos necesario demostrar unidad y organización además del repudio de los rosarinos al atentado, y en definitiva un apoyo a la reapertura de las causas y una exigencia para que se avance citando a los imputados y se los detenga”.

En cuanto a la reunión con Carranza, Toniolli reveló que se le pidió “apoyo político para seguir adelante con esta instancia judicial y para terminar con las amenazas”, a lo que el ministro respondió que “ya la teníamos”. Además le solicitaron “la reapertura de los archivos de la policía entre el 76 y el 83, como libros de guardias, de ingreso de detenidos, y un listado del personal activo del policía para cruzarlos datos con los nombres de los implicados en la Causa Feced”.

En sentido Toniolli recordó que “el Informe Borgonovo -con el que se dio de baja a varios represores mencionados en este expediente- no fue completo. Queremos cruzar el padrón de toda la provincia, y no limitarlo a esta causa”.

Y finalmente le plantearon a Carranza que “existe un número importante de civiles que integran una patota que si bien no tiene una relación orgánica con la policía, sabemos que actúan en distintos conflictos. Tal como le pasó al represor Walter Pagano cuando se infiltró en una manifestación, y fue golpeado y otros personajes de este tipo”.

De esta reunión participaron además de Alicia Gutiérrez y Cecilia Nazábal como querellantes, el presidente del Colegio de Abogados de Rosario Mario Holland, y los miembros del Equipo Jurídico de Derechos Humanos, entre ellos Nadia Shujman que además es miembro de HIJOS. “Carranza ofreció custodia para todos los testigos y querellantes pero es algo que hay que analizar. En verdad nos fuimos con un compromiso de investigación y apoyo, pero hay que decir que desde el robo a los tribunales en el 84 hasta hoy nada se ha esclarecido en esta provincia”. De igual modo Shujman destacó a estos episodios de amenazas y atentados como “todo un rasgo característico de Santa Fe porque en Chaco, Buenos Aires y Bahía Blanca, lugares donde se reabrieron causas por violaciones de derechos humanos, nos han pasado cosas de este tipo. Y creo -agregó- que es por la particularidad de que aquí no solo el Ejército reprimió sino que la policía provincial tuvo una actividad marcada con un gendarme como Agustín Feced a la cabeza. Asi que hay quienes siguen teniendo contactos con esta estructura, sumado a la impunidad de quienes actúan y nunca son descubiertos y se termina cayendo en la hipótesis del autoatentado”.

La concentración será en Plaza Pringles a las 18, para marchar por calle Córdoba hasta bulevar Oroño pasando frente al edificio de los tribunales federales ubicados entre Rioja y San Luis, y de allí hasta Balcarce y Pellegrini, sede de los estrados provinciales.