OBRAS MUNICIPALES: PARA EL FISCAL “HAY QUE SEGUIR INVESTIGANDO”
En noviembre de 2002, el ex presidente Eduardo Duhalde firmó un decreto que puso en marcha el Plan Nacional de Obras Municipales. Con el objetivo de “fomentar la ejecución de obras y servicios de infraestructura a nivel local”, la Nación financiaría los materiales para realizar los proyectos que serían ejecutados por los beneficiarios del plan Jefes de Hogar en municipios y comunas del país.
La ciudad de Santa Fe adhirió, según lo dio a conocer una investigación de El Litoral publicada un mes atrás, con 30 proyectos por un presupuesto de 539.369 pesos. Todos ellos, para la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, están ejecutados en un 100 por 100. Sin embargo, contrariando la información contenida en la web oficial de este organismo, en la realidad no todos están hechos.
Desde que esta publicación salió a la luz hasta nuestros días, no se pudo saber por qué mientras desde la administración patrocinadora indican que todas se ejecutaron, en realidad esto no ocurrió. En cambio, en los casos de Rosario, Rafaela y Sunchales, la información brindada por Internet coincidía con lo realizado.
Es importante remarcar que según lo establecido por el convenio y la disposición 24 del 10 de diciembre de 2002, era condición necesaria para depositar el remanente del 25% del total del presupuesto inicial, que se enviaba una vez aprobados los proyectos, y certificar el estado de avance de los mismos. Es decir, se remitía el dinero a medida que las obras se iban ejecutando.
Sin embargo, el municipio local recibió el total de lo presupuestado sin que hayan progresado las mejoras por las cuales se recibía esa plata. La Nación concretó siete giros: el 12 de febrero de 2003, el 18 de junio de 2003, el 17 de octubre de 2003, el 13 de febrero de 2004, el 27 de febrero de 2004, el 24 de marzo de 2004 y el 3 de mayo de 2005. La mayoría de los embolsos fue efectuada durante la actual gestión municipal.
Además de la certificación del municipio, era imprescindible para la entrega de las remesas de la Nación que un organismo provincial avale la concreción de las mismas. En el caso de Santa Fe, esto le competía a la Secretaría de Municipio y Comunas de la Provincia.
Para desandar todo este andamiaje de hechos, causas y responsabilidades, intervino el fiscal Héctor Millen. Como primera medida envió un oficio al intendente Martín Balbarrey. Luego hizo lo propio con el organismo nacional y el provincial y, además, pidió a la Unidad Regional I que realice un croquis con relevamiento fotográfico de los 30 lugares indicados en la web nacional (www.obraspublicas.gov.ar/plan).
En diálogo con El Litoral, Millen explicó el avance de su investigación y consideró que es imprescindible “seguir hasta que haya una resolución jurisdiccional firme que atribuya o deslinde responsabilidades por alguna cuestión delictiva que se pueda probar debidamente. Determinar si alguien tiene responsabilidad, o no, por una cuestión de tipo delictiva”.
-¿Cuál fue la respuesta de la Municipalidad a su requerimiento?
-De esas obras, ellos aducen que no se realizaron 11 proyectos, lo que implica un total para material 248 mil pesos. Lo concreto es que ese dinero no debió ser utilizado porque las obras no se hicieron.
-¿Se estableció el motivo?
-Había proyectos que eran inviables, como el entubado entre la escuela Manzitti y el Isef o el bacheo en avenida Galicia. Esto llama la atención, tendrían que haber sabido antes de presentar el proyecto que no se podía hacer, no después cuando ya lo aprobaron. Lo de Galicia, en realidad, dicen que se dieron cuenta de que era mejor hacer toda la avenida y eso quedó ahí.
-¿Qué pasó con las otras?
-En algunas sobró material, en un par lo que tenía que hacerse en un lugar se hizo en otro. Hay una que se financió con dinero que no era de este plan y otras que no se completaron. También dice la contestación de la Municipalidad que hay muchas que se hicieron.
¿CUMPLIO?
