ORDENAN QUE A BENDINI LO JUZGUEN MILITARES

El juez federal de Río Gallegos, Gerardo Caamaño, tenía a su cargo la investigación contra el jefe del Ejército desde hace más de dos años. En los próximos días, debía resolver si procesaba a Bendini, pero en un fallo inesperado se declaró incompetente y ordenó remitir todas las actuaciones al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

“El hecho delictivo que se investiga reviste naturaleza exclusivamente militar”, alegó el magistrado.

Ahora, el jefe del Ejército será juzgado por sus pares. Su proceso se regirá por las normas del Código de Justicia Militar, cuestionado cuerpo legal que el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni pidió derogar y que la ministra de Defensa, Nilda Garré, proyecta reformar.

Bendini está acusado de haber cometido, entre abril de 2002 y mayo de 2003, irregularidades en la apertura y en el manejo de una cuenta bancaria en la que se depositó medio millón de pesos. Se trataba de fondos generados por actividades secundarias -panadería, venta de repuestos para máquinas, entre otras- de la Brigada Mecanizada XI de Río Gallegos, división que estaba a cargo de Bendini.

La relación entre el actual jefe del Ejército y el presidente Néstor Kirchner data de aquellos tiempos. Bendini estaba destinado en Santa Cruz y tejió buenos lazos con el gobierno local. Cuando Kirchner dejó la provincia para ser Presidente, en mayo de 2003, lo trajo con él a Buenos Aires y lo ascendió.

Larga investigación

Apenas unos meses después de que Bendini asumió la jefatura del Ejército, la Justicia empezó a investigarlo por haber abierto aquella cuenta sin permiso del Tesoro.

En mayo de 2004, la Oficina Anticorrupción (OA), organismo que depende del Ministerio de Justicia, denunció a Bendini por el delito de peculado, que prevé una pena de hasta 10 años de prisión.

Así, bajo la más absoluta reserva, el expediente avanzaba en Río Gallegos hasta que, finalmente, el mes pasado el general fue citado a declarar. Ahora que la causa se adentraba en instancias decisivas, Caamaño se declaró incompetente.

El juez alegó que, después de haber escuchado a los imputados, “queda claro que la conducta desplegada refiere a actos de militares dentro del ámbito que cada uno desarrollaba en el Ejército Argentino” y, por lo tanto, los actos de todos los imputados en la causa deben ser juzgados por la justicia castrense.

Según Caamaño, el hecho que se investiga “reviste naturaleza exclusivamente militar, sin perjuicio del destino final que se dio a los fondos debitados de la cuenta”.

Esos recursos fueron afectados a llamativos fines -según la denuncia de la OA-, tales como compras en el comercio Rincón Gaucho, en la perfumería Moderna SCS, en la joyería Luresmon y en la casa de regalos Flox, donde se adquirieron artículos de iluminación y adornos.

En su declaración indagatoria, Bendini justificó la apertura de la cuenta en “el estado de emergencia económica que atravesaba el país”, que impedía a su brigada contar con los recursos para su funcionamiento. El militar argumentó que, si bien no se había cumplido con las “formalidades del caso”, la apertura de la cuenta no constituía delito.

El fallo de Caamaño todavía puede ser apelado por los fiscales de la causa. Si queda firme, deberá actuar el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, cuerpo integrado por 10 miembros (un presidente, un secretario, un prosecretario y siete vocales) que representan a las tres fuerzas.

Además de Bendini, están acusados en este expediente el jefe del Servicio Administrativo Financiero de la Brigada Mecanizada XI, teniente coronel Carlos Espósito; su mujer, Alba Pérez; Juan Paqualini, Marcelo Marteletti y Jorge Pérez, que aparecen como beneficiarios de débitos realizados desde la cuenta cuestionada.