NUEVAS DENUNCIAS EN LA CÁRCEL DE CORONDA

Un convicto alojado en la cárcel de Coronda denunció ayer al mediodía que tres reclusos habían sido baleados en el pabellón cinco, uno de los más conflictivos de ese penal, aunque más tarde las autoridades penitenciarias negaron la acusación y para eso se basaron en un informe médico que sostiene que los presos se habían “autolesionado”, ya que uno presentaba una herida cortante y los restantes sólo golpes. La extraña situación se completó cuando desde la Unidad Penal I se informó que el denunciante había sido trasladado anteayer a la cárcel de Rosario, por lo cual no podría haber sido testigo de la situación que dijo haber visto. En este sentido, voceros cercanos a la dirección del penal hablaron de un intento de “desestabilización”, aunque prefirieron no hacer referencia explícita al ya no tan soterrado enfrentamiento entre los sectores “dialoguistas” del Servicio Penitenciario (SP), como definen al grupo encabezado por el director de la cárcel Eduardo Leclerc, y los “duros”, algunos de sus subordinados.

Un preso rosarino, Pedro Guerrero, dijo al aire por LT8 que hablaba desde el penal de Coronda, donde había podido observar a otros tres internos del pabellón 5 heridos, al parecer por balas de plomo, ya que uno sangraba mucho. “Hubo dos motines en una semana en este pabellón, uno el sábado y el otro hoy (por ayer)”, afirmó el presidiario.
A la vez, Guerrero sostuvo que la guardia armada, el Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias, “está más violenta” con los presos. “Yo creo que hay orden de reprimir por parte de alguien”, dijo, aunque desvinculó de esta supuesta directiva al director general del Servicio Penitenciario, Fernando Rosúa. “Hay cosas sobre lo que pasa con los presos que al hombre no le llegan, que desconoce,”, señaló el reo.

A partir de información que la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) le transmitió a Rosúa, el director ordenó que se hiciera un relevamiento celda por celda para constatar la denuncia de Guerrero, ya que en el libro de novedades de la guardia del penal no se había registrado incidente alguno. “Es raro porque si hay tiros, se escuchan”, le dijo Rosúa a este diario antes de tener el resultado de la revisación médica.

El director del penal, Eduardo Leclerc, aparte de negar que hubiese habido incidentes el sábado pasado, informó ayer por la tarde que se habían constatado las heridas en los tres presos –ninguno de bala– cuyos nombres brindó Guerrero. Leclerc aseveró que el interno Guerrero fue trasladado a la Unidad Penal Nº 3 el día anterior a su denuncia, o sea anteayer (antes de este incidente), y relató que el informe médico hablaba de “autolesiones”.

Leclerc señaló que Pedro Barbosa presentaba una herida punzante en la región anterior de la pierna izquierda, “contusoescoriativa y de reciente evolución”, mientras que Walter Cisneros y Cristian Cabrera tenían lesiones “contusas, esquimóticas, lineales”, producto de golpes. Por las heridas se abrió una causa ante el juzgado de Instrucción 6ª de la capital provincial.

Endurecimiento del régimen
Lilian Echegoy, de la CTC, afirmó que en la última reunión con los delegados de todos los pabellones los internos afirmaron que se observa un aumento de la “mano dura, situación que se viene denunciando desde hace bastante tiempo. Está muy bien el tema del diálogo, pero lo que se viene reclamando es algún tipo de acción”, señaló la dirigente.
“Cuando existen estas denuncias de malos tratos, apremios, robos, violencia en las requisas, cuando son coincidentes, se debe tomar alguna medida de separar a estas personas (los carceleros) que están denunciadas por estos hechos”, sostuvo Echegoy.

Un vocero de la Dirección del penal sostuvo que “hay gente que quiere desestabilizar, ya que es muy llamativo que salga esta denuncia hoy (por ayer), igual que la visita de funcionarios de la Defensoría del Pueblo que fueron a constatar al pabellón 8 que no hubiese alacranes, como sostenía otra denuncia, pese a que todo el penal fue fumigado en enero”, describió sin apuntar al sector que supuestamente propugna esta desestabilización.
Sin embargo, las versiones sobre esta interna en el SP datan de varios meses atrás, aunque resurgió tras el último motín en Coronda, el 11 de febrero pasado, cuando medio centenar de reclusos resultó herido durante la represión, según los internos propugnada por el sector que pide “mano dura”, en oposición a la actual gestión del director Leclerc.

UN REO QUE SE VE MORIR

Rolando Santiago Salas, un joven que está detenido en la enfermería de la cárcel de Coronda, reclama que se le otorgue el beneficio de la salida transitoria ya que según expresó, a partir del 9 de enero podría gozar de ese beneficio en relación a la cantidad de tiempo que lleva detenido. Sala, que tiene sida y hepatitis C crónica desde 1987, presentó un habeas corpus correctivo ante el juez de instrucción Alfredo Ivaldi Artacho para alegar que las condiciones de detención agravan sobremanera sus problemas de salud. En una carta enviada a este diario, Sala aseguró que “se me está dejando morir” y reclamó que se revea la medida.

El posible final del pabellón psiquiátrico

El director del Servicio Penitenciario, Fernando Rosúa, se reunió ayer con la ministra de Salud, Claudia Perouch, y con el secretario de Derechos Humanos, Domingo Pochettino, con el objeto de encontrar una solución al problema de los reclusos alojados en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Coronda y abordar la cuestión de la salud de los detenidos.

“Vamos a empezar a desarmar la institución tal cual existe”, expresó Rosúa, en clara sintonía con sus opiniones respecto a reformar el Sistema Penitenciario. “La decisión es abordar seriamente el problema con todas las áreas involucradas. La idea es relevar caso por caso y, si es necesario, crearemos una institución para este tipo de casos” agregó el funcionario.

Durante la reunión, además de abordar la situación detectada a través de las distintas áreas de gobierno con competencia en salud, se trató el tema de los pacientes del pabellón psiquiátrco de Coronda. Algunas de las personas que allí se encuentran alojadas están en calidad de detenidas y padecen distintos problemas psiquiátricos. Otros están recluidos por ser considerados inimputables por la Justicia, en cumplimiento de medidas de seguridad.