NUEVO PEDIDO DE INFORMES SOBRE LAS ACTUACIONES DE LA CAJA DE JUBILACIONES DE LA PROVINCIA

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe elaboró en la sesión del pasado jueves un pedido de informes para que el Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCP) informe sobre los resultados de dos resoluciones y un procedimiento en torno a las actuaciones de los ex directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe.

La iniciativa aprobada solicita al TCP que se informe sobre los resultados del trámite ordenado por la Resolución del 11 de noviembre de 2002, por el cual se aplazó por el término de 30 días las entonces Contadoras General de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, CPN Silvia Muesati de Borga y CPN Liliana Camussi; y a los ex Tesorero General de ese organismo, Norma Previale de Gaineddu y CPN Herberto Garcilaso y a su actual Tesorero Jorge Luis Doldán, para rendir cuenta por un monto superior a los 30 millones de pesos.

Además, cuál fue el final del trámite originado por una resolución del 20 de mayo de 2003 por el cual se formula cargo a la ex Contadora General de la Caja, Silvia Muesati de Borga y a la ex Tesorera General, Norma Previale de Gaineddu por una suma superior a los 77 millones de pesos, y se las emplaza por le termino de 10 días para que reintegren dicho importe, bajo el apercibimiento de dar intervención a la Fiscalía de Estado.

Por último, se pidió que se informe cuál fue el resultado del procedimiento llevado a cabo el primero de septiembre de 2004, en la Contaduría General de la Caja de Jubilaciones por el Contador Fiscal del Tribunal de Cuentas, CPN Estaban Escher, quien requirió a la ex Contadora del organismo, Silvia Muesati de Borga, la entrega de los Balances de Movimiento de Fondos de los meses de Agosto y Septiembre del año 1998.

El diputado por el ARI, Antonio Sabino Riestra fundamentó el pedido manifestando que hasta el momento no se han solucionado los problemas originados por el vaciamiento de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

“Existen ‘agujeros negros’ que deben ser aclarados (…) y la prescripción de la causa no significó que los delitos no hayan existidos”, explicó Riestra.