“El párrafo final del informe indica que `el municipio dio cumplimiento al convenio suscripto con el Estado Nacional comprometiéndose en la ejecución y la finalización de obra de acuerdo a las obligaciones asumidas”, relató Millen.
Sin embargo, continuó el funcionario judicial, “llevamos casi tres años, eran obras prioritarias y tenían un plazo de 180 días”. Corresponde excluir el período de la inundación (abril de 2003), pero pasó “todo el 2004 y todo el 2005”.
Y, como la “actual administración asume ahora el compromiso de completarlas, quiere decir que tenía un compromiso que no cumplió. Entonces, aún contabilizando el aluvión, no tiene justificación ya que ninguna de las obras tenía tanta relevancia como para no haberlas hecho”.
-¿Qué implica esto?
-Yo creo que en este caso, a prima facie, hay una defraudación a la administración pública, a un ente nacional que le dio el dinero para hacer algo que está comprobado que no lo hicieron. Además de incumplimiento de deberes de funcionario público, porque al incurrir en aquello obviamente que están incumplimiento con sus responsabilidades específicas.
CRONOLOGÍA
La publicación de la investigación de El Litoral ha desencadenado una serie de hechos y declaraciones que aún no logra explicar por qué no se hicieron las obras:
29 de diciembre de 2005: El Litoral dio la noticia de un Plan Nacional de Obras Municipales por medio del cual la Secretaría de Obras Públicas de la Nación envió 539.369 pesos para la ejecución de 30 proyectos en Santa Fe. Si bien el mencionado organismo publicitaba en su web que las obras estaban ejecutadas en un 100 por 100, aún no están hechas.
30 de diciembre de 2005: El intendente Martín Balbarrey ordenó a las distintas Secretarías que eleven un informe sobre la ejecución de las obras.
31 de diciembre de 2005: Los ediles de UCR Encuentro, Leonardo Simoniello y Jorge Henn, presentaron un pedido de informes donde le solicitan al Ejecutivo municipal que responda sobre el monto total recibido por la Municipalidad en concepto de partidas correspondientes al Plan Nacional de Obras Municipales, entre otras cuestiones.
3 de enero de 2006: A pesar de haber comprometido una respuesta, desde la Secretaría de Obras Públicas de la Nación se excusaron de darla.
7 de enero de 2006: El secretario de Obras Públicas municipal, Edgardo Ragalli, confirmó lo anticipado por El Litoral: la plata había sido depositada por la Nación. Indicó, además, que muchas de ellas no se ejecutaron porque “no encontramos los perfiles para ese trabajo. Había 27.000 planes trabajar en ese momento pero algunos anduvieron y otros no”.
11 de enero de 2006: El fiscal Héctor Millen envió un cuestionario al intendente Martín Balbarrey. Las preguntas debían ser respondidas en cinco días. 16 de enero: De regreso de sus vacaciones, Martín Balbarrey aseguró que “alrededor del 90 por ciento de las obras están hechas”.
18 de enero de 2006: El intendente Martín Balbarrey no quiso, esta vez, hablar de “porcentajes” de realización de las obras. Además, dijo que “se hizo parte de las obras y otra parte no está terminada. El dinero de los materiales estaría para hacer las obras, así que lo que no está terminado habría que terminarlo”.
19 enero de 2006: La Municipalidad cumplió con el plazo puesto por el Héctor Millen y entregó las respuestas requeridas en la fiscalía a su cargo. Además, Millen envió un oficio a la Unidad Regional I para que se efectúen una inspección ocular, croquis y fotografías de todas las obras, que en total son 30, que figuran en el Plan Nacional de Obras Municipales.
20 de enero: Balbarrey recorrió 10 de los proyectos junto con el secretario de obras Públicas, Edgardo Ragalli; el subsecretario de Gobierno, Darío Giménez; directores de carrera responsables de la ejecución y algunos periodistas. La conclusión: de las 10 obras inspeccionadas, cuatro se habían realizado, cuatro no y dos se cambiaron de lugar.
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