OLGUÍN, OTRO DE LOS PROFESORES CUESTIONADOS PRESENTÓ LA RENUNCIA

Los pedidos de juicio académico para docentes que ocuparon cargos públicos durante la dictadura militar -como los casos de los docentes Eduardo Sutter Schneider, Víctor Olguín y Norberto Martínez Delfa-
deberán ser tratados por el Tribunal Académico después de varios años en el que el expediente estuvo en la Comisión de Interpretación y Reglamento de la UNR.

Mientras la agrupación estudiantil Frente Santiago Pampillón sostiene que no “hubo voluntad política” para el tratamiento del expediente, el presidente de la misma Comisión, Ricardo Silberstein, explicó que durante su gestión “la complejidad de cada caso hizo que los integrantes pidieran estudiarlo”. A Sutter Schneider le aceptó la renuncia el mismo cuerpo que pidió el juicio académico, el Consejo Superior de la Facultad de Ciencia Política, lo que lo coloca fuera del ámbito universitario para una gestión administrativa. En tanto, Olguín – también presentó la renuncia al Consejo Superior de la Facultad de Ciencias Económicas, que aceptada, aunque todavía el Superior no trató el expediente.

Cuando vuelva a reunirse el Consejo Superior de la UNR se planteará otra vez el estado del expediente que contiene el pedido de juicio académico elevado en abril del 2001 por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales para quienes eran en ese momento tres docentes de esa casa: Sutter Schneider, Martínez Delfa y Olguín, a quienes se les imputaba haber sido funcionarios políticos designados por los gobiernos de facto en el ámbito de la Nación, la provincia y la Municipalidad de Rosario y causar un perjuicio moral a la Universidad y a su cuerpo académico.

Ese pedido elevado al Consejo Superior de la UNR no avanzó y el expediente quedó en la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo que recién el 8 de marzo pasado se declaró incompetente para el tratamiento y lo elevó al Tribunal Académico.

El decano de Derecho, Ricardo Silberstein, dijo a Rosario/12 que desde que él se hizo cargo de la presidencia de la comisión -algo más de un año y medio-, “soy la persona que más pidió que este tema se lleve adelante y uno de los denunciados, Martínez Delfa, reclamó el pronto despacho para que el tema se resuelva, pero la complejidad de cada caso hizo que los distintos miembros pidieran el expediente para estudiarlo”. Cuando se le consultó por el tiempo transcurrido desde 2001 hasta que ahora la Comisión declaró su incompetencia para entender en el expediente, el decano de Silberstein respondió a Rosario/12 que “los miembros fueron cambiando en estos años y debieron tomar conocimiento del contenido de las presentaciones”.

Cabe recordar que hace 15 días desde la agrupación estudiantil Santiago Pampillón –y con la firma de apoyo de las instituciones que participaron de la Multisectorial reunida para la organización de la marcha por el 29 aniversario del golpe militar– se presentó un proyecto para que el Consejo Superior se expida por recomendar al Tribunal Académico la sustanciación en tiempo y forma de los correspondientes juicios académicos y de registrar el pedido de expedición por la expulsión deshonrosa de los tres docentes denunciados, por su inhabilitación para el concurso o la contratación en todo el ámbito de la UNR, por la quita de beneficios previsionales, la imposibilidad de recibir cualquier mención honorífica en el ámbito de la UNR y la comunicación de lo resuelto al sistema universitario nacional para que se tomen similares medidas con los denunciados.

Sin embargo el juicio académico a Sutter Schneider –quien fue ministro de Cultura y Educación de la provincia de Santa Fe desde el 31 de mayo de 1981 al 28 de febrero de 1982 y ministro de Gobierno de la provincia desde el 28 de febrero de 1983 al 13 de diciembre de 1983- no aparece como posible. Sutter Schneider presentó su renuncia que le fue aceptada por el mismo Consejo de Ciencia Política en agosto de 2002, cuando ya se había pedido el juicio académico por lo que se encuentra “fuera de la jurisdicción de la Universidad”, según explicó Silberstein. En el caso de Olguín –subsecretario de Hacienda y Administración de la Municipalidad de Rosario desde el 24 de marzo de 1976 al 24 de abril de 1976- está jubilado pero seguía con contrataciones de la UNR. También presentó la renuncia al Consejo Superior de la Facultad de Ciencias Económicas, la que le fue aceptada, aunque todavía el Superior no trató el expediente.

Está pendiente todavía la situación de Martínez Delfa, secretario de Asuntos Académicos de la Facultad de Derecho y Ciencia Política entre 1969 y 1973, director general de Capacitación del Instituto Nacional de Administración Públicas de 1977 a 1978, miembro del cuerpo de asesores del Secretario de Estado de Salud Pública de la Nación de 1977 a 1978 y representante del gobierno por la Secretaría de la Función Pública de la Presidencia de la Nación ante reunión de Directores de Proyectos de Administración de América Latina, en 1978.

Para la ex integrante de la Comisión de Interpretación y Reglamento por el Santiago Pampillón, Araceli Oñate –desde mayo de 2002 a 2004- “nunca se trató el expediente que contiene el pedido de juicio académico para Sutter Schneider, Olguín y Martínez Delfa porque la mayoría de los integrantes demostraron falta de voluntad política cuando sostenían que no habían leído el expediente”.

Para Oñate la UNR debería presentarse ante la Justicia Federal por estos casos y recuerda la presentación realizada hace quince días atrás en la que se sostiene que “el asesinato, la tortura y la desaparición de miles de compañeros luchadores, entre otros delitos, no fueron actos sólo perpetrados por los miembros de las Fuerzas Armadas sino que contaron con la colaboración explícita y el necesario silencio cómplice de cientos de civiles enquistados en el aparato estatal”.