OFENSIVA DEL GOBIERNO CONTRA EL JUEZ GALEANO Y EL EX JEFE DE LA SIDE

El Gobierno contratacó ayer en el tema AMIA. La Oficina Anticorrupción (OA) pidió ser querellante en la causa en la que se investigan presuntos delitos por parte del juez federal Juan José Galeano en la investigación del atentado terrorista. Además, le pidió al juez Claudio Bonadío que indague a Galeano y al jefe de la SIDE en los años menemistas, Hugo Anzorreguy.

El motivo es el famoso tema que seguramente hará caer la causa cuando se conozca la sentencia del juicio que se sigue a la supuesta “conexión local”: el pago de 400 mil pesos—dólares a la esposa del primer detenido del caso, el reducidor de autos Carlos Telleldín, el mismo día en que éste acusó a los policías bonaerenses que ahora son juzgados junto a él.

La contraofensiva del Gobierno llega una semana después de que la DAIA casi le amarga el viaje a los Estados Unidos al presidente Néstor Kirchner. La entidad representativa de la comunidad judía argentina, que apoyó siempre la investigación original de Galeano, dijo que no compartía la distinción que el Comité Judío estadounidense le concedió al presidente argentino.

El trasfondo de todo esto es el juicio oral que se acerca a su fin y en el que se desnudaron graves irregularidades cometidas por el juez Galeano. Hay altas probabilidades de que los ex policías bonaerenses acusados por Galeano sean absueltos por el Tribunal Oral Federal número 3.

Ayer, en un extenso escrito presentado en el juzgado de Bonadío, la OA reseñó todas las pruebas reunidas en el juicio respecto del pago. El escrito lleva la firma del titular de la OA, Daniel Morín. La OA monitorea el juicio oral junto con la Unidad de Investigación del Atentado que funciona en el Ministerio de Justicia. La Unidad ya se había tirado contra Galeano en sus dos últimos informes sobre el seguimiento del caso.

La OA califica de “sustracción ilegal” el retiro de fondos reservados de la SIDE por parte de Anzorreguy. Sostiene, como surgió del juicio, que ello fue hecho “a solicitud de Galeano” y “para que fueran aportados a la esposa de Telleldín a cambio de que el imputado aportara una versión convenida con el magistrado acerca del destino que le diera a la camioneta que luego explotó”.

Los ex agentes de la SIDE relevados del secreto profesional contaron con lujo de detalles cómo le pagaron a la esposa de Telleldín y ésta se comunicaba con el juzgado para darles el visto bueno. Una vez recibido el llamado, Telleldín firmó la declaración indagatoria en la que señalaba a los ex policías liderados por el ex comisario Juan José Ribelli.

La OA también quiere que se investiguen los pagos mensuales de 5 mil dólares que la esposa de Telleldín habría cobrado durante más de un año con fondos de la SIDE. Es que para la OA, “se encuentra acreditado que el juez Galeano participó desde los últimos meses de 1995 y junto con otros interesados, de un proceso de negociación con Telleldín”. El fin de esa negociación, añade el escrito, era “obtener esa declaración que vinculara a los policías bonaerenses que aparecían extorsionándolo, con la camioneta después utilizada en el atentado”.

El organismo anticorrupción sostiene que el delito en el que habrían incurrido Galeano y Anzorreguy por el pago es el de “peculado”. Anzorreguy como autor y Galeano como “instigador y partícipe necesario”.

“Al juez de la causa no le está permitido pagar para obtener la declaración que pretende”, recuerda el escrito de la OA.

Galeano ya comenzó a ser investigado por el Consejo de la Magistratura. Mañana van los primeros testigos.