OPINIÓN: ES LA IMPUNIDAD, AL PALO…

Cuando ayer por la mañana se conocieron los nombres de los ex funcionarios provinciales y municipales que -en calidad de imputados- deberán pasar por el despacho del juez de la 7ma. nominación, todos coincidimos en una misma pregunta: ¿ por qué no está Carlos Reutemann?

En los pasillos de Tribunales, algunos funcionarios judiciales involucrados en la causa, sentenciaban jactanciosos a los oídos de cierta prensa loleadicta. “nunca lo vamos a imputar… el boludo fue Marcelo Alvarez, que declaró lo que declaró aquella mañana, y ademá, el lole fue vivo, unos meses antes había creado el comité de Emergencias Hídricas y ellos efectivamente no le avisaron nada”

Los argumentos escupidos con gracia por el funcionario, no demoraron en ser reproducidos casi como una orden: hay que instalar que Reutemann con inteligencia, dijo “nadie me avisó”, a sabiendas de que efectivamente existian funcionarios – casualmente designados por él – que tenian la obligación de informarlo de la gravedad de la situación y no lo hicieron, de ese modo, exculparon al entonces gobernador de la responsabilidades que como jefe de estado, debia soportar.

Mientras tanto, las pericias técnicas, la ley de Defensa Civil, y sobre todo, el conjunto de evidencias que arrojan los comportamientos personales del ex gobernador antes, durante y después del ingreso del Salado, no dejan dudas: Reutemann debía ser indagado, y le cabe, al menos, la sospecha de ser uno de los principales responsables por la inundación que dejó 23 muertos por inmersión.

Ni Favaretto, ni De la Torre, repararon en el disparatado comportamiento del ahora senador, minutos despues de recibir la información de boca de Ricardo Fratti, sobre el nivel que iba a alcanzar el Río en la ciudad: Lejos de ordenar la evacuación ordenada de la ciudad , Reutemann prefirió la “puesta en escena” de proteger al Hospital de Niños con bolsas de arena, cuando su anegamiento era irreversible.

Ni el fiscal ni el Juez, parecen haberse detenido- tampoco- en la lerda decisión- autoatribuida – de volar la Avenida Mar Argentino, que de haberse tomado algunas horas antes, hubiese aliviado la situación de la ciudad, tal como lo dicen los peritos en el informe presentado al Juez.

A lo que debe agregarse el texto de la ley provincial de Defensa Civil, que le imputa lisa y llanamente la responsabilidad al gobernador en caso de desastres naturales, cuando en su articulo 3 dice textualmente: ” El gobernador tendrá a su cargo la planificación, organización, promoción, control y dirección de Defensa Civil y la conducción de las operaciones de emergencia “, carga que se agrava en el artículo 4to, que dispone: ” que a los fines de la Defensa Civil, el gobernador es responsable de Determinar las políticas particulares de Defensa Civil, Establecer planes y programas y disponer la integración de los sistemas de alarma y comunicaciones(…)”

Más adelante el texto de la ley, obliga al gobernador a “efectuar las previsiones para la evacuación de la población en vento bélico y en caso de desastre”.

Por otra parte, la ley 11.730, creada y firmada por el propio Reutemann en los primeros dias de su segunda gestión, establece en su artículo 21 que “El estado provincial elaborará un plan de acciones de emergencias por inundaciones para enfrentar situaciones límites, en los que participarán todos los sectores involucrados, asignando claramente las responsabilidades tanto del esatdo como de los particulares”.

Más allá de las pericias y los textos legales, Favaretto y De la Torre, ignoraron tambien a la hora de ordenar indagatorias, las decisiones posteriores al ingreso del Salado a la ciudad, que van desde la mala utilización de los recursos nacionales ( algunos de ellos destinados a subisdios a comunas y muncipios que no estaban inundados , en coincidencia con la campaña electoral de 2003), hasta el conjunto de incongruencias e irregularidades, generadas por la administración del senador nacional, en plena emergencia, que derivaron, entre otras cosas, en la salida de funcionarios por sospecha de corrupción.

Frente a este conjunto de evidencias, es conveniente volver a preguntarse:¿ por que no fue citado Reutemann a pretar declaración indagatoria?

Las respuestas solo están en mente del fiscal y el juez, lo que no obsta a que se sugieran especulaciones: ¿ habrá pesado el hecho de que el propio Reutemann fue quien propuso y elevó el pliego de Diego de la Torre para ocupar el cargo que ocupa? ¿ será esta decisión, una más de las tantas decisiones judiciales que transparentan la “familiaridad” de los poderes en la provincia? ¿ habrá incidido en la decisión, el hecho de que Reutemann se erige- según palabras del gobernador Obeid- como el único dirigente capáz de evitar la derrota del PJ en la provincia en 2007?.

Solo cabe agregar, que una vez más, el poder judicial santafesino, instala o profundiza la sensación de impunidad, de la que gozan los hombres que han ejercido la función pública en la provincia durante los últimos 22 años.

Ni la causa inundaciones, ni los fusilamientos de diciembre de 2001, parecen tener – según la observación de los jueces y los fiscales- vincualción alguna, con el hombre que en ambas situaciones ejercía el poder.

Una vez más, Carlos Reutemann hace gala de su obsceno manejo de los poderes, eludiendo sus responsabilidades y su condición de ciudadano común, a la hora de rendir cuentas frente a la justicia. No se trata de un mero accidente, y en el medio queda la friolera de tres decenas de muertos.

“Es la impunidad, al palo”, reza un cartel anónimo que empapeló la ciudad, durante el segundo aniversario del crimen hídrico. Los hechos, más allá de la citación de funcionarios de segunda y tercera linea, que parecen cargar con todo el peso de los errores, ratifican la consigna, y demuelen la pretensión de transparencia en el funcionamiento de las instituciones democráticas del estado provincial.

No habrá paz posible en la ciudad ni en la provincia, mientras sobrevuele la sensación de que la justicia local es miope, y sólo castiga a los débiles. Más aún, sólo sospecha a los débiles, sin seguridad de que finalmente sean castigados.

El 23 de octubre la sociedad santafesina elevó un mensaje que no parece haber sido leído con corrección en algunos despachos del estado santafesino, que incluye obviamente a los despachos del poder judicial.