OBEID DECLARARÍA "SIN PROBLEMAS" EN LA JUSTICIA POR LA EPE

“No tengo problemas en aclarar mis dichos donde sea”. La frase del gobernador de la provincia Jorge Obeid sirvió como respuesta al pedido realizado por organizaciones no gubernamentales para que la Justicia cite a comparecer al mandatario provincial tras haber señalado que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) fue “desmantelada”.

El presidente de la Asamblea por los Derechos Sociales (ADS), Aníbal Faccendini, realizó el martes pasado una presentación ante el Juzgado Penal Correccional de la 9ª nominación, a cargo de Héctor Núñez Cartelle y consideró que “se debe investigar quiénes son los responsables del desmantelamiento de la EPE”.

En declaraciones formuladas ayer, el gobernador sostuvo que es “el responsable del buen funcionamiento de una empresa que es propiedad del Estado”. En ese tono también agregó que su “preocupación es llevar adelante la provisión de un servicio con calidad y buenas tarifas, como siempre se ha deseado”.

Por su parte, Faccendini indicó que “es imprescindible que se investiguen las acusaciones formuladas por el gobernador”. El abogado apuntó que “al hablar de desmantelamiento se hace referencia a una intención de arruinar, clausurar o abandonar la empresa”.

En tanto, Obeid reiteró que “(en la compañía eléctrica) se modificó una política”. Y justificó: “Nosotros éramos partidarios de transformar la empresa y fortalecerla, mientras que después se optó por llevar adelante la privatización; yo sigo manteniendo mi posición de que la EPE debe y puede ser transformada sin necesidad de privatizarla”.

Faccendini solicitó también al juez Núñez Cartelle que cite a declarar en calidad de testigo al actual interventor de la firma, Luis El Halli Obeid.

Miembros del Centro Unión Almaceneros y de la Unión de Usuarios y Consumidores Argentinos acompañaron la presentación realizada por la ADS.

“Queremos que los problemas que generaron el apagón de enero salgan a la luz” apuntó Faccendini, antes de recalcar que el “desmantelamiento de la EPE sería un delito de acción pública y cualquier ciudadano podría pedir una investigación”.