PADRES CONTRA LA IMPUNIDAD

Eran lo que cualquier otro, hasta que una mano poderosa les arrancó parte de la vida. Una bala, una picana eléctrica o unos cuantos golpes les llevaron a un hijo. Y a ese dolor imposible le tuvieron que sumar la impotencia ante el encubrimiento, la indignación por una Justicia ausente y el desamparo único de la falta de respuestas.

Hoy son padres sin un hijo, curtidos ya en la experiencia de luchar contra policías, fiscales o jueces que escuchan poco. Están decididos a transmitir lo que aprendieron a otros que recién empiezan a probar eso de pelear contra un monstruo sobre el cadáver de un familiar. Su objetivo es que sean cada vez menos los que sufran la impunidad, y la idea es lograrlo desde el mismo Estado que los victimizó.

Son más de 20 familiares de víctimas los que integran el Programa Nacional Anti-Impunidad del Ministerio de Justicia. El coordinador general es Luis Bordón, padre de Sebastián, aquel adolescente asesinado en Mendoza por la Policía durante su viaje de egresados. Raquel Witis, Gustavo Melmann, Rosa Bru y Dolores Demonty son otros de los protagonistas de grandes casos que participan (ver aparte).

Junto a ellos trabaja un equipo técnico formado por ex integrantes de Amnistía Internacional, de misiones de Naciones Unidas y del Servicio de Paz y Justicia, como Sergio Sorín, Leo Fernández, Ana Chávez, Ingrid Breier y Thierry Iplicjian. Entre todos ya intervienen en más de 1.200 casos en los que aparecen señales claras de impunidad.

El Programa fue creado a fines de 2003 pero recién este año empezó a funcionar en serio. Sus dificultades van desde lo presupuestario hasta la incertidumbre de no saber si habrá una continuidad indispensable.

Una línea telefónica gratuita (0800-122-5878) permite acercarse al Programa. A partir de ahí llega el contacto con uno de los seis instructores judiciales de la oficina, que establece si se está ante un caso de impunidad.

Para eso, tiene que haber un abuso de poder por parte de algún actor del Estado, como la Policía; una falta de acción judicial o una denegación de justicia. El instructor analiza entonces el tema, revisa el expediente y busca acciones que se puedan tomar.
Los familiares del Programa acompañan a los nuevos familiares, los asesoran y los orientan. Los ayudan en la difusión pública y les dan apoyo. Mientras, los técnicos buscan patrones de impunidad para denunciarlos y proponer medidas, como cambios de leyes o funcionarios.

“Nosotros somos el anticuerpo del Estado, la respuesta inmunológica de la sociedad ante la impunidad”, señala Bordón. “Trabajamos desde el Estado porque fue el responsable de lo que nos pasó”, agrega Raquel Witis. “Y nuestra lucha también es por mantener la memoria”.