OFENSIVA DEL GOBIERNO CONTRA LAS DROGAS

En un hecho político de inusuales características estratégicas, el Gobierno aprobó el 20 de enero último el primer plan nacional de drogas, que el presidente Néstor Kirchner dio instrucciones de instrumentar en lo inmediato por medio de proyectos de ley y decretos del Poder Ejecutivo.

Las autoridades esperan atacar de manera más contundente al aumento del narcotráfico y el consumo de sustancias ilegales, especialmente por la obligación que se autoasignó el Estado de verificar cada fin de año el logro de resultados concretos (de lo que se informa por separado).

La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), a cargo de José Ramón Granero, fijó las acciones que deberán desarrollarse para reducir la demanda y la oferta de drogas. Avanza incluso sobre el control de las denominadas drogas sociales, como el alcohol y el tabaco, entendiéndolas como la puerta de ingreso hacia el mercado del narcotráfico.

Como medidas de prevención se piensa regular la aparición publicitaria de bebidas alcohólicas y cigarrillos. También se procurará adecuar los contenidos para que no se vincule su uso con la vida socialmente exitosa.

Mejoras en los equipos de las fuerzas de seguridad también se determinan como prioridades de este plan, que pone la mira desde los centros de recuperación de adictos hasta la directiva de “localizar y neutralizar las pistas de aterrizaje clandestinas”.

En diciembre último, la Sedronar presentó la segunda encuesta nacional sobre el consumo de drogas, elemento que deberá servir de base para comprobar en 2007 la efectividad del plan bianual. En esa estadística se establece que consume drogas ilegales el 7% de la población entre los 16 y los 65 años. Eso significa alrededor de 1.100.000 argentinos.

Aún más preocupante es que más de un millón de chicos en edad escolar tienen problemas por el abuso del alcohol y otras drogas. También alarmó el alto grado de tolerancia social ante el consumo elevado de alcohol y también de marihuana.

Orientaciones

Entre las orientaciones que figuran en el plan nacional aparecen:

Diseñar programas de prevención del uso indebido de drogas para la comunidad educativa que favorezcan el desarrollo de actitudes, valores y habilidades comprometidas con estilos de vida saludables y críticos frente al consumo.

Neutralizar el efecto de las campañas publicitarias en medios de comunicación y en la vía pública que alientan el consumo de alcohol, tabaco y psicofármacos.

Establecer mecanismos para regular la transmisión y los contenidos de las campañas publicitarias.

Disminuir la exposición de la población menor de edad a la acción de las campañas publicitarias que alientan el consumo de alcohol, tabaco y psicofármacos.

A partir de esas directivas, el Gobierno trabajará sobre iniciativas legislativas para conseguir esos objetivos.

La relación íntima entre el consumo de drogas y la violencia en las calles se estableció por una muestra tomada por el servicio penitenciario bonaerense. Sobre 18.000 personas detenidas en 2004, el 55% aseguró que consumía estupefacientes. El plan diseña programas de prevención específicos para el sistema carcelario.

Se fijan, además, parámetros para auditar todos los centros de rehabilitación de adictos.

La Subsecretaría de Planificación y Control de Tráfico Ilícito de Drogas y Precursores Químicos, a cargo de Gabriel Abboud, diseña las respuestas a la oferta de sustancias ilegales. Entre las medidas previstas se procurará ganar el apoyo de las comunidades cercanas a los puntos de entrada en el país de los estupefacientes.

Se plantean acciones continuas de prevención sobre el uso indebido de drogas en los municipios de frontera. Quienes conocen la vida en esos lugares comentan que es común el desinterés de los pobladores en ayudar a la lucha contra el narcotráfico, al que ven como un motor económico de regiones olvidadas por el Estado.

Vuelos ilegales

Los vuelos ilegales se mantienen al tope de las preocupaciones oficiales. Este año el ministro de Defensa, José Pampuro, enviará al Congreso un proyecto de ley para autorizar el derribo de los aviones que no acaten las indicaciones de identificación y aterrizaje. Pero hasta tanto se concrete el renovado plan de radarización, el espacio aéreo argentino será permeable al tráfico ilegal. Por eso una de las nuevas directivas apunta a inutilizar las pistas clandestinas, fáciles de descubrir, pero hasta ahora difíciles de neutralizar por vacíos legales.

Está planteado también “fortalecer los mecanismos de interceptación y enjuiciamiento de las organizaciones e individuos que operan en el tráfico minorista de estupefacientes, especialmente en las grandes ciudades”.

Buenos Aires consiguió a fines de 2004 impulsar en el Congreso la media sanción de un proyecto de ley para que los juzgados provinciales puedan actuar en causas menores de drogas. Si bien en la Sedronar no convenció del todo ese proyecto, se acepta que es tiempo de poner énfasis en el combate al menudeo de drogas. Una idea en la que coinciden los expertos es que la captura de los grandes cargamentos de estupefacientes con destino al exterior no dan soluciones reales al problema en las calles argentinas.