OBEID PROMULGÓ LA LEY QUE PERMITIRÁ INVESTIGAR A LOS POLICÍAS POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

El gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, promulgó la ley por la que se determina el procedimiento para la investigación del enriquecimiento ilícito de personal policial.

Según la norma, la dirección provincial de Asuntos Internos de oficio o por denuncia fundada, investigará los supuestos de enriquecimiento injustificados. La ley abarca al personal policial que se encuentre en ejercicio de sus funciones, y hasta seis años después de su renuncia o pase a situación de retiro.

La autoridad administrativa quedará relevada de la intervención prevista anteriormente, si el Ministerio Público, por intermedio del fiscal de grado formulare el requerimiento exigido en el artículo 268 inciso 2) del Código Penal Argentino.

La dirección provincial de Asuntos Internos tendrá amplias facultades para requerir informes a los Registros Públicos, quienes deberán producirlos en el plazo de 10 días hábiles, considerándose su incumplimiento falta administrativa.

Asimismo contará con el asesoramiento de la dirección general de Asuntos Jurídicos del ministerio de Gobierno, pudiendo solicitar a organismos oficiales las pericias que estime necesarias.

El requerimiento para la justificación del enriquecimiento patrimonial será precedido de una sumaria información ordenada y confeccionada por el organismo competente. Deberá contener informes de Registros Públicos respecto a bienes inmuebles, muebles registrables, comercios, marcas, señales de ganado y actividades civiles lucrativas de las cuales sean titulares el funcionario policial, su cónyuge, conviviente, grupo familiar conviviente, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo grado.

Además, una copia de las declaraciones juradas patrimoniales y reglamentos derivados que se encuentren archivadas en dependencias policiales o Escribanía de Gobierno.

Deberán aportar informes de la evolución de cuentas bancarias, operaciones con tarjeta de crédito, compraventa de títulos y acciones, transferencia de divisas y caja de seguridad registradas. Se hará constar el origen de la información consignada y sí los datos fueron aportados por el funcionario investigado.