ORDENAN LA CAPTURA DE SIETE EX POLICÍAS EN LA CAUSA POR LA MASACRE DE FÁTIMA

El juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura de seis oficiales y un suboficial retirados de la Policía Federal por la denominada “Masacre de Fátima”, como se denominó el asesinato de una treintena de jóvenes en agosto de 1976, como represalia a un atentado contra esa Fuerza.

La orden de detención, remitida al jefe de la Policía Federal Héctor Prados, está dirigida contra los comisarios generales Juan Carlos Lapuyole y Carlos Marcote, los comisarios inspectores Carlos Gallone y Miguel Angel Timarchi, el comisario Jorge Mario Veyra, el principal Carlos De la Llave y el suboficial Luis Alberto Martínez.

El caso ocurrió en la madrugada del 20 de agosto de 1976. Un fuerte estallido de bomba convulsionó a los pobladores de Fátima, una pequeña localidad bonaerense. Ya en la mañana, pudieron ver el resultado de la explosión: en el lugar donde se cruza el Camino de Tierra con la ruta 16, había cuerpos desparramados, muertos despedazados. Con el tiempo se supo que las víctimas de la “Masacre de Fátima” fueron treinta personas secuestradas, cautivas en el campo clandestino de la Superintendencia de Seguridad del Departamento de la Policía Federal y trasladados a un lugar solitario para su asesinato.

La noche antes de la explosión, en esa localidad del partido de Pilar, se advertían movimientos de vehículos y helicópteros del Ejército. Esas acciones militares eran siempre controladas: los hechos quedaban en la oscuridad. La Junta Militar que llevaba menos de medio año en el poder del gobierno sombrío, justificó esta presencia de aparatos y actores militares en el “vandálico hecho sólo atribuible a la demencia de grupos irracionales que con hechos de esta naturaleza pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad”.

Según el médico forense de la policía de Pilar, Gregorio Ferrá, uno de los muertos llevaba en un bolsillo una tarjeta en la que decía “30 x 1”. La hipótesis que corría era que las fuerzas arma das, si uno de sus integrantes era ultimado por los “subversivos”, lo “cobraría” con treinta personas secuestradas. Cuando se produjo la masacre de Fátima poco antes había sido asesinado el general Omar Carlos Actis, uno de los organizadores del Mundial del ”78.

Los secuestrados “sentenciados” fueron trasladados en un camión. Ya sin vida, fueron apilados en el paraje donde estalló la bomba. Se buscó que el hecho apareciera como un enfrentamiento. Los restos, todos, presentaban orificios de bala. Tenían las manos y los ojos tapados.

Fueron identificadas cinco personas: una mujer y cuatro hombres. El resto, 9 mujeres y 16 hombres, fueron sepultados en el cementerio de Derqui bajo la denominación “NN”.

Años después, el trabajo de identificación de las víctimas prosiguió y fue arduo: las fichas dactiloscópicas habían desaparecido. En 1985, el Juicio a las Juntas incluyó este caso en el que aparecía “supuestamente involucrado personal militar que, en cumplimiento de decretos, participó en la lucha contra la subversión”. Se resolvió la exhumación de las víctimas de la masacre de Fátima. La identificación fue emprendida por el Equipo Argentino de Antropología Forense y así, comenzaron los estudios que respondían al enjuiciamiento de militares y policías involucrados en el asesinato. La Ley de Obediencia Debida paralizó estas causas.

Con la apertura de los juicios por la verdad, a partir del 97, el Equipo retomó el trabajo. Logró ya la identificación de ocho de las víctimas de Fátima. La anulación de las Leyes del Perdón le dio ahora nueva vida a la investigación en búsqueda de responsables.