ORDENAN CLAUSURAR EL PENAL DE LA 30º Y HOY DEBEN TRASLADAR A SUS 24 PRESOS

Un juez correccional ordenó ayer la clausura inmediata del penal de la comisaría 30ª de Rosario debido a las deplorables condiciones edilicias y a la superpoblación que distingue a sus reducidas instalaciones. “Es un lugar de horror”, fue la exclamación que brotó de los funcionarios judiciales que ayer determinaron el cierre momentáneo y la inmediata evacuación del minipresidio.

“El lugar es muy reducido y precario para alojar a cualquier tipo de detenido”, explicó una fuente judicial. Los traslados de los 24 presos que ayer habitaban el penal se definían al cierre de esta edición y los movimientos se llevarán a cabo a lo largo de la jornada. La 30ª fue escenario reciente de tres protestas de los internos, que pedían mejores condiciones de detención. El martes pasado, cuando un preso se evadió aprovechando un reclamo por traslados, estaban alojadas en la seccional de Superí al 2400 -que tiene capacidad para cuatro internos- 25 personas. Seis de ellas, condenadas.

Lo más significativo de toda la secuencia es que un dictamen rubricado hace una semana por el jefe de la sección Planificación y Arquitectura de la Unidad Regional II recomendó, lisa y llanamente, la democión del nefasto e inseguro penal.

Ayer por la tarde llegaron hasta el barrio Fonavi-Parquefield II el juez correccional 8ª, Edgardo Bistoletti; el secretario de ese juzgado, Carlos Ovidio Pareto; y la fiscal de turno, Liliana Ditaranto. La intención de los funcionarios era examinar con sus propios ojos en qué condiciones estaba el penal de la seccional de Superí al 2400. “Si bien uno tiene mucha experiencia, lo que se pudo ver es un lugar muy precario para alojar a cualquier clase de detenidos. Es escasísimo el espacio en la 30ª”, explicó una fuente judicial. Se determinó la clausura del penal y su inmediata evacuación. Ahora habrá que esperar si el juez determine si el recinto debe ser derrumbado o puede ser objeto de alguna mejora.

“Se está trabajando con la agrupación Orden Público de la policía para determinar los destinos de los presos alojados en la 30ª. Los movimientos se realizaran, por seguridad, durante el día”, comentó la fuente.

FUGA Y CLAUSURA

La fuga de un detenido de la seccional, el martes por la noche, fue la gota que rebalsó el vaso. Pero esa fue la noticia sólo una parte del día. El fiscal de Cámaras en turno, José María Peña, le había ordenado a una fiscal de primera instancia (Ditaranto) que pidiera la evacuación inmediata del penal. En las últimas cuatro semanas, tres reclamos de los internos de la comisaría fueron de dominio público. Primero fue el sábado 11 de junio cuando los 31 presos que estaban allí alojados (en un lugar para 4) protestaron quemando colchones y frazadas. El reclamo era por mejores condiciones de “alojamiento, higiene y atención en el penal”. Dos días más tarde, el 13, los 31 presos fueron trasladados.

Pero tres semanas después, en el mismo lugar, había 34 internos. El miércoles pasado los internos volvieron a reeditar la protesta con quema de colchones y frazadas. Fue entonces que, ante el pedido del juez de Instrucción Luis María Caterina, llegó a la seccional de Superí al 2400 el jefe de la sección Planificación y Arquitectura de la URII, comisario arquitecto José Jumilla. El especialista informó al magistrado “que la capacidad real de detención del penal es para cuatro internos”. Y precisó que “solicitaría la demolición del penal”. Esto consta en el acta de procedimiento firmada por el comisario principal Miguel Angel González.

En el mismo documento quedó constancia que de los 34 detenidos que había en el lugar, tras varios traslados, quedaron 18. El martes pasado, es decir siete días más tarde, en el lugar había 25 personas. “Las condiciones en esa comisaría son mucho más que inhumanas”, confió una alta fuente de Tribunales. “Los presos se turnan cada dos horas para poder dormir. Ni en la Edad Media las personas estaban encarceladas así”, comentó. “Ninguno de los detenidos tiene los tiempos procesales vencidos. Son todos presos nuevos”, precisó.

Entre esta población carcelaria había seis detenidos que estaban condenados, es decir que debían estar bajo la órbita del Servicio Penitenciario provincial. “Los seis condenados fueron trasladados desde la cárcel de Coronda”, confió el informante. “Esto es un contrasentido. Los presos no deben venir a las comisarías desde Coronda, sino que deben seguir el camino contrario”, comentó la fuente de Tribunales.