OTRO JUEZ “SE OLVIDÓ” DE LIBERAR A UN DETENIDO

La Cámara de Apelaciones de San Isidro denunció al juez de Garantías Rafael Sal Lari por haberse “olvidado” durante ocho meses de ordenar la libertad de un preso y envió el expediente a la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que analizara su conducta en un sumario administrativo.

Además, los camaristas solicitaron que se investigara al juez por la presunta comisión de un delito -como un eventual incumplimiento de los deberes de funcionario público- y por las presuntas irregularidades registradas en la instrucción de una causa que hicieron que un acusado estuviera preso cuando no correspondía.

Este nuevo incidente ocurrió un mes y medio después de que el Consejo de la Magistratura comenzara una investigación contra los integrantes del Tribunal Oral de Menores Nº 1 porteño, que, tras haber absuelto a un joven de 21 años, omitieron ordenar su libertad, por lo que el hombre pasó ocho meses en la cárcel de Devoto por error.

Tiempo suplementario

La cadena de acontecimientos que llevó a Jorge González a estar detenido en una comisaría de Munro durante ocho meses cuando no le correspondía comenzó el 11 de noviembre último, cuando la Sala III de la Cámara de Apelaciones de San Isidro le revocó la prisión preventiva y ordenó su inmediata liberación. González había sido detenido el 8 de agosto de 2005, acusado de supuesta tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento.

La resolución de la Cámara fue enviada al Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo de Sal Lari, juez natural del caso. La liberación de González debía concretarse desde la comisaría, luego de que se verificara que no existían órdenes de captura en su contra.

Pero hasta el momento no se pudo establecer si el fax se perdió en la comisaría o si nunca fue recibido allí. González siguió preso, sin saber que le habían dado la excarcelación.

La causa en su contra prosiguió y el 25 de abril fue elevada a juicio oral.

Hace dos semanas González echó mano a un recurso que utilizan constantemente los presos para saber qué ocurre con sus causas y presentó un hábeas corpus en la mesa de entradas de los tribunales de San Isidro.

El expediente recayó en la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías, a cargo de los jueces Luis Cayuela y Leonardo Pitlevnik, quienes ordenaron revisar las causas en las que aparecía imputado González para establecer cuál era su situación judicial.

Recibieron la resolución de sus colegas de la Sala III, que habían concedido la libertad de González. También analizaron el fallo del juzgado a cargo de Sal Lari, en el que se aplicaba la resolución de Cámara y se fijaba una caución juratoria, aunque en el juzgado no pudieron informar si la excarcelación se había concretado porque la causa había sido elevada a juicio oral.

Además, se había adjuntado la tira de papel en la que quedó registrado que el 11 de noviembre, desde el juzgado de Garantías, se había enviado a la comisaría de Munro un fax, supuestamente con el oficio en el que se disponía la liberación de González.

Hasta el momento, nadie pudo explicar qué ocurrió con ese oficio.

Tras haber revisado el expediente, los camaristas resolvieron hacer lugar a la acción de hábeas corpus y liberar a González. Además, decidieron enviar copias del expediente a la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que determine si corresponde que sea impulsado un sumario administrativo contra Sal Lari. Copias similares fueron enviadas al Ministerio Público del Departamento Judicial de San Isidro para que un fiscal investigara si el juez cometió algún delito.

El viernes último, LA NACION intentó comunicarse telefónicamente con el juez Sal Lari. En tres oportunidades, en el juzgado respondieron que el magistrado estaba ocupado.

A principios de este año Sal Lari fue criticado en duros términos por el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, que cuestionaba su actuación en la investigación por el robo de las cajas de seguridad de la sucursal Acassuso del Banco Río.

Y las Madres del Dolor habían solicitado que Sal Lari fuera sometido a juicio político por su actuación en el caso de un acusado de haber violado a sus hijos en Pilar.