OPINIÓN :FUTURO INCIERTO EN LA CAUSA INUNDACIONES

En enero de 2005 se advirtió públicamente acerca de la excesiva demora en imputar e indagar a los responsables por inacción frente a los costos evitables del ingreso trágico del Salado a la ciudad de Santa Fe, especialmente por no haber dado la orden de evacuación en los barrios más amenazados y omitir la ayuda a aquellas personas (ancianos e inválidos) que no podían salir por sus propios medios, lo que hubiera permitido disminuir en buena medida muchas de las secuelas trágicas en relación a vidas humanas.

Simultáneamente y habiendo perdido por completo la brújula, el Gobernador Reutemann se mostraba “colocando bolsas” para “salvar el Hospital de Niños”, lo que ayudó a aumentar la confusión general.

Fue de público y notorio que la autoridad provincial y municipal quedó paralizada frente al desastre, más preocupada por la chance presidencial de Menem que por evacuar o tapar rápidamente el agujero que había quedado en la obra inconclusa. No hacen falta pruebas para demostrar que no hubo plan de prevención y/o de salvataje de ninguna especie, no hubo quien impartiera las órdenes necesarias para que la población en riesgo adoptara medidas de resguardo. Todo eso pudo ser comprobado masivamente a través de la amplia cobertura de los medios locales y nacionales.

También fue evidente que en las primeras horas la evacuación de los inundados estuvo a cargo de la solidaridad de la sociedad civil que se acercó al lugar con canoas y lanchas improvisadas, lanzándose a arriesgados viajes hacia el interior de los barrios inundados a rescatar a la gente subida a los techos de las casas. Los anfibios militares ingresaron varias horas después, cuando ya se habían producido las 23 muertes.

Se dijo también que había elementos suficientes para imputar por falta de plan de contingencia y que resultaba inentendible que a esa altura de la causa se pretendiera realizar una pericia que en verdad la deberían proponer los abogados defensores, una vez que fueran imputados e indagados los que prima facie fuesen considerados responsables.

En esta advertencia campeaba el peligro de la nulidad atento a la violación del principio de igualdad de las partes. Los futuros imputados (desconocidos hasta ese momento) no pudieron proponer su propia lista de peritos, tal como sí lo hicieron el Fiscal y los actores civiles). Mal que nos guste, el estado de derecho es así, nos obliga a otorgar todas las garantías del debido proceso, precisamente para asegurar que no haya “excusas” para dictar las condenas que correspondan.

El tiempo dio la razón a esta advertencia. Conforme los fundamentos expresados en la causa y públicamente en los medios, tanto el Fiscal como el Juez actuante condicionaron las primeras indagatorias a la conclusión de la pericia, con prórroga del plazo mediante, que llevó entre otras cosas a que haya operado la prescripción de la acción penal por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público para aquellos que no siguieron en funciones.

Es más, se desansiculó los nombres de tres peritos oficiales, de los cuales dos eran funcionarios encumbrados a esa fecha del Instituto Nacional del Agua (INA), que ya había emitido opinión sobre los hechos y que por lo tanto no podían ser elegidos, ni cobrado los abultados honorarios cercanos a los doscientos mil pesos abonados por la Corte en contravención a lo estipulado por el art. 286 del Código Procesal Penal de la Provincia, que prohibe hacerlo a los que son funcionarios públicos en la misma especialidad de la pericia (ingenieros hidráulicos). Difícilmente dicho pago supere los controles hacendales que prevé nuestra Constitución.

Esta estrategia de haber condicionado todo a dicha pericia extemporánea y con los vicios descriptos provoca hoy una situación de debilidad de la parte acusadora, en tanto se puede sembrar de nulidades un camino que ya viene con una ostensible demora de dos años y medio, agravado por la reticencia en imputar a la máxima jerarquía provincial, cuya responsabilidad legal provenía de la ley de defensa civil. Si bien la pericia no es la única prueba, no menos cierto es que la estrategia seguida por las partes condicionó la marcha del proceso a dicho parecer, lo que no es un hecho menor.

El excesivo tiempo transcurrido va en detrimento del principio de inmediatez que debe regir un proceso penal. Los testimonios, las pruebas, las constataciones, deben hacerse en lo posible apenas ocurrido el hecho a investigar. Un espectador imparcial también tiene derecho a pensar que la estrategia de “esperar las pericias” pudo haber respondido a una especulación política, ya que desde el fatídico 29 de abril de 2003 pasaron dos elecciones importantísimas. Una, en setiembre del 2003, donde el oficialismo, ley de lemas mediante y con una política clientelar, logró quedarse en el poder, doblando, triplicando o cuadruplicando al opositor de manera directamente proporcional a la altura del agua ingresada a cada barrio. Y la otra, la del 23 de octubre de 2005, que anunció un cambio de color político en la provincia para el 2007.

¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado de nuevo el PJ santafesino? ¿Por qué se demoraron las indagatorias y el dar a conocer la lista de los primeros imputados aún varias semanas después de estar concluida la pericia?

En definitiva, campean más dudas que certezas en la causa inundaciones. Bien vale apostar, parafraseando al vespertino local, a que la Justicia Santafesina encuentre el camino para que el fiel de la balanza no se vuelque una vez más a favor de los poderosos.

Santa Fe, 22 de noviembre de 2005.