NUEVO EPISODIO DE TENSIÓN ENTRE LA ARGENTINA Y URUGUAY
La Argentina pedirá en las próximas horas que el gobierno de Tabaré Vázquez dé explicaciones sobre la designación en una comisión binacional de un militar al que organismos de derechos humanos acusan de torturador.
El nuevo episodio de tensión entre los dos gobiernos, que públicamente han hecho alarde de sus simpatías y coincidencias ideológicas –entre las que la defensa de los derechos humanos ocupa un lugar preponderante–, aparece como una gran paradoja.
El 14 del mes pasado el presidente uruguayo designó, por medio de un decreto, a los nuevos integrantes de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Uno de los cinco representantes de Uruguay –hay otros tantos argentinos– es el capitán de navío Ernesto Serrón, acusado de torturador en el libro Los crímenes del Río de la Plata, de Daniel Rey Piuma, un ex fotógrafo de la Inteligencia Naval.
Si bien la controvertida designación del marino se comenta en Montevideo desde hace varios días y el viernes pasado la noticia fue publicada por el diario El Observador, de esa ciudad, hasta ayer no habían existido mayores reacciones ni en el gobierno ni en las organizaciones de defensa de los derechos humanos de ese país. La postura del oficialismo fue ratificar los nombramientos y desestimar las sospechas sobre Serrón, que se sumó a la CARU como representante de la Armada. Ayer, en Montevideo, representantes de la oposición comentaron una frase atribuida al canciller uruguayo, Reinaldo Gargano: “Es una decisión tomada y no hay marcha atrás”, habría dicho el ministro al ser consultado sobre la designación de Serrón.
Por su parte, los organismos de derechos humanos, fuertemente comprometidos con la administración frentista de Vázquez, parecieron quedar en medio de una encrucijada. “Ninguno se quiere tirar contra el gobierno al que apoyan abiertamente, pero ahora que el tema trascendió las fronteras tampoco quieren quedar pegados con una designación controvertida”, explicó a LA NACIÓN un asesor de la coalición oficial.
Voceros de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos dijeron que por ahora sólo hay “sospechas fundadas”, aunque no existe trámite de protesta alguno en marcha. Sin embargo, admitieron que siguen con “expectativa” el caso.
La oposición mantiene una postura similar. Representantes del Partido Blanco que integran la Comisión de Relaciones Internacionales de Diputados dijeron a LA NACIÓN que están en una “tensa espera”. “Aguardamos una reacción del oficialismo, que digan algo”, comentó la fuente, que no descartó que en la próxima reunión de la comisión parlamentaria se presente un pedido de informe al PE.
Funcionarios del Palacio San Martín confirmaron a LA NACIÓN que durante la tarde de ayer hubo “contactos” con la cancillería uruguaya.
Un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino país se esmeró en desmentir las acusaciones contra Serrón. “A tal punto todo es falso que fue propuesto por una importante funcionaria del Ministerio de Defensa, que es una reconocida luchadora de los derechos humanos”, justificó ante la consulta argentina.
De todos modos, la explicación parece no haber satisfecho totalmente al Gobierno. “Nos aseguraron que no tiene nada que ver con lo que se dice [en relación con las acusaciones de torturador], pero de todos modos la Argentina hará las consultas correspondientes por medio de su embajador en Uruguay”, explicó el funcionario que trabaja con Rafael Bielsa.
Según reprodujeron medios uruguayos, el ex fotógrafo de Inteligencia Naval, Rey Piuma, se refirió a Serrón ante el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay del siguiente modo: “Era muy obeso, ha sufrido problemas cardíacos en sesiones de tortura, pues se enloquece aplicando torturas”. Según el marino desertor, que actualmente vive en Europa, Serrón “era un “torturador nato, una persona muy inteligente, relacionada con unos oficiales que son los más duros de Prefectura. Selecciona muy bien al personal subalterno que trabaja a sus órdenes y colaboró con el proyecto del mayor Alvaro Díaz para darle a Inteligencia de Prefectura una organización eficiente y secreta”.
En su libro, Rey Piuma describe al ahora delegado de la CARU como un especialista en métodos de inteligencia e interrogatorios, y dice que estuvo infiltrado en la Facultad de Ingeniería.
LAS PAPELERAS
La instalación de dos fábricas de pasta celulósica en Fray Bentos, frente a la costa entrerriana, disparó en los últimos meses una fuerte campaña de oposición del gobierno argentino, que sostiene que las plantas que se levantarán a la vera del río Uruguay son altamente contaminantes y dañarán, además, la salud y la economía de los habitantes de la zona.
Los planteos de la administración Kirchner derivaron en clima de tensión entre ambos gobiernos, en el que la CARU, ahora nuevamente en la mira, tuvo un papel protagónico, ya que es “el” organismo para analizar el tema.
Ayer, en Montevideo, y tras dos postergaciones consecutivas y unilaterales de Uruguay, se reunió la comisión técnica binacional que deberá analizar el impacto ambiental de las fábricas que construyen en Fray Bentos ENCE (España) y Botnia (Finlandia).
“Las delegaciones intercambiaron puntos de vista y coincidieron en la voluntad de preservar el medio ambiente al más alto nivel de exigencia en el mundo contemporáneo”, dijo un comunicado que anoche emitió la cancillería uruguaya, según informó la agencia ANSA.
El grupo de trabajo compartió materiales informativos y sus integrantes se comprometieron a continuar las reuniones el 19 de agosto en Buenos Aires. Los delegados de ambos países acordaron un régimen y una metodología de trabajo y fijaron un cronograma tentativo de reuniones, las cuales serán convocadas de común acuerdo por las cancillerías, según la agencia.
Ahora, las idas y venidas en la polémica por las papeleras suma otro capítulo. El final sigue abierto.
DETALLES DE UNA RELACION CONFLICTIVA
La polémica entre las administraciones de Kirchner y Tabaré Vázquez se disparó a raíz del cuestionamiento de la Argentina a la instalación de dos fábricas de papel en Fray Bentos, frente a la costa entrerriana.
Ahora el Gobierno pedirá explicaciones a las autoridades del vecino país por la designación como miembro de una comisión binacional de un militar acusado de torturador.
El canciller uruguayo, Reinaldo Gargano, habría dicho que la designación del capitán de navío Ernesto Serrón “es una decisión tomada y no hay marcha atrás”.
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