PAMI: DETECTAN IRREGULARIDADES EN EL 90 POR CIENTO DE LOS CONTRATOS

Nueve de cada diez contratos prestacionales del PAMI están en situación irregular”. Ese es uno de los datos más fuertes del informe que le presentaron ayer al presidente Néstor Kirchner las autoridades de la obra social de los jubilados, al cumplirse el primer mes de su intervención.

En la rendición de cuentas —a la que tuvo acceso Clarín— se destaca que los 78 contratos que están vigentes actualmente en el PAMI ya fueron enviados a la Oficina Anticorrupción para que investigue en qué casos corresponde recurrir a la Justicia. De hecho, ya se inició una investigación judicial de un convenio odontológico de la gestión del duhaldista Horacio Pacheco, y de un contrato de audífonos.

Después de haberle entregado el informe al Presidente, el interventor del PAMI, Juan González Gaviola, le explicó a este diario cuáles son las principales irregularidades detectadas en los contratos: “La mayoría están vencidos y prorrogados en forma provisoria. En el caso de los audífonos y las prótesis no hay ningún piso de entrega, es decir que las empresas cobraban lo mismo aunque no entregaran nada. Es muy difícil aplicarles sanciones porque, según figura en los contratos, para eso hay que contar con su consentimiento, lo que es un verdadero disparate”.

De los 2.700 millones del presupuesto anual de la obra social, casi el 90 por ciento está destinado al pago de prestaciones.

El 8 de julio, en un gesto político de alto impacto, el Gobierno dispuso intervenir por seis meses el PAMI con la intención de realizar profundos cambios en su estructura. Para justificar la decisión, el decreto que firmó Kirchner se refirió a las irregularidades y las anomalías detectadas por los organismos de control.

Ayer, González Gaviola y el subinterventor del PAMI, José Granero, dieron a conocer algunos puntos del informe en una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Allí, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, subrayó la “satisfacción” de Kirchner por lo realizado hasta ahora por la intervención.

Junto al detalle de las medidas que se tomaron para tratar de mejorar el funcionamiento del organismo, se mencionan en el balance las irregularidades heredadas de las gestiones anteriores.

Según el informe, uno de cada 10 empleados del PAMI goza actualmