OPINIÓN: “UNA SOCIEDAD QUE NO CASTIGA SUS CRÍMENES NO TIENE FUTURO”

TEXTO REDACTADO POR EL DR. PEDRAZA Y PUBLICADO EN LA CONFERENCIA DE PRENSA DE HOY EN LA CIUDAD DE SANTA FE:

“Venimos en este acto a expresar nuestra solidaridad y apoyo fraterno a los querellantes de la causa Feced, perseguidos hoy por los servicios de inteligencia y mano de obra no tan desocupada de esta Provincia, que son los mismos que en 1977 detuvieron a sus familiares clandestinamente en la Quinta de Funes y otros centros similares y luego de varios meses los fusilaron y ocultaron sus cuerpos, constituyendo el crimen de lesa humanidad más grave en la historia de los santafesinos.

Varias de las víctimas militaron en la década del 70 en esta ciudad de Santa Fe y alrededores, entre ellos los compañeros Stella Maris Hildbrand de Del Rosso, Carmen Liliana Nahs de Bruzzone (embarazada), Carlos Rodolfo Juan Laluf, Marta María Benassi de Laluf, Fernando Dante Dussex, Jorge Horacio Novillo, Miguel Angel Tosetti, Raquel Negro de Valenzuela (embarazada a término de mellizos, desconociéndose qué pasó con sus hijos), Alberto Barber Caixal, Abel Argento, Héctor Larrosa, Teresa Soria de Sklate y Edmundo Jerónimo Candioti.

Tanto la causa Feced, como las demás que se han abierto en esa ciudad y en esta capital, que están absolutamente interrelacionadas por sus imputados, que hacían continuos viajes de Santa Fe a Rosario y viceversa, transportando militantes secuestrados hacia la tortura y la muerte, tienen como objeto llegar a la verdad histórica de lo acontecido e impartir la condigna sanción de cárcel para los asesinos. Se han ido dictando fallos declarando la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, se ha avanzado en la producción de la prueba, especialmente la testimonial aportada por los torturados sobrevivientes con incorporación de documental valiosa y estamos en vísperas de producirse las declaraciones indagatorias y encarcelamiento de al menos los principales responsables de estos delitos imprescriptibles.

El marco político nacional se presenta más favorable para el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la década del setenta. Así, el Presidente Kirchner, definiéndolo como Política de Estado, en el primer acto de gobierno ha removido la cúpula militar vinculada a ese pasado de oprobio, que venía presionando a la Justicia para mantener la impunidad y está proponiendo la renovación de la Corte Suprema lo que permitirá en breve que los numerosos fallos contra las leyes de encubrimiento que está dictando la Justicia Federal de las principales ciudades del país, a pedido de los Fiscales y de la parte querellante, se vean reflejados también en el criterio del máximo tribunal, tal como lo peticionó hace poco el Parlamento Nacional al dictar la ley declarando inválidas a dichas normas.

Esta lucha por la Verdad y Justicia hoy cuenta con el apoyo francamente mayoritario de nuestro Pueblo. Se han dejado atrás las épocas donde se la consideraba como bandera de lucha sectorial. Las semillas plantadas por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y demás organismos, han dado su fruto.

Mientras tanto en nuestra Provincia pareciera que la autoridad política, esa rara especie de “pejotismo sojero”, sigue desdeñando esta asignatura pendiente de la democracia. Se preocupan más por sus conchabos que por la lucha contra la corrupción y la impunidad. No sólo no han investigado un sólo caso del pasado, como por ejemplo el crimen de Constantino Razzetti que aún hoy sigue impune y cuyo expediente no se animan a reabrir, sino que han ido designando en cargos estratégicos a personajes de la inteligencia del gobierno militar como Riegé, Berhhardt, Correa y Alvarez, promoviendo a jueces como Brusa, lo cual ha permitido enquistar o mantener en el poder y especialmente en la Policía a personajes que operan desde las sombras y que llegan a manejar estructuras importantes de esta institución. Además, últimamente se han desarrollado experiencias de financiamiento escandaloso de poderosos multimedios que irrumpieron para mantener al oficialismo en el poder, en donde se pueden ver a personajes claramente vinculados a los servicios de inteligencia, que más de una vez son utilizados para campañas de difamación.

La reacción de estos pequeños grupos residuales reivindicadores del terrorismo de Estado se muestra entonces bajo diversas facetas: A veces atacando físicamente a quienes impulsan la investigación, que debe interpretarse también como una clara intimidación contra la Justicia. Otras veces extorsionando funcionarios o impulsando campañas injuriantes o de desinformación. En nuestra Provincia la comunidad de inteligencia caló socialmente hondo durante el proceso militar y dejó luego la cría en distintos estamentos políticos: Así la primer lista de diputados nacionales del PJ se confeccionó en 1983 en el 2do. Cuerpo de Ejército en presencia del General Trimarco, cobijándose luego en dicho Partido a conocidos represores que hicieron “caza de brujas” por muchos años.

La “Justicia” que se reclama entonces es sinónimo de “fin de la impunidad”. Una sociedad que no castiga sus crímenes no tiene futuro. De no darse una respuesta aleccionadora, un símbolo claro y escarmentador de que “el que las hace las paga”, significará que sigan los atentados, las amenazas, los crímenes como los de la policía de Rosario y Buenos Aires en la represión del 2001, como los de Musa Azar en Santiago del Estero, la delincuencia de “Sérpico” Cavallo en Méjico, los secuestros extorsivos de la mano de obra desocupada con provisión de fusiles FAL del Ejército, la voladura intencional de los arsenales de Río Tercero, etc., o lo que es lo mismo una sociedad sin futuro ni seguridad para nuestros hijos”.