OTRA VEZ VUELVEN A DEMORAR LA DEMOLICIÓN DEL PENAL DE CACEROS
La implosión de la Cárcel de Caseros se volvió a demorar. Fuentes de la Dirección de Obras Públicas porteña confirmaron a Clarín que el primero de los tres edificios que componen el penal no será demolido en marzo, tal como había anunciado el Gobierno porteño en octubre. “La fecha tentativa es abril. La demora se debió al cambio de funcionarios en la Secretaría de Infraestructura y a la auditoría que el Centro Argentino de Ingenieros está haciendo sobre el proyecto”, dijeron en Obras Públicas.
La historia de la recuperación de Caseros lleva más de tres años, desde su cierre en agosto de 2000. Esta es la sexta vez que se posterga la demolición. Según los anteriores anuncios oficiales, debería haber comenzado a fines de 2000, fines de 2001, mediados de 2002, agosto de 2003 y fines de ese mismo año. Ahora, en el Gobierno porteño reiteraron que, pese a la demora, la demolición comenzará este año.
El “proyecto Caseros” contempla tres implosiones —una explosión en la que el edificio cae sobre su base—, una por cada pabellón. Estarán a cargo de la División Construcciones del Ejército, que también se encargará de remover todos los escombros y de entregarle el predio limpio y nivelado a la Ciudad en un plazo de un año desde la primera detonación. Todo este proceso costará 5,6 millones de pesos.
Aún no se confirmó el destino preciso que tendrán las manzanas rodeadas por Pichincha, Pasco y 15 de noviembre, pero por ley deberán construir viviendas, espacios verdes, una escuela, un centro cultural y otro comercial.
“No hay atrasos. La obra se está desarrollando en los plazos normales”, se defendió Juan Arriegue, del Centro Argentino de Ingenieros. Esa entidad fue contratada por el Gobierno porteño para auditar todo el proceso de implosión. “En los próximos días estamos por aprobar el proyecto presentado por el Ejército, al que no le hicimos ninguna objeción. Simplemente pedimos más información sobre algunos puntos, porque nosotros tenemos que hacer una verificación exhaustiva de todos los cálculos. En estos casos complejos, cuanto más riguroso es uno en la etapa de planeamiento y más detalles se con templen, mayor será el éxito, la seguridad y la prolijidad del trabajo”, explicó el ingeniero.
Mientras, el Ejército sigue preparando la estructura del edificio para la implosión. Además, se deberá hacer un operativo especial en las redes de servicios públicos de toda la zona y una protección especial a los hospitales Garrahan y Udaondo para evitar que el polvo resultante ingrese a los sistemas de ventilación.
Los vecinos, sin embargo, están preocupados. “No hay avances y no vemos motivos para que esto siga dilatándose, ya que el trabajo de campo está realizado en un 90% desde la anterior gestión del área de Obras Públicas. Tuvimos hace unos días una reunión con el secretario de Infraestructura, Roberto Feletti, y todo su equipo, en la que nos aseguró que está garantizada la partida presupuestaria para la totalidad de la obra y nos ratificó la voluntad política de tirar abajo la cárcel. Esperamos que se cumpla lo antes posible”, resumió Cristina Castro, del grupo de vecinos pro-demolición. Para ellos, recuperar ese espacio es la única manera de enterrar, definitivamente, el recuerdo de uno de los penales más oscuros del país, que fue también la pesadilla de un barrio.
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