NUEVE DE LOS TRECE DETENIDOS DEL CASO RAMARO ESTÁN LIBRES

Nueve de los 13 detenidos en el marco de la causa por el secuestro de Cristian Ramaro, cometido en junio último en el partido de Tigre, fueron liberados, entre ellos un policía federal, mientras que sólo tres de los apresados quedaron procesados con prisión preventiva por el delito de secuestro extorsivo.

Los voceros dijeron a Télam que uno de los procesados por secuestro extorsivo es Leandro Santos, el primer detenido en la causa, atrapado en la villa Cri Cri cuando participaba del cobro del segundo rescate por la liberación de Ramaro a bordo de un Mercedes Benz en el que llevaba cautivos a dos comerciantes.

Adentro

En tanto, voceros de la Justicia santafesina explicaron que de las tres personas detenidas en el marco de la causa en la ciudad de Santo Tomé, sólo una, Víctor Mansilla, continúa presa, mientras que las restantes, su mujer y su primo, fueron liberadas por disposición judicial.

Aparte de Santos y Mansilla, la Justicia sanisidrense también procesó por el secuestro a un tercer detenido que si bien las fuentes judiciales consultadas no lo identificaron, dos jefes policiales dijeron que se trata de Walter Martínez, cuñado de Mansilla.

Es que al ser detenido en Santo Tomé, Mansilla confesó, primero ante el juez santafesino García Porta y luego ante la fiscal federal de San Isidro Rita Molina, que él había cobrado parte de los 270 mil pesos que como primer rescate la familia Ramaro arrojó desde un tren en Villa Rosa, partido de Pilar.

Las resoluciones fueron tomadas por el juez federal de San Isidro Conrado Bergesio, quien decidió liberar a nueve de los 13 detenidos, aunque seguirá investigándolos, a algunos por el secuestro y otros por el delito de extorsión, ya que sólo habrían participado del pedido de rescate y no de la captura del joven.

A Bergesio aún le falta resolver la situación procesal del último detenido en el marco de la causa, Amadeo Gastón Araujo, de 31 años, apresado el 1° de este mes en el partido de Tigre, acusado, al igual que Santos, de ir a cobrar el segundo rescate por Ramaro en el auto en el que iban cautivos los comerciantes textiles Edgardo Stambolian y Fernando Trotta.

Un premio sospechoso

Las fuentes indicaron que uno de los liberados es el agente de la comisaría 33 de la Policía Federal Roberto Mansilla, hermano del Mansilla detenido en Santo Tomé.

La Policía bonaerense informó al momento de su detención que a este policía federal le descubrieron un plazo fijo de 19.800 pesos aparentemente provenientes del rescate de Ramaro y la compra de un automóvil Renault 19.

Una fuente de la Policía Federal explicó a Télam que el suboficial admitió ante la Justicia haber recibido ese dinero pero explicó que no sabía que era parte del rescate por Ramaro sino que su hermano le dijo que era un obsequio porque se había ganado mucha plata en la quiniela.

Los voceros indicaron que también fueron liberados por falta de mérito la esposa del policía, el remisero Gustavo Lencinas y el padre de los hermanos Mansilla -en cuya casa la Policía bonaerense informó que se habían encontrado 10 mil dólares y 52 mil pesos-.

Historia repetida

Esta no es la primera vez que la gran mayoría de los presos por un secuestro terminan liberados por falta de mérito, ya que en noviembre de 2003, por el secuestro de Pablo Belluscio, el joven de 23 años al que le mutilaron un dedo, siete de las nueve personas a las que la fiscal Molina había ordenado detener también fueron liberadas por falta de pruebas.

En la investigación de los secuestros de Belluscio y Ramaro trabajaron el mismo juez -Bergesio-, la misma fiscal -Molina- y la misma dependencia policial, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro.

Cristian Ramaro, de 23 años, hijo de un empresario del transporte fluvial de Tigre, fue secuestrado el martes 8 de junio pasado cuando salía de su casa de Lavalle al 800, de ese partido del norte del conurbano, y fue liberado una semana después en Del Viso, tras el pago de dos rescates por un total aproximado de 400 mil pesos.

Por el momento, la Policía bonaerense indicó que se recuperaron cerca de 180 mil pesos de lo entregado por la familia del joven a los secuestradores, entre efectivo, depósitos bancarios y bienes secuestrados. (Télam).

Responsabilidad de los jueces

El ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, descargó hoy en la Justicia la responsabilidad de las liberaciones de nueve de los 13 detenidos en la causa por el secuestro de Cristian Ramaro, cometido en junio pasado en el partido bonaerense de Tigre.

Arslanian dijo que “son los jueces quienes tienen la última palabra” en la decisión que se toma para con un detenido, y resaltó que la forma de evaluar las pruebas contra los acusados “es una discusión histórica entre el personal policial y los jueces o fiscales”.

Así respondió el ministro a la consulta sobre la liberación de nueve de los 13 detenidos por el secuestro, que dio a conocer Télam ayer.

Según fuentes judiciales, sólo tres de los apresados por la policía en el marco de esa causa continúan detenidos, tras haber sido procesados con prisión preventiva por el delito de secuestro por el juez federal de San Isidro, Conrado Bergesio.

En tanto, nueve de los apresados fueron liberados, entre ellos un suboficial de la seccional 33a. de la Policía Federal, aunque continúan siendo investigados en la causa, mientras que resta resolver la situación procesal de un restante.

“Es una discusión histórica entre el personal policial y los jueces o fiscales (…) pero son los jueces quienes tienen la última palabra”, manifestó el ministro, al referirse a la forma de evaluar las pruebas.

“Judicialmente, cuando se teme que la prueba no sea suficientemente concluyente se hace un seguimiento cuidadoso y se actúa en procedimientos para obtener pruebas concluyentes. Policialmente, se tiene la percepción de la concurrencia del delito y luego, en virtud de ciertas articulaciones defensivas, la Justicia termina pensando lo contrario”, manifestó Arslanian.

El titular de la cartera de Seguridad provincial resaltó que no obstante “las detenciones se producen siempre con intervención fiscal y una orden judicial, ya que la Policía siempre actúa bajo la dirección de un fiscal o juez, a quienes les pide las órdenes de detención.

“Me inclino por jueces que tienen un criterio particular en la apreciación de la prueba. Esto ha sido toda la vida la discusión sobre lo que cree la Policía y los jueces, que deben apreciar la prueba al momento de decidir si es culpable o inocente”, concluyó Arslanian.