OTRA NORMALIZACIÓN DEL PAMI, EN LA RECTA FINAL
“El proyecto busca incrementar la participación de los jubilados”, dijo González García.
El presidente Néstor Kirchner firmó ayer el proyecto de ley que permitirá la normalización del Pami cuatro meses después de aprobada la norma y reducirá la cantidad de miembros del directorio.
El ministro de Salud, Ginés González García, anunció en la víspera el envío al Congreso por parte del Poder Ejecutivo del proyecto que había sido presentado por la titular de la entidad, Graciela Ocaña, al presidente Kirchner.
“El proyecto establece una clara intención de incrementar la participación de los jubilados no sólo en el cuerpo directivo, sino en cada una de las expresiones del Instituto, sobre todo a nivel local”, resaltó .
En una conferencia de prensa ofrecida en la Casa de Gobierno, el ministro estuvo acompañado por los responsables del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami), Ocaña y José Granero.
El ministro de Salud explicó que el “proyecto será elevado inmediatamente” al Congreso y expresó su confianza en que ambas cámaras den “un rápido tratamiento” a la iniciativa.
Destacó además que el proyecto “representa el pensamiento del Poder Ejecutivo” y subrayó que la ley es “un instrumento fundamental para darle a la institución una arquitectura y el cuerpo legal que permita seguir mejorando la obra social”.
El titular de la cartera de Salud señaló que se refuerzan “los controles internos en busca de transparencia, así como mayor agilidad en la gestión y una clara intención de mejorar la atención primaria en consonancia con el Plan Nacional de Salud”.
Por su parte, Ocaña resaltó que el proyecto presenta “un modelo de gestión que básicamente pretende terminar con la tercerización que el Pami estableció –en tiempos del menemista Víctor Alderete– y sirvió como modelo de saqueo de la institución”.
El proyecto contempla que el directorio ejecutivo estará integrado por ocho integrantes, dos en representación de los beneficiarios, dos por los trabajadores activos y cuatro por el Estado nacional, que durarán cuatro años en el cargo y sólo podrán ser reelectos una vez.
El presidente, quien tendrá a su cargo la conducción administrativa, y el vicepresidente serán elegidos por el PEN entre los representantes del Estado, participarán del directorio y podrán ser removidos por el Ejecutivo sin especificación de causa.
La iniciativa señala que el Congreso nacional podrá disponer por ley la intervención del Pami frente a situaciones de grave deterioro institucional que así lo justifiquen, la que no podrá exceder de 180 días corridos, ni ser prorrogada.
Por su parte, el Ejecutivo podrá decretarla por el mismo lapso, dando cuenta al Congreso, “en caso de grave deterioro en los controles administrativos que pongan en riesgo el funcionamiento de ese organismo”.
También indica que el PEN deberá, en 120 días, cumplimentar todas las diligencias tendientes a conformar el llamado a elecciones para la efectiva normalización del Pami.
Ocaña explicó que en el proyecto también se establece mejorar las cuestiones administrativas, imponer una carrera administrativa e ingresos por concursos y una recategorización del personal en un plazo de 90 días, lo que posibilitará que las modificaciones sean respaldadas por una ley del Congreso.
Una entidad “dura de transparentar” desde su fundación
La gestión de Graciela Ocaña al frente del Pami, si bien no lleva el nombre de intervención, representa el 19º intento por normalizar y transparentar el funcionamiento de la mayor obra social.
El de Ocaña es el segundo intento del presidente Néstor Kirchner de normalizar el Pami, ya que en julio de 2003 se estableció una intervención por 180 días encabezada por Juan González Gaviola y Juan Granero.
Apenas se fundó, en 1971, el Pami recaudó aportes pero no dio prestaciones a los jubilados y su creador, Francisco Manrique, desplazó a quien era presidente de la institución, Pedro Urrutia, porque se había ido a Europa cuando había otras urgencias.
En abril de 1976, tras el golpe, fue designado como interventor Guillermo Cal, un coronel médico que, según dijo, encontró los escritorios del Pami repletos de papeles con membrete de la CGT.
En 1983, el presidente Raúl Alfonsín ubicó a Raúl Pistorio. Y en 1987 asumió Alejandro Armendáriz.
Con la llegada de Carlos Menem al gobierno fue nombrado Santiago de Estrada, que ya había pasado por el Pami en la época del dictador Jorge Rafael Videla. De Estrada fue reemplazado por Miguel Nazur. A partir del 92 se iniciaron intervenciones que derivaron en sospechas, la primera de ellas fue la de Matilde Menéndez.
Luego pasaron el sindicalista Carlos Alderete, el contador Alberto Abad, el traumatólogo Antonio Maldonado y Alejandro Bramer Markovic. En 1997 llegó Víctor Alderete, quien terminó preso.
La Alianza llegó con la promesa de transformar al Pami en una “caja de cristal” y Cecilia Felgueras se hizo cargo de la institución. Pero su compañero en la intervención Angel Tonietto terminó procesado. A ambos le siguió el alfonsinista Federico Polak.
Tras la caída de Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde llevó adelante la primera elección de directores del Pami, pero sólo votó uno de cada 10 afiliados y el director designado por el bonaerense fue Horacio Pacheco, quien había sido pediatra de sus hijos.
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