ONCE GUARDIA CÁRCELES A JUICIO POR DEJAR SALIR A PRESOS PARA ROBAR

El juicio, que estará a cargo del Tribunal Oral Criminal 5 porteño, se iniciará a las 9.30 en la sala de audiencias de la Sala VI de los tribunales de Talcahuano 550, donde se llevará a cabo un gran operativo de seguridad, ya que la mayoría de los testigos del debate serán presos, muchos de ellos de alta peligrosidad.

Este juicio tiene como antecedente otro realizado en octubre de 2002, en el que un guardia cárcel del SPF, Cristian Franco, y dos reclusos fueron condenados como autor y encubridores respectivamente del crimen de un Policía Federal cometido en la puerta del restaurante Dolli de Palermo la madrugada del 18 de julio de 1998.

En ese debate también fue condenado por un robo previo -la noche del 17 de julio de 1998- cometido en Parque Patricios otro recluso, Alejandro Heber Núñez, quien debía estar en su celda de Caseros.

Núñez dejó asentado en el debate, y ya lo había hecho en la instrucción, que los guardias de Caseros dejaban a los presos salir a robar, por lo que el TOC 5, que estuvo a cargo de ese juicio y encabezará el que se inicia hoy, dio por acreditado el delito y dispuso que los penitenciarios llegaran a juicio por separado.

Hoy 11 carceleros se sentarán en el banquillo acusados de los delitos de robo calificado por el uso de armas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que para el juez que instruyó la causa, Alberto Baños, los robos no se hubieran cometido si los a los presos no los hubieran dejado salir de prisión.

La investigación le valió a Baños ser blanco de sucesivas amenazas de muerte e incluso que un preso le revelara la existencia de un complot para matarlo ideado por el SPF.

Ese preso, Alejandro Penczarsky, será uno de los 69 testigos que desfilarán a partir de hoy por los tribunales de Talcahuano 550, al igual que la entonces máxima responsable política del área penitenciaria, Patricia Bullrich.

Debido a que muchos de los testigos son reclusos y de alta peligrosidad, los jueces solicitaron que por seguridad se implemente en el edificio un fuerte operativo durante casi un mes, tiempo que se estima durará el debate.

La existencia de la denominada “mafia penitenciaria” salió a la luz cuando el 18 de julio de 1998 fue asesinado el agente de la Policía Federal Rubén Juárez en momentos en que custodiaba el restaurante Dolli, de Palermo.

En la pesquisa se determinó que el policía había sido asesinado en un intento de robo al restaurante, perpetrado por una banda mixta de penitenciarios y reclusos que debían estar en sus celdas del penal de Caseros, cumpliendo sus condenas.

Para la causa que instruyó Baños fueron además fundamentales las declaraciones de presos que dijeron haber pagado “peajes” a sus carceleros, para que los dejaran salir a robar a cambio de repartir el botín con ellos.

Uno de los presos “arrepentidos” que aportó información y fue luego condenado es Núñez, quien relató al juez con lujo de detalles cómo era el mecanismo de salidas de prisión, lo que le valió convertirse en un “preso protegido” que cumple su condena en una sede de la Gendarmería Nacional.

Otro recluso que dio datos al respecto y que además le reveló al propio juez Baños la existencia de un plan para matarlo a raíz de la investigación que realizaba es Penczarsky, que también será testigo del juicio que comienza hoy.

Las irregularidades penitenciarias derivaron en dos enormes purgas en el SPF, una realizada en el año 2000 y otra en el 2003.