PAGO A EXILIADOS DE LA ÚLTIMA DICTADURA

La decisión del máximo tribunal fue recibida con beneplácito por organismos de derechos humanos y por quienes padecieron el exilio: el representante legal de Vaca Narvaja, el abogado Juan Carlos Vega, reivindicó la resolución en favor de su clienta y estimó que podría beneficiar a “unas cinco mil o diez mil personas”.

Pero también hubo voces en contra, en particular la del ex juez de la Corte Adolfo Vázquez, quien atribuyó la sentencia a “la necesidad del gobierno de reabrir enfrentamientos entre argentinos” y llamó a ponerle “un manto de silencio al pasado”. Siendo la labor de un juez precisamente aquella, la de revisar el pasado –de lo contrario no juzgaría hechos sino que haría una labor de prevención–, la insólita declaración puede leerse en el marco de la ofensiva política del menemismo sobre Néstor Kirchner.

“Éste sigue siendo un gobierno tuerto que lo único que está haciendo es dar una indemnización a una parte damnificada de esta lucha”, rumió bronca el ex juez Vázquez. El ex ministro, que renunció a la Corte cuando avanzaba en Diputados un proceso de juicio político en su contra por mal desempeño de sus funciones, diferenció a lo que consideró “la parte buena de los derechos humanos” de otras que “encubren grandes negocios y dobles intenciones”. Argumentó que no se indemniza a “muchas personas que permanecieron luchando en el país después del 76 con mucho más riesgo de vida que los que se fueron al exterior”, y entre ellos se puso como ejemplo a él mismo.

En las antípodas de Vázquez, el abogado Vega distinguió entre los exiliados “forzozos”, quienes debieron abandonar el país para evitar que los mataran, de aquellos que se fueron por “disensos con el régimen militar”. Es que, en rigor, en la Argentina de la dictadura hubo más de medio millón de exiliados, aunque la mayor parte de ellos quedaría al margen del reclamo.

Algunos huyeron por motu propio del golpe de Estado de Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti –que comenzó a cobrarse vidas el mismo 24 de marzo, como el caso del mayor del Ejército Bernardo Alberte, arrojado al vacío desde un décimo piso presuntamente por quienes debían haberse cuadrado ante un superior–, pero otros lograron escapar sólo gracias a organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) u organizaciones como Amnesty International. Muchos fugaron también en forma clandestina y sólo pocos –como el caso del ex diputado Jaime Dri, que estuvo en la llamada “Quinta de Funes”– de las fauces mismas de sus captores.

Lo cierto es que, según el letrado, todos deberán “demostrar” que sus vidas corrían peligro. En ello, el caso de los Vaca Narvaja resulta paradigmático: Susana Yofre, hoy de 88 años, relató ayer el dramático periplo de su familia –en aquel momento de 27 personas– para salir del país y evitar la desaparición y muerte como ocurrió con su esposo, Hugo Vaca Narvaja, y su hijo, del mismo nombre, ambos abogados, entre noviembre de 1975 y marzo de 1976.