NUEVO FALLO JUDICIAL EN CONTRA DEL PROGRAMA DE PROCREACION RESPONSABLE

Una resolución del juez en lo Civil y Comercial Ariel Ariza, que hizo lugar a la presentación de un abogado del foro local, Nicolás Mayoraz, decidió una semana atrás la suspensión de la ordenanza municipal 7282 que modifica y amplía los alcances del Programa de Procreación Responsable de la Municipalidad de Rosario. Por esa ordenanza se prevé la información sobre métodos de anticoncepción, el suministro de los mismos a las pacientes carenciadas y la información y posible prescripción de la anticoncepción de emergencia. Mayoraz planteó que “el método es abortivo”. Desde la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad se sostiene que la resolución contradice, entre otros planteos, a lo que sostiene la Organización Mundial de la Salud (OMS). De todos modos la Municipalidad planteó un recurso de nulidad de la cautelar de Mayoraz y expuso el cometido público en lo que hace a la salud integral de la población y el consiguiente perjuicio que traería la suspensión de la ordenanza relacionada con la salud reproductiva. “La ordenanza está vigente a partir de esta presentación”, dijo Aldo Gómez, director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad (ver aparte). Las organizaciones rosarinas que integran el comité asesor del Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia están en estado de alerta.

El juez Civil y Comercial Ariel Ariza hizo lugar la semana pasada a la medida cautelar presentada por el abogado Nicolás Mayoraz contra la Municipalidad de Rosario y por la que resolvió suspender la aplicación de la ordenanza Nº 7282. Por esa norma se modifica otra, la 6244 del Programa de Procreación Responsable y se faculta a la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad para que incorpore al menú de métodos anticonceptivos otros métodos, investigados y probados, para entregar de manera gratuita a las pacientes carenciadas los anticonceptivos y a informar sobre la anticoncepción de emergencia, su mecanismo de acción y formas de uso y a prescribirla si es solicitado en la consulta médica.

Ayer el secretario de Salud Pública de la Municipalidad, Miguel Capiello, explicó que la llamada “píldora del día después”, en base a hormonas, estrógenos sobre todo, se toma después de una relación sexual en una época de fertilidad de la mujer y de esa forma “se impide la anidación del huevo” en el útero.

Desde la secretaría se decía ayer que la “pastilla” no se usa ni se requiere en forma masiva en el marco del Programa de Procreación Responsable que comprende a más de 23.000 mujeres a quienes se les da información y se les suministra anticonceptivos por vía oral, inyectables o dispositivos intrauterinos “como parte de la educación que se busca”.

El Programa no ha sido objetado en esta oportunidad sino la ordenanza que lo modificó y que es del 6 de diciembre del 2001. El proyecto fue presentado por la concejala Silvana Svatetz y permitió no sólo la incorporación de la “pastilla” sino que prevé la gratuidad en la entrega de anticonceptivos y la información en todos los casos.

Capiello fijó su punto de vista contrario a la presentación de Mayoraz que sostiene que la que se conoce como la píldora del día después “es abortiva”: “Lo que hace es impedir la unión del espermatozoide con el óvulo y científicamente ha sido demostrado que no es abortivo”, dijo.

La resolución del juez Ariza contempló la presentación realizada por un particular, el abogado Mayoraz, quien integra el equipo del conocido estudio de Iván Cullen que ganó no pocos juicios a la Municipalidad. Mayoraz dijo a Rosario/12 que su presentación “no va contra los métodos anticonceptivos en general sino contra la metodología conocida como la píldora del día después ya que hay evidencia médico-científica comprobada de que estos fármacos son abortivos”, dijo.

–Su presentación va contra las mujeres pobres a quienes le quita una posibilidad que tienen quienes no sólo cuentan con el acceso a la información sino con la capacidad de comprar la píldora en la farmacia, dijo esta cronista a Mayoraz.

–Sí pero yo me baso en la Constitución Nacional y en los Pactos Internacionales que protegen la vida y el Estado, en este caso la Municipalidad tiene que cumplir con las leyes. Además de esta forma a esas mujeres, como yo pretendo, no se las va a engañar. Nadie quiere cargar en su conciencia con un aborto.

–Es decir que para quien puede pagar una prescripción médica y comprar la píldora está la posibilidad de decidir sobre su uso.

–Esto ya depende del Estado nacional y yo litigo en Rosario.

Mayoraz hizo su presentación ante el juzgado Nº 4 en lo Civil y Comercial que en el 2002 estaba sin juez y el magistrado Jorge Scavone, quien firmó en suplencia, no concedió la medida cautelar sino que la difirió hasta que la Municipalidad hiciera su descargo. Después fue recusada la jueza nombrada en ese juzgado y así la medida fue al juzgado de Ariza que hizo lugar a la cautelar.

Por su parte, la concejal Mónica Fein, quien se hará cargo de la secretaría de Salud Pública de la Municipalidad a partir del 10 de diciembre, planteó su “total desacuerdo” con el planteo de Mayoraz y con la resolución judicial. “Creo que una vez más estos posicionamientos de la Justicia profundizan la inequidad entre quienes tienen y no tienen, las mujeres que tienen recursos y acceso a la información y al método y quienes no pueden. Lo que hace el municipio es algo que está permitido, poner al alcance de todos la información y los métodos para impedir los embarazos no deseados o actuar en casos en que a partir de una relación ocasional o de una violación la mujer pueda decidir tomar el fármaco”.

Al conocerse la resolución del juez se generó un estado de alerta en las organizaciones de Rosario que integran el Consorcio Argentino de Anticoncepción de Emergencia que se propone pensar estrategias y pedir el apoyo tanto “nacional como internacional de sectores fundamentalistas”, tal como lo expresa un comunicado que firma la psicóloga Liliana Pauluzzi, coordinadora del CAAE.