OBRAS VIRTUALES: LA PREGUNTA INICIAL SIGUE SIN RESPUESTA

El día 29 de diciembre de 2005 El Litoral hizo pública una inquietud: ¿por qué si la Secretaría de Obras Públicas de la Nación afirmaba en su sitio web que en Santa Fe se ejecutaron 30 obras en el marco del Programa Nacional de Obras Municipales, no estaban hechas?

La pregunta suscitó como reacción inmediata del Ejecutivo municipal, la orden a las distintas Secretarías intervinientes de que elaboraran un informe sobre la “ejecución de las obras financiadas”, para luego estudiar “las medidas a seguir en cada caso en particular”.

En su publicación inicial, El Litoral daba cuenta de que no se había realizado la totalidad de los proyectos. Un recorrido fotográfico por los sitios consignados en www.obraspublicas.gov.ar/plan daba cuenta de ello.

Una semana después, el secretario de Obras Públicas municipal, Edgardo Ragalli, aseguraba que la totalidad de los 539.369 pesos para implementar el Plan Nacional de Obras Municipales en la ciudad había sido depositado en una cuenta que la Municipalidad abrió en el Banco Nación para tal fin. Ragalli explicó que algunas obras no se habían concretado porque no se había conseguido la mano de obra necesaria dentro del Plan Nacional de Jefes de Hogar Desocupados, con quienes tenía que llevarse adelante el Plan.

Los dichos de distintos funcionarios, y del propio intendente, no podían dar una respuesta concreta a la pregunta del diario. Si desde el Plan Nacional de Obras Municipales, que se creó en noviembre de 2002, aseguraban que los proyectos estaban realizados en su totalidad, ¿por qué en la realidad no era así? Más teniendo en cuenta que el dinero, que se terminó de depositar en mayo de 2005, se enviaba a medida que se certificaban los avances de obra.

Ante la intervención del fiscal Héctor Millen, el municipio envió un informe a la Justicia provincial en el que consignó que del total de 30 obras, 11 no se habían realizado. Lo que equivalía a 248 mil pesos de materiales.

Sin embargo, en una solicitada publicada en la edición de ayer de este diario y en un informe que Martín Balbarrey remitió esta mañana al Concejo Municipal, el intendente sostuvo que 25 obras están ejecutadas y cinco “en ejecución”. Esta última aclaración viene a confirmar que el día 29 de diciembre, lo que afirmaba la Nación no se condecía con la realidad.

Igualmente, la respuesta del intendente al cuerpo deliberativo local se contradice con lo que la Municipalidad remitió a la fiscalía y con las explicaciones que los responsables de la ejecución de los diferentes proyectos dieron el pasado 18 de enero, cuando Balbarrey convocó a periodistas y funcionarios a un recorrido por 10 de los 30 proyectos.

En esa oportunidad Balbarrey admitió que algunas obras no se ejecutaron, pero otras tantas sí. De los 10 proyectos visitados, los funcionarios políticos y de carrera consignaron que cuatro no se hicieron, cuatro sí y dos se ejecutaron en un lugar diferente al estipulado en el detalle que brinda el Plan Nacional de Obras Municipales.

Tanto los cambios de los destinos como la no realización, no fueron previamente planificados y tampoco hubo aviso de ello a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.

Ahora, el intendente pretende responsabilizar a este medio y al propio fiscal de lo que se dejó de hacer o explicar en su debido momento desde el organismo que él preside. Evalúa los datos relevados por Millen y publicados en El Litoral como “falsos” y “prejuiciosos”. A pesar de que él y sus funcionarios los ratificaron con sus declaraciones desde el 29 de diciembre hasta la fecha.

Aclaraciones que oscurecen

Un dicho popular sostiene que “no hay mejor defensa que un buen ataque”. El intendente Balbarrey parece creer en este recurso. Por eso, en una nota remitida al Concejo Municipal el último viernes, realiza una doble descalificación. Por un lado, dice que el material periodístico producido por El Litoral respecto de las ya famosas “obras virtuales” es una “secuencia de notas publicadas con datos falsos y evaluaciones prejuiciosas”. Por el otro, expresa que “las consecuencias institucionales en que podría haber derivado la presente situación” se ha visto “sensiblemente agravada por la irregular participación del Agente Fiscal N° 7”.

Hace rato que no se veía un ataque tan grosero a los roles que el periodismo y la Justicia juegan en una democracia constitucional.

El Litoral hizo lo que correspondía: en sus rutinas de búsqueda encontró una contradicción, una incongruencia, una inconsistencia entre lo que se manifestaba en la página de Internet de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación respecto de obras “ejecutadas” en Santa Fe y su ausencia parcial en la incontrastable realidad del espacio público municipal. Por lo tanto, lo apuntó e hizo la pregunta pertinente al Ejecutivo municipal. ¿Por qué faltaban obras que una página oficial de la Nación daba como ejecutadas? La pregunta era muy simple. La respuesta tuvo numerosas variantes iniciales y tardó un mes y medio en madurar. En su enésima versión, casi todo está bien. Para el municipio, la culpa, si existe alguna, es de El Litoral por informar mal.

Por su parte, el Agente Fiscal en turno también obró conforme a la ley. Ante la probable configuración de un ilícito de acción pública decidió investigar. Es lo que corresponde, pero la Intendencia ahora sostiene que su participación fue “irregular” y ha decidido efectuar una presentación ante el Procurador General de la Corte, a fin de que “evalúe la conducta asumida por el Agente Fiscal”.

Es el mundo del revés, o pretende serlo. Sin embargo, el propósito no será sencillo mientras el periodismo y la Justicia cumplan con sus funciones básicas.

En lo que nos concierne, queda claro que la mismísima Intendencia reconoce en su nota al Concejo que cinco de las treinta obras en cuestión recién hoy se están ejecutando. Quiere decir que la página oficial de Internet, que las daba por hechas en el 100 por ciento al 29-12-05, contenía información errónea. Es más, en el informe que oportunamente el Ejecutivo municipal le remitiera al Agente Fiscal, se manifiesta que once obras de la lista no se habían efectuado. Y varias más fueron cambiadas de lugar sin que mediara notificación alguna ante el organismo oficial patrocinante. De esto fuimos testigos presenciales en una recorrida compartida con el intendente y funcionarios políticos y de línea -por diez de los sitios cuestionados-, que se realizara el 20-01-06. Sin duda, hay aclaraciones que oscurecen.

En consecuencia, el problema sigue en pie, aunque las publicaciones de El Litoral sirvieron, al menos, para agilizar la respuesta municipal. Las irregularidades, que saltan a la vista, no son grandes o pequeñas. En rigor, son o no son. Eso es lo que tiene que determinar la Justicia, más allá de las presentaciones teatrales y las gestualidades exageradas que intentan desplazar las miradas del foco de la cuestión.