OPINIÓN: UNA VISIÓN SOBRE LA CRISIS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA SANTAFESINA

La seguridad pública se ha constituido no sólo en un tema cotidiano y urgente, sino que además es uno de los ejes de un debate. A veces anárquico; otras veces parcial, otras veces de singular y trascendente importancia para la sociedad de nuestro país y nuestra provincia. Muchas son las causas que pueden explicar porqué el problema se ha convertido en centro de la agenda política de la provincia de Santa Fe.

En 1998, la demanda de seguridad de la sociedad argentina según todas las encuestas pasó del sexto lugar que ocupaba en 1997 al segundo, quedando atrás de la principal carencia y preocupación social de entonces, el desempleo.

Estudios de opinión pública realizados con posterioridad confirman esta tendencia hasta nuestros días, lo que se ve acentuado cuando algún hecho criminal conmueve a los argentinos, especialmente si tiene un alto impacto mediático, que eleva el índice de preocupación y reinstala, casi en un fenómeno de ola, el debate en sus aspectos más extremos.

Esto también sucede en Santa Fe, donde inclusive el propio Gobierno Provincial confunde intencionalmente el reclamo de eficiencia estatal en relación a la seguridad pública, con la adhesión a “políticas de mano dura”, las cuales además, no contribuyen a ningún descenso de los índices de actividad delictiva, como se demuestra en infinidades de ejemplos, a lo largo del mundo.

El Gobierno Provincial de Santa Fe no ha sabido ver a la seguridad como un sistema en el que se interrelacionan y confluyen distintos factores. Esa falta de respuestas del Ministerio de Gobierno, son funcionales al modo de concebir y abordar los problemas sociales de parte del Ejecutivo Provincial. Muy pocos derechos admitidos a los ciudadanos y mucha discrecionalidad permitida a los funcionarios. Esta concepción menosprecia los abordajes múltiples e interdisciplinarios que exigen los problemas sociales en un mundo y una sociedad que han cambiado mucho y, a veces en direcciones no deseadas.

Hoy, los hombres que gobiernan la provincia de Santa Fe, están reaccionando y no accionando, frente a los problemas. Hacen hincapié en la defensa de “su gestión” ante la amenaza del “autoritarismo” y la “mano dura”, en una discusión tan maniquea como absurda, que evade la explicación de lo sucedido, de un modo cínico e irresponsable.

El Gobierno Provincial no piensa a la seguridad como sistema. Quieren presentarnos a los santafesinos la limitada opción de un gobierno que quiere quedar bien con todos, culpando a conspiradores invisibles, en lugar de asumir que la falta de planificación y ejecución de una acción combinada de Justicia, Fuerzas de Seguridad, y Sistema Penitenciario es el problema principal que conspira contra una política eficaz, que genere equilibrio y racionalidad entre las necesidades de seguridad pública, de democratización y profesionalización de las fuerzas de seguridad, y de respeto irrestricto de los Derechos Humanos, sobre todo de los ciudadanos privados de su libertad.

Esta debacle tiene como responsable principal a la inoperancia del Estado Provincial, y no a los emisores de opiniones públicas sobre el sistema de seguridad. El sistema de seguridad pública no funciona en Santa Fe, porque los funcionarios no son aptos para la tarea, porque han pasado años y gobiernos, haciendo muy poco frente al tema, y porque no hay un compromiso social masivo, para comprometerse con políticas sociales inclusivas, que contengan familiarmente a una sociedad crecientemente excluida de la Ciudadanía, que se refleja sobre todo en la cantidad de jóvenes en esta situación. Jóvenes Santafesinos que imposibilitados de participar del sistema escolar o laboral, producto del avance desenfrenado de la pobreza, son los habitantes mayoritarios de los presidios santafesinos.

Como todo problema social, y la problemática delictual lo es, esta abarca una gran gama de aspectos y admite distintos puntos de vista. A los efectos de la esquematización del tema, pueden distinguirse cuatro ámbitos en los que consideramos se debiera desarrollar la actividad del Estado.

El tratamiento de los grupos de personas que, por distintos motivos, se encuentran más próximos a la posibilidad de cometer delitos, es lo que se conoce como grupos de riesgo, y es el primer ámbito de abordaje de una política adecuada, eficiente y progresista de seguridad pública. Hablamos de adictos, jóvenes abusados en ámbitos de violencia familiar, personas expulsadas del sistema productivo, niños de la calle, integrantes de grupos juveniles socialmente excluídos, y tantas otros marginados por un sistema, que a partir del Estado Desertor de los años noventa no genera políticas de contención, y por ende no aporta salidas ni opciones para los grupos de riesgo, fuera del ámbito delictual. Sin una política de atención estatal y permanente para la reinserción ciudadana plena de los grupos de riesgo, no se puede abordar el problema, ya que no se podrá curar una enfermedad sólo por sus síntomas, olvidando el contexto que facilita la propagación del mal.

El segundo ámbito es el policial, al que definimos en tres dimensiones: disuasivo, preventivo y represivo.

Si bien el objetivo esencial de cualquier sistema de seguridad es la prevención de los hechos que atenten contra el ordenamiento jurídico, no es menos cierto que siempre habrá quienes delincan.

La función preventiva se encuentra, básicamente, en la atención de los grupos de riesgo, tarea en la que la policía debiera cumplir un papel de apoyo de las políticas sociales estatales, dado que se trata, en forma prioritaria, de un problema social y no policial.

Muchos son sin embargo los problemas que conspiran para luchar eficientemente contra el delito pero la corrupción de los funcionarios encargados de llevarla a cabo, la falta de idoneidad, el inadecuado aprovechamiento del esfuerzo y la insuficiencia de instrumentos y procedimientos, son los principales.

Existe una inadecuada relación entre la policía y la Justicia en nuestra provincia, dado que no hay retroalimentación, porque cuando el policía detiene al autor de un hecho delictivo y lo pone a disposición del juez considera al hecho como esclarecido. Sin embargo, en muchos de los casos esa persona no es condenada, y en situaciones más graves aún, no es ni siquiera culpable, a pesar de estar detenida, a veces mucho tiempo por la combinación de inoperancias judiciales y policiales.

Paradójicamente, las estadísticas de policía en materia de hechos delictivos esclarecidos arrojan un número ampliamente superior al de condenados. Esa visión del “Límite Policial” hace que los policías se quejen de que los delincuentes “entran por una puerta y salen por la otra” como si ellos no fueran responsables del sistema. El Estado Provincial no genera condiciones para plantear una fuerza de seguridad cuya responsabilidad no termine en la puerta del juzgado.

El tercero es el de la Justicia, al que calificamos como la principal herramienta de disuasión delictiva formal, ya que en el ejemplo del comportamiento de sus integrantes, en la justicia de sus fallos y en la celeridad de los procesos, se puede construir una imagen de austeridad y compromiso formal contra la impunidad de parte de la institución hacia la Sociedad Civil. La sospecha generalizada sobre la impunidad reinante, es el principal disvalor social que el accionar incorrecto del Poder Judicial Santafesino genera sobre la ciudadanía, originando niveles crecientes de violencia social ante la falta de ejemplos éticos, y ante la violación del precepto de igualdad ante la Ley.

En la encuesta de victimización realizada por el Ministerio de Justicia de la Nación se llega a la conclusión que, en delitos contra la propiedad de todo tipo, sólo el 3% de los autores son condenados.

Si el 97% de los que cometen delitos contra la propiedad no son condenados ¿qué sentido tiene aumentar las penas, restringir la excarcelación o hablar de una reincidencia que no se puede probar por ineficiencia del sistema?

Los delincuentes habitantes de los presidios argentinos, vinculados a delitos desarrollados fuera de lo que se conoce como “delitos de situación social”, esto es aquellos delitos vinculados a estafas, incumplimiento de los deberes de funcionario público, evasión fiscal, y tipificaciones similares del Código Penal son en la Argentina 60 % menos respecto de la población carcelaria total, que los ciudadanos detenidos en E.E.U.U. vinculados a este tipo de delitos, en similar relación. La sensación generalizada de que solo “van presos” los pobres en Argentina y en Santa Fe, tiene hasta comprobación estadística.

En consecuencia, el mayor problema de la justicia argentina y santafesina, es que no se detiene y condena a los culpables. Aumentar las penas sin mejorar la eficacia del sistema es solo un eslogan demagógico, tan nefasto desde el punto de vista humanista como falso desde el punto de vista criminalístico. No se trata de generar más condenas para menos delincuentes sino condenas justas y procesos rápidos para la mayoría de los que cometen delitos, pensando en su necesaria reinserción social mayoritaria, y no solo en “juicios para pobres”, los que suman a su condena social, en muchos casos la condena judicial.

Solo con ver la composición de la población carcelaria de otros países, la tipificidad de los delitos por los que han sido enjuiciados, y la escasa cantidad de procesados en relación al total de detenidos, es aún más clara la injusticia y la inoperancia del Sistema de Seguridad-Justicia-Penitenciarias en Santa Fe

Finalmente, el cuarto ámbito incluye al sistema penitenciario, que como se ve se relaciona estrechamente con el primero, dado que buena parte de los internos de nuestras cárceles y sus familias integran los grupos de riesgo ya señalados. Por lo tanto, la política social de un estado solidario y responsable es el eje de la acción y relación entre estas dimensiones.

Mientras la población alojada en los establecimientos penitenciarios de todo el país aumentó un 37 por ciento entre 2000 y 2003, en la provincia de Santa Fe lo hizo en un 44 por ciento, sin ninguna obra pública referida a dar respuesta humanitaria a la situación de la población carcelaria provincial. Y si uno observa que entre 1986 y 2003 han tenido lugar en el país 388 protestas carcelarias, es decir una cada 17 días, y vemos que la provincia de Santa Fe se ubicó como la tercera con mayor cantidad, entre motines, disturbios y huelgas de hambre, se da cuenta que la desatención del sistema penitenciario, y la falta de interés en las condiciones en las que deben pasar sus días los ciudadanos privados de su libertad, viene de lejos en nuestra provincia. Por ello no pueden decirnos hoy los funcionarios actuantes que la desatención de la problemática de los santafesinos, mayoritariamente jóvenes, mayoritariamente pobres, detenidos, es un problema sobre el que no tienen casi responsabilidad.

El Sistema de Seguridad Pública es una labor que debe ser llevada a cabo por funcionarios formados y solventes, bajo la conducción política del Ministerio de Gobierno. Debe elaborarse un plan estratégico de la seguridad de Santa Fe, y fijar en dicho plan objetivos fácilmente mensurables, que permitan la comparación entre las distintas administraciones, y obligaciones públicas referidas a la divulgación obligatoria de parte del Estado, de los cumplimientos o fracasos de las metas y objetivos de dicho plan.

A cada responsable de la Subsecretaria de Seguridad Pública, de la Subsecretaría de Justicia y Culto y del Servicio Penitenciario, se le deben asignar metas que cumplir, y si fracasan que renuncien, como sucede en los países serios del mundo.