OFENSIVA LEGISLATIVA POR LA MAGISTRATURA

Prórroga de impuestos, presupuesto 2006, autorización del pago de la deuda al FMI, financiamiento educativo y prórroga de la emergencia económica. En sólo dos semanas, el huracán oficialista pasó por el Congreso y las conducciones del Frente para la Victoria-PJ en ambas cámaras consiguieron la aprobación de cada una de las leyes exigidas por el Gobierno.

Está semana irán por más. Pasado mañana, y en sesión especial, el bloque conducido por el diputado Agustín Rossi (FV-Santa Fe) intentará aprobar y así convertir en ley la polémica reforma del Consejo de la Magistratura, aprobada por el Senado en la madrugada del jueves último y fuertemente impulsada por la primera dama, Cristina Fernández de Kirchner.

Esta vez, la tarea para el kirchnerismo parece más dificultosa. La necesidad de mayoría absoluta (129 votos positivos) para tratar el proyecto sobre tablas obligará a Rossi a conseguir el apoyo de diputados de otras fuerzas, más allá de la imperiosa necesidad de contar con los 117 votos considerados propios.

Dificultad

No le será sencillo. La relación con la oposición quedó seriamente dañada luego del escándalo desatado el jueves durante el debate de la emergencia económica; esto determinó que diputados de la UCR, el interbloque Propuesta Federal, ARI y el socialismo abandonaran el recinto y criticaran el intento de “amordazar” las voces disidentes.

Estos bloques ya anunciaron su cerrada oposición al proyecto, que reduce de 20 a 13 el número de integrantes del organismo encargado de seleccionar y juzgar a los jueces, y elimina la representación de las minorías políticas de cada cámara (ARI en Diputados y los renovadores salteños en el Senado).

La norma tampoco parece entusiasmar del todo a los oficialistas. Fuentes de la conducción del bloque reconocieron a LA NACION que “muchos diputados pidieron más tiempo para estudiar el proyecto” y que no son pocos los que creen que el debate y la discusión previa en comisión darían mayor legitimidad a la eventual aprobación de un proyecto de este tenor. De todos modos, es un secreto a voces que nadie se atreverá a contradecir los deseos de la Casa Rosada, que desea ver aprobado este proyecto antes del fin de 2005.

Contraataque

El oficialismo cuenta con algunos potenciales aliados a la hora de tratar y aprobar el proyecto.

Descontado que alcanzará los dos tercios de los presentes para habilitar el tema (desde Pro ya anunciaron que se sentarán en sus bancas para debatir la cuestión), el kirchnerismo confía en los cinco diputados que responden al intendente de Córdoba, Luis Juez, y en los siete que representan la sociedad del ex presidente y hoy senador puntano Adolfo Rodríguez Saá (MNyP) con el bonaerense Hugo Franco (Frepobo) para conseguir el número necesario.

Ante cualquier contratiempo, hay algunos ases en la manga, como los radicales que representan a provincias con gobernadores de buen diálogo con el Poder Ejecutivo (Mendoza, Catamarca y Santiago del Estero).

Hay otra posibilidad: abrir grietas en los ex duhaldistas agrupados en el bloque Peronista Federal, donde quedaron en evidencia posturas diferenciadas con respecto al Gobierno que podrían ahondarse.

Con su apuro, el oficialismo logró algo que parecía impensable hasta la semana última: que la UCR; ARI, de Elisa Carrió; el interbloque de diputados de centro que encabeza Mauricio Macri, y el socialista Hermes Binner olvidaran sus diferencias y se unieran para frenar lo que definen como el intento de “controlar la Justicia” por parte del Gobierno. De hecho, estos bloques anunciaron para mañana una reunión conjunta para discutir una posición en común frente al proyecto.

De todos modos, el FV intentará aprobar el mismo día otros dos proyectos que le interesan al Ejecutivo: la creación de la empresa satelital Ar-Sat y un régimen especial de capitalización para pequeñas y medianas empresas.

El objetivo parece difícil, pero la maquinaria oficialista ya se puso en marcha para dar al Gobierno la frutilla del postre legislativo del año: la modificación del Consejo según los deseos de la primera dama.

“Vulnera la autonomía”

La Corporación de Abogados Católicos consideró que el proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura, impulsado por la senadora Cristina Fernández de Kirchner (PJ-Buenos Aires), “vulnera gravemente la necesaria autonomía que debe existir entre la institución y el poder político”. Por ello, según afirmó en un comunicado que firman su presidente, Alberto Solanet, y su secretario, Juan Manuel Medrano, la entidad adhirió a la posición asumida sobre el tema por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y el Foro de Estudios para la Administración de Justicia (Fores).