ORDENAN INDEMNIZAR A EXILIADOS POR LA DICTADURA
Una familia exiliada durante la dictadura tiene derecho a percibir una indemnización del Estado nacional, similar a la que recibieron hasta ahora ex detenidos y familiares de desaparecidos.
La Corte Suprema de Justicia reconoció ayer ese derecho al admitir el reclamo de Susana Yofre, madre del ex dirigente montonero Fernando Vaca Narvaja, y de Patricia Vaca Narvaja, actual subsecretaria del Ministerio de Economía.
Yofre argumentó que dejó la Argentina y se radicó en México, tras obtener asilo, primero en la embajada de ese país en Buenos Aires, y exiliarse junto a otros 26 familiares luego de que fueran asesinados su esposo, Miguel Hugo Vaca Narvaja, y su hijo del mismo nombre.
El fallo podría costarle al Estado centenares de millones de pesos si otros miles de antiguos exiliados presentan reclamos similares. Las estimaciones marcan que entre 10.000 y 50.000 argentinos debieron exiliarse durante la dictadura.
La Corte concluyó que la forma en que Yofre y sus familiares debieron marcharse del país, “lejos de ser considerada «voluntaria» o libremente adoptada, fue la única y desesperada alternativa que tuvo para salvar su vida ante la amenaza del propio Estado o de organizaciones paralelas”.
El tribunal también recordó que el derecho indemnizatorio no se restringe al riesgo que afrontó Yofre de ser asesinada. “Cuanto menos -expuso-, de recuperar su libertad, pues al momento de su decisión de extrañarse, ya sufría la mengua de tal derecho.”
La Corte hasta ahora sólo reconocía el derecho a un resarcimiento de quienes se exiliaron tras haber estado detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, pero no de quienes salieron del país sin haber sido detenidos o secuestrados antes.
Por la ley 24.043 -vigente desde enero de 1992- y sus normas complementarias, el Estado reconoció ese derecho y determinó la forma y el órgano encargado de calcular el resarcimiento, más quiénes podían reclamarlo.
Primeros cálculos
La indemnización fijada para esos casos es de 74,66 pesos por cada día de detención, lo que ahora se extenderá a los días en el exilio. Así, quien vivió fuera del país entre marzo de 1976 y diciembre de 1983 podrá reclamar cerca de 210.000 pesos, aunque el Estado nacional le entregará bonos de consolidación de deuda.
Ahora, el fallo de la Corte se refiere a un caso particular de una mujer exiliada y su familia, pero fija doctrina legal para casos similares. Así, quienes aspiren a un resarcimiento del Estado por haber vivido circunstancias similares podrían exigirlo al Poder Ejecutivo o acudir a la Justicia.
Los eventuales reclamos podrían generar un impacto sensible en las cuentas fiscales. Si sólo 2000 exiliados reclamaran esa indemnización por todo el período de la dictadura, el Estado debería entregar más de 420 millones de pesos en títulos públicos.
Los cálculos extraoficiales indican, sin embargo, que cerca de 10.000 argentinos marcharon al exilio en los 70.
La Corte aprobó el reclamo de Yofre y de su hija Patricia con el previo dictamen favorable del procurador general subrogante Guillermo González Warcalde. Pero para eso la Corte revocó la sentencia de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, que había rechazado el pedido.
Los camaristas habían rechazado el pedido de Yofre por considerar que su planteo no podía incluirse dentro de los parámetros fijados por la ley 24.043 y sus modificatorias.
“Exilio inexorable”
La Corte llegó a otra conclusión. “Se encuentra ínsito en el concepto de detención de la ley en análisis, el confinamiento obligado de toda una familia -abuelos, hijos, cónyuges y nietos- en el recinto de una embajada extranjera, y su posterior exilio inexorable como único medio de torcer el destino de muerte que ya habían sufrido dos de sus integrantes”, señaló.
La Corte destacó que el grupo familiar debió “exiliarse con el fin de evitar la persecusión política de que era víctima por parte de autoridades del Estado argentino”, y luego de que “el cónyuge y un hijo que habían estado arrestados fueron muertos por el accionar de las fuerzas militares o paramilitares”.
El fallo de la máxima instancia judicial del país revocó así, además, la decisión de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que en el año 2000, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, había rechazado el pedido de Yofre.
La Corte optó, sin embargo, por adherir al dictamen del procurador González Warcalde, quien al subrogar a Nicolás Becerra sostuvo que el exilio de la madre de los Vaca Narvaja fue “la única y desesperada alternativa que tuvo para salvar su vida ante la amenaza del propio Estado”.
El actual secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, también había apoyado el derecho al resarcimiento económico de quienes se vieron forzados a abandonar el país por la dictadura. Ayer, sus colaboradores ya se encontraban estudiando el fallo y evaluando sus alcances políticos y presupuestarios.
Por lo pronto, la Corte Suprema también reconoció los riesgos que vivieron los Vaca Narvaja antes del golpe de Estado. Miguel Hugo Vaca Narvaja, esposo de Yofre, fue secuestrado el 10 de marzo de 1976, dos semanas antes de la salida de María Estela Martínez de Perón de la Casa Rosada.
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