OTRO REPRESOR QUE SE ENTREGÓ
Ayer, poco después de que el juez federal de Rosario, Omar Digerónimo, librara otras diez órdenes de arresto a personal subalterno y civiles, el oficial de Gendarmería Nacional Eugenio Zacarías se entregó en el Destacamento Móvil 2 del arma.
Por la mañana, ex teniente del Ejército y abogado Juan Daniel Amelong se había negado a declarar ante el magistrado. Igual quedó detenido, imputado de secuestros, torturas y desaparición forzada de personas (ver aparte).
La nueva lista confeccionada en base a los dichos de testigos y sobrevivientes recabados en las causas Quinta de Funes y Fábrica Militar Domingo Matheu, que fue extendida a la Policía Federal, incluye a suboficiales del Ejército, Gendarmería y la Unidad Regional II, además de civiles que actuaron en Inteligencia militar.
Al caer la tarde, Zacarías se presentó espontáneamente en la sede de Gendarmería ubicada en San Martín 2851. Hoy será llevado a los Tribunales federales de bulevar Oroño al 900 para ser indagado por el magistrado.
La nómina se completa con los civiles que revistaron en Inteligencia militar Eduardo Constanzo, Carlos Isach, Eduardo Rebechi, Carlos Sfulcini (abogado), Néstor Bertotti (ex director de la escuela Magnasco, quien habría muerto, según datos de la querella), los policías Carlos Torres y Hugo Cardozo, el gendarme Héctor Gertrudis y el sargento del Ejército Carlos Gamberale (ver aparte).
Si bien al cierre de esta edición no había ningún otro detenido, la Policía Federal trabajaba intensamente en pos de cumplimentar todos los requisitos necesarios (chequeo de nombres y direcciones) para efectivizar las órdenes.
La querella en las causas no se sorprendió con los nombres de los represores incorporados en la nueva lista, más allá de la escasa difusión pública de algunos de ellos. Paralelamente, la expectativa judicial pareció apuntar a la posibilidad de que, tarde o temprano, alguien rompa el silencio.
Constanzo, conocido como el Tucumano o Tucu, es el único que declaró por las graves violaciones a los derechos humanos, aunque no aportó ningún dato. Súbitamente se olvidó de todo. Pero, en 1992, éste ex agente de Inteligencia militar le había afirmado a la revista Gente que unos 16 detenidos fueron víctimas de los llamados vuelos de la muerte.
Aludiendo a La Intermedia (centro clandestino que funcionó en Granadero Baigorria), Constanzo dijo: “Yo estaba en el chalet. Esperaba que me trajeran los muertos para envolverlos en una frazada y cargarlos en un camión. Después había que transportarlos al aeropuerto de Fisherton para cargarlos en un (avión) Hércules y tirarlos en la bahía de Samborombón”.
El 7 de mayo de 2000, cuando declaró ante Digerónimo, Constanzo sólo admitió haber frecuentado la Quinta de Funes entre 1977 y 1978, y negó sus afirmaciones anteriores.
En la primera nómina de detenciones dispuestas el lunes pasado por el juez están, además de Amelong, el general Luciano Jáuregui, quien cumple arresto domiciliario en la Capital Federal por otra causa.
También el coronel Pascual Guerrieri, actualmente detenido en el Regimiento I de Palermo a disposición del juez federal Jorge Ballestero. De todos modos, podría ser trasladado a Rosario en poco tiempo más.
Otra novedad fue la localización del ex teniente coronel Enrique Jordana Testoni en Buenos Aires, donde cumple detención domiciliaria. Digerónimo se prepara para ordenar su captura -vía exhorto- una vez verificada la dirección. El represor, de más de 70 años, sufriría severos problemas de salud.
La suerte de Rubén Fariña, ex coronel de Inteligencia militar, sigue siendo una incógnita. Hay versiones que dan cuenta de que el Ejército desconoció su pertenencia al arma y otras sostienen que ésta sí fue corroborada. También se especuló con su ausencia del país.
Las órdenes de arresto por venir irán saliendo a la luz en la medida en que se avance con la abultada agenda judicial que tiene Digerónimo.
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