NUEVO RECLAMO POR LAS MUERTES DEL “DICIEMBRE NEGRO”

Familiares de los muertos de diciembre de 2001 realizaron un acto frente a Tribunales con motivo de los avances que se registraron la semana pasada en la causa por el crimen del militante social Claudio Pocho Lepratti. Los manifestantes objetaron la posición adoptada frente al caso por el Estado santafesino, que en un escrito planteó que no está probada la participación del policía Esteban Velázquez en el crimen. “Lo que ha hecho el Estado es elegir entre dos trabajadores estatales. Entre mi hermano, que trabajaba en la cocina de una escuela y que fue asesinado, y otro trabajador de la provincia como Velázquez, que es un asesino, queda bien en claro por quién se inclina el gobierno de Obeid”, expresó Celeste Lepratti, la hermana del no docente ultimado en el techo de una escuela de barrio Las Flores.

Allegados a las víctimas del diciembre negro santafesino, integrantes de la Comisión Investigadora No Gubernamental de esos hechos y militantes de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar) se reunieron ayer a la mañana frente a los Tribunales Provinciales para reclamar por el estado de la mayoría de las causas de las siete personas muertas en el sur provincial entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001.

Durante la convulsión social de esos días fueron baleados de muerte Walter Campos, Rubén Pereyra, Graciela Acosta, Claudio Lepratti, Ricardo Villalba, Juan Delgado y Yanina García. Los únicos dos casos que llegaron a juicio son los de Lepratti y el de la militante comunista Graciela Acosta, por el cual está siendo juzgado el policía Armando Quiroz. Los autores de las otras muertes no fueron individualizados.

El caso Lepratti aún no está cerrado porque la Cámara Penal debe resolver si confirma la condena a 14 años de cárcel impuesta a Velázquez. La semana pasada el policía se declaró inocente ante los jueces de ese tribunal superior y descargó la responsabilidad en su compañero de patrulla, quien ya fue sobreseído y no puede volver a ser juzgado. Una compañera de Lepratti que presenció el crimen, sin embargo, lo reconoció sin dudar como el autor del balazo letal.

Mientras esto ocurría se conoció un escrito presentado en noviembre del año pasado por la fiscalía de Estado para no pagar una indemnización por la muerte de Pocho. Allí se anticipaban los argumentos que luego hizo suyos el mismo defensor de Lepratti: que no está probado que el agente haya sido quien mató al militante.

“Convocamos a los familiares al cumplirse un mes más para reflejar lo que estuvo pasando en los últimos días con la causa de Pocho”, indicó Celeste Lepratti. “Creo que el planteo de la fiscalía de Estado no tiene como objetivo defender a Velázquez sino impedir que se llegue a los responsables políticos directos de la masacre, que son el entonces gobernador Carlos Reutemann, el ex ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez, el ex subsecretario de Seguridad Pública Enrique Alvarez y los jefes policiales que fueron insertados en puestos de mayor jerarquía”, opinó.

Dos trabajadores, una opción

Gustavo Martínez, gremialista de la Asociación Trabajadores del Estado, cuestionó que la provincia no haya intentado diferenciarse de Velázquez y, por el contrario, planteara su estrategia en la misma dirección que la defensa del policía. “El Estado podría haber dicho que esta es una responsabilidad individual de Velázquez. Defender que en la policía no haya asesinos es defender los intereses del Estado. Sin embargo, a esto nadie lo dice porque el Estado es la corporación policial”, sostuvo.

En este sentido, integrantes de la Comisión Investigadora trabajaban en un documento para reflejar la posición asumida por el Estado santafesino en las causas de diciembre de 2001. El próximo lunes, según anunciaron, se reunirán en el centro cultural La Toma con familiares de los muertos en el incendio de la seccional 25ª e integrantes de la agrupación Padres del Dolor para organizar una marcha contra la impunidad.