NUEVA CONVOCATORIA PARA LA PRESTACIÓN PRECARIA DE LAS LÍNEAS 10, 16 Y 5

Los corredores de las líneas de colectivos 5, 9, 10 y 16 podrán ser concesionados de manera precaria nuevamente por el Departamento Ejecutivo Municipal. Asi lo resolvió el Honorable Concejo Municipal en su sesión a través de una iniciativa avalada por varios ediles.

El proyecto desató una serie de alocuciones encendidas y recoraçdatorias de la situación del transporte por colectivos de la ciudad.

“Autorízase al DEM a prescindir del procedimiento de licitación pública, conforme lo dispuesto al artículo 11 de la ley 2756, para concesionar de manera precaria los recorridos de las líneas 10, 16 y 9 -a las que se sumará la 9- en forma separada, de conformidad a los pliegos y a las pautas establecidas en el acto licitatorio originario de la concesión convocada que se tendrá como referencia de las ofertas y hasta tanto se efectúe el llamado a licitación, conratación y adjudicación del nuevo servicio”, dice el artículo 1 de la norma emanada del cuerpo legislativo.

En el mes de septiembre de 2003, a través del Decreto D.M.M. Nº 00568, y sin intervención del cuerpo, el Ejecutivo realizó la convocatoria a un proceso abreviado de oferta de precios para la prestación del servicio de transporte urbano por colectivos, correspondientes a los recorridos de las Líneas 10, 16 y 5.

“Ello a raíz de que la UTA (Unión Tranviarios Automotor), por medio de nota dirigida al Intendente Municipal (en setiembre de 2003), decidió retirarse de la gestión de las llamadas líneas ‘autogestionadas'”, según reza un comunicado de los autores de la iniciativa.

La convocatoria a presentación de oferta pública para la prestación precaria del recorrido de las líneas 10, 16 y 5 convocada por el Ejecutivo Municipal, según entienden los ediles santafesinos, “está viciada de nulidad: el Ejecutivo Municipal no tiene facultades para convocar por si mismo, sin autorización del Concejo, a una compulsa de precios para una concesión que si bien es ‘precaria’, no por ello debe quedar al margen de la normativa que regula estos procesos de concesión de servicios públicos” sostienen.

Cabe agregar asimismo, que ya no existe más el estado de emergencia sancionado por ordenanza 10654 y que, por lo tanto, cualquier medida excepcional necesita del aval normativo que sólo el Concejo puede otorgar.

Además, el proceso por el cual se “otorgó” la concesión de todos los recorridos a la Empresa 7 de Marzo S.R.L. – y según surge de la lectura del propio expediente elevado por el D.E.M. – deja abierta una serie de dudas e interrogantes en cuanto a deficiencias del propio procedimiento (publicidad, por ejemplo), titularidad de la empresa y representación de la Sociedad, titularidad de los vehículos.

Tampoco habrían existido los controles suficientes que deben cumplirse en casos como éstos y que están en cabeza del Tribunal de Cuentas Municipal, organismo al que no fueron ni siquiera giradas dichas actuaciones.

“Más allá de la necesidad de dar por nulo todo lo actuado por el Ejecutivo Municipal en lo referente a esta oferta pública para una concesión precaria, sigue estando presente la necesidad urgente de normalizar la prestación de los servicios de transporte urbano por colectivos a través de las líneas 10, 16 y 5, que hoy se prestan en condiciones de irregularidad y en medio de un verdadero vacío jurídico, del cual este Concejo no es responsable, sino lo son las erráticas políticas seguidas por el D.E.M. desde hace varios años atrás y, en particular, en los últimos meses”.

Por ello, es que el proyecto presentado por el Concejal Darío Boscarol, con el acompañamiento del Concejal Julio Schneider, autoriza al Ejecutivo Municipal a convocar un proceso abreviado de oferta pública, pero en donde se puedan dar todas las instancias de control (administrativas y legislativas) que en este caso no se dieron.

Sin embargo, sorpresiva y “casualmente”en horas del mediodía (dos horas antes del comienzo de la sesión) el Intendente eleva una nota al Concejo en donde comunica que retira el expediente con las actuaciones en cuestión y desiste del irregular proceso de “concesionamiento”.

Es decir, antes que el Concejo rechace con el voto, la ilegal convocatoria realizada por el Ejecutivo, Balbarrey optó por una “retirada elegante”, que libre de responsabilidades administrativas y jurídicas.