OFICIAL: EL CORREO VUELVE AL ESTADO
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció hoy la creación del Correo Oficial de la República Argentina, con una constitución accionaria estatal del 100 por ciento.
En una conferencia de prensa brindada este mediodía en Casa de Gobierno, luego de manetener una reunión con el presidente Néstor Kirchner, De Vido precisó que el 99 por ciento de las acciones estará en manos del Ministerio de Planificación y el 1 por ciento restante en poder del Palacio de Hacienda.
El Gobierno Nacional dispuso hoy que el Correo se convierta en una sociedad anónima con mayoría estatal.
De este modo se pondrá fin a la actual intervención a cargo de Eduardo Di Cola, quien, no obstante, será presidente de la nueva entidad y se mantendrá a los directores que mantuvieron sus cargos luego de rescindido el contrato con el Grupo Macri.
El 16 de diciembre de 2003, la Justicia dispuso la quiebra de Correo Argentino y tres días después, el Gobierno anuló el contrato de concesión con el Grupo Macri y asumió el control del servicio, tras lo cual tenía previsto llamar a licitación para su reprivatización.
El cambio de estatus del Correo se decidió de acuerdo con un dictamen de la SIGEN que recomienda a la unidad administrativa cambiar la figura jurídica, porque la actual “no resulta apta para el desarrollo de una actividad empresarial”.
“La capacidad de la unidad administrativa implica un retroceso del estatus jurídico que el correo tenía con ENCOTESA (sociedad anónima que funcionó antes de la privatización en 1997), que por su forma era apta para actuar en el campo empresarial”, indicó la SIGEN.
La idea de poner en marcha una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria radica en lograr una personalidad jurídica propia, que la actual unidad no posee y así poder autoadministrarse y dictar sus propios estatutos.
La administración Kirchner culpó al Grupo Macri por la quiebra del Correo y decidió retirar la concesión ante el incumplimiento del canon comprometido al momento de la privatización.
La decisión oficial se sustentó en la falta de cumplimiento del canon que asumió pagar semestralmente y que derivó en una deuda estimada en 450 millones de pesos.
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