OTRO ROUND POR LA DIVISIÓN DE PREDIOS RURALES

La unidad económica agraria es una figura del Código Civil que tiene como objetivo evitar que la excesiva subdivisión de estos predios transforme a los mismos en minifundios antieconómicos. En la provincia está regulada por la ley 9.319, que indica que el Ministerio de Producción es el encargado de fijar los límites de esta superficie en las distintas regiones de la provincia.

Desde hace varios años, un grupo de diputados justicialistas y del Partido del Progreso Social (PPS), que cuentan con la adhesión de dirigentes comunales del interior y de entidades agrarias impulsa la eliminación de esta figura, argumentando que la dificultad de subdivisión impide a los propietarios de esos terrenos disponer sobre sus propiedades y alienta la conformación de condominios, con sus consecuentes inconvenientes en relación a herencias, testamentos y decisiones de venta.

Del otro de lado de la línea se encuentran la Federación Agraria Argentina, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia, el Instituto de Derecho Agrario del Colegio de Abogados y los partidos de la oposición. Sus argumentos hacen hincapié en la necesidad de evitar la formación de minifundios, tan perjudiciales para el sector agropecuario como los latifundios, en la posibilidad de reformar la ley sin eliminar la superficie mínima.

El año pasado, un proyecto para eliminar la unidad económica agraria llegó a ser aprobado por la Cámara alta, pero en Diputados perdió estado parlamentario. Ahora el debate se reabrió por la iniciativa de Crossetti.

La Federación Agraria vinculó la iniciativa a “sectores profesionales que se verían beneficiados con las subdivisiones y nuevas propiedades mínimas que habilitaría esta ley”.

La senadora socialista Marta Nardoni, en tanto, advirtió que “es falso que eliminar esta restricción favorecerá al pequeño y mediano productor porque así podrán tener título y, por ejemplo, acceso al crédito”. Por el contrario, opinó, “implicará la creación de nuevos minifundios y favorecerá a los actores más fuertes, que sí pueden comprar esas nuevas parcelas, propiciando la concentración de la tierra”.

LOS DEFENSORES

En tanto, senadores y diputados provinciales del Partido Justicialista y el PPS recordaron que el proyecto que modifica la ley 9.319 (“una norma del proceso militar”, enfatizan) recibió más de 300 adhesiones, entre las que se encuentran municipios, comunas y concejos municipales de los 19 departamentos santafesinos, Coninagro, Corenosa, ACA, Sancor, Carsfe y decenas de cooperativas, el Instituto de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de Santa Fe; el Colegio de Médicos Veterinarios y la Comisión de Pastoral Social del Arzobispado de Rosario.

A través de una declaración que firman los senadores Alberto Crossetti, Ricardo Spinozzi y Danilo Capitani, y los diputados José Pividori, Jorge Lagna, Laura Venesia, Ricardo Peirone, Marcelo Gastaldi, Julia Pesaresi, Ricardo Reynoso, Jorge Cura y María Rosa Stanoevich, los legisladores refutaron los argumentos de la oposición y contraatacaron: “A partir de una facultad delegada a las provincias, funcionarios públicos provinciales y la corporación de profesionales sostuvieron intencionalmente como una obligación la prohibición de dividir, ¿se ha querido o no crear una fuente de trabajo para los que realizan estos estudios agroeconómicos y para los que lo autorizan?”.