NUEVO PASO EN ESPAÑA PARA CONCRETAR LAS EXTRADICIONES DE LOS EX REPRESORES

La Acusación Popular del juicio a la dictadura argentina en España dictaminó hoy en Madrid su visto bueno al exhorto de extradición del intendente electo de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, y otros 24 militares y un civil, para juzgarlos por “genocidio”, “terrorismo” y “torturas”.

De todas maneras, aún resta el dictamen de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se opone a estas actuaciones. Luego, el juez Baltasar Garzón tendrá plazo hasta mediados de septiembre para enviar el exhorto al Gobierno argentino.

Según las agencias internacionales, en la lista de 26 eventuales extraditables a España, avalada hoy por la Acusación Popular, también figuran el ex capitán de fragata Alfredo Astiz; y los ex comandantes de la Armada, contralmirante retirado Armando Lambruschini y almirante retirado Jorge Isaac Anaya.

La presentación de la Acusación Popular, que representa a las víctimas, sus familias y organismos humanitarios, fue formalizada por el abogado querellante Manuel Ollé ante el juez Fernando Andreu, que sustituye en sus vacaciones al titular del juzgado cinco de instrucción, Baltasar Garzón.

En la lista están además el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, los marinos Ernesto Frimón Weber, Armando Lambruschini, Pablo García Velazco, Carlos Capdevilla, Carlos Pazo, Antonio Pernías, José Isaac Anaya, Luis María Mendía, Jorge Perren, Carlos Davidou, Miguel Angel Donda; y el aeronauta Basilio Lami Pozo.

También constan los militares Omar Domingo Rubens, Héctor Schawab, Julio César Coronel, Juan carlos Trimarco, Albino Zimmerman, Augusto Neme, Luciano Benjamín Menéndez, Ramón Genaro Díaz Bessone, Jorge Olivera Rovere, Roberto Heriberto Albornóz y el efectivo de Prefectura Juan Antonio Azic, que la semana pasada intentó suicidarse y está internado en el hospital Naval.

El 8 de julio pasado Garzón reiteró los pedidos de extradición de 45 militares y un civil para su eventual extradición y juzgamiento en España, al tiempo que decretó un embargo de 2.648 millones de euros sobre sus bienes para indemnizar a las víctimas y sus familias.

Hasta el momento, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral consiguió que sean detenidos 40 militares y un civil, mientras que siguen prófugos el capitán de navío retirado Jorge Vildoza, el teniente coronel Arturo González Naya, y el coronel retirado Antonio Arrechea Andrade.