PALOS DE LA JUSTICIA POR LA POLÍTICA PENITENCIARIA

La Cámara Penal de la ciudad de Santa Fe difundió un duro documento en el que resalta las sucesivas advertencias sobre la crisis penitenciaria que ha venido realizando en los últimos años. El escrito se elaboró en respuesta a distintas declaraciones de funcionarios sobre la situación de presos sin condenas firmes a partir de la masacre de Coronda. El alto tribunal se encargó de aclarar que su función en lo atinente a la problemática penitenciaria es de estricto contralor y enumeró una serie de resoluciones, como una del 6 de diciembre pasado, que manifestaba su preocupación por la saturación y deterioro del penal de Coronda.

Para el alto tribunal, “es necesario” que la sociedad conozca los “cuestionamientos que durante años” ha realizado “en cumplimiento de sus funciones propias como contralor del alojamiento y régimen de tratamiento de las personas penadas o sometidas a prisión preventiva”.

En el documento, firmado por el titular de la cámara, Julio César Rondina, se aclara que según la Constitución la cuestión penitenciaria es “función exclusiva” del Ejecutivo provincial y que al Poder Judicial, “particularmente a las cámaras de apelación”, le corresponde el control.

Estos órganos -se explica- deben comunicar a la Corte Suprema y al gobierno “todas las falencias que advierta en su funcionamiento y en el tratamiento” de los presos. Sin embargo, la Cámara resaltó que “sólo puede advertir sobre las falencias detectadas, ya que las soluciones en su mayoría requieren de inversiones” que no son de su competencia.

El primer informe recordado en el documento data del 6 de diciembre pasado y es sobre la cárcel de Coronda. Allí “se exponían serias deficiencias” como la saturación “altamente peligrosa” de su capacidad (1.430 presos en 1.080 plazas, se detalla), la posibilidad de problemas de convivencia y su deterioro edilicio.

La misma situación se describió en los acuerdos de Cámara de mayo y agosto de 2003 y el 7 de septiembre pasado. También se alude a informes anteriores como uno de 2000 en el que el inspector “no podía disimular su desazón y angustia ante cuadros deplorables” y pedía un rol “más protagónico” del Poder Judicial ante la posibilidad de hechos “más graves y hasta de consecuencias fatales”.

Asimismo, Rondina sostuvo en diálogo con LT10 que “hemos realizado muchas advertencias sobre lo que ocurría en la Cárcel de Coronda. Nosotros realizamos detenciones sementrales en los estalecimientos de detención y lo elevamos a la Corte Suprema de Justicia”.

En el mismo sentido, el titular de la Cámara Penal aseguró que se quita espacios a los internos para la recreación. “La cárcel implica la necesidad de ofrecer trabajo, de educar. Debe haber un taller anexo”, explicó.

POSTERGACIONES

Además se cita una reunión de diciembre de 2000 en la cual el entonces ministro de Gobierno, Angel Baltuzzi, y quien era subsecretario de Justicia, Carlos Carranza, sostuvieron sobre la situación carcelaria que “ningún gobierno provincial en los últimos treinta años ha tomado la decisión política, institucional, financiera e histórica de invertir en materia carcelaria”.

Aquel escrito presentado por Baltuzzi también refería las sucesivas postergaciones sufridas por la cárcel a construir para Rosario: en 1974 se aprobó la expropiación de los terrenos, “recién en el año 1992 se llamó a licitación” y en julio de 1995 se abrieron los sobres correspondientes. Sin embargo, la obra no se adjudicó por el recambio de gobierno y en 1996 hubo dos decretos: un declaró la emergencia penitenciaria provincial y el otro, “contradictoriamente”, dejó sin efecto aquella licitación para priorizar el presupuesto en salud y educación, lo cual “agravó la crisis penitenciaria”.

La Cámara también aclaró que del total de 1.360 presos de Coronda “sólo 410” corresponden a su circunscripción, “de los cuales 189 son procesados y 221 condenados”. Y en cuanto al “cumplimiento razonable de prisión preventiva” sostiene que, “más allá de lo relativo del parámetro, existe un total de 35 internos que se encuentran a más de dos años de haberse iniciado la medida cautelar sin haber recaído sentencia”.