NUEVA CONADEP PARA LAS VÍCTIMAS DE LA INSEGURIDAD

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), ciudadanos particulares y algunos sectores del Gobierno analizan la creación de un nuevo organismo al estilo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que investigue la comisión de delitos aberrantes como los secuestros extorsivos.

La idea esta basada en el mismo concepto que dio lugar a la Conadep, que investigó los crímenes aberrantes ocurridos durante la dictadura militar desde 1976 hasta 1983.

Este esquema consiste en convocar a figuras socialmente relevantes y reconocidas por su probidad y capacidad intelectual para que investiguen de dónde surgen estos crímenes, quién los propicia o facilita, contenga a las víctimas escuchando su testimonio, y dictamine presuntas responsabilidades.

Los integrantes de las ONG que motorizan el tema no quisieron revelar sus identidades ni la de los contactos que adhieren a la idea desde el Poder Ejecutivo, con la intención de preservar la idea de posibles operaciones que tiendan a desbaratarla.

“La verdad es que el secuestro y la tortura de ciudadanos con el fin de obtener rescates por su devolución es una práctica que no sólo se ha vuelto habitual, sino que además es un delito tan aberrante como los cometidos desde el Estado en los ’70”, dice la fuente, que completa además que aparecen como hechos relacionados porque si bien no están ordenados por autoridades estatales, “están tolerados, y en muchos casos apañados, por agentes de esas características”.

Los generadores de la idea esgrimen que estos agentes son tan ilegales como las autoridades constituidas por un gobierno de facto, ya que no bien dejan de comportarse de acuerdo con los parámetros de la ley, pasan automáticamente a ser autoridades de ese carácter, al no estar revestidos de legalidad y ejercer el poder de hecho.

Los ideólogos de la nueva Conadep afirman que “no puede entenderse únicamente que hay un presidente de facto cuando ilegalmente se toma el poder. Un policía es también un funcionario público de facto, al margen de la ley”.

La propuesta es avanzar con esa comisión al estilo Conadep y reeditar, además, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) con el objeto de establecer un ámbito de debate permanente donde se puedan establecer propuestas y políticas de seguridad.

La remozada APDH instalaría una más amplia doctrina de derechos humanos que implique no sólo la protección de los perseguidos por autoridades estatales ilegítimas, sino también los perseguidos y vulnerados por los agentes del delito organizado, como nueva y principal amenaza a la seguridad ciudadana.

“Los derechos civiles de las personas deben tener un ámbito, un foro de protección constante, y una garantía de investigación más allá de la puramente estatal. Un organismo mixto como una nueva Conadep y una nueva APDH son lo ideal”, dijo una fuente gubernamental que apoya la postura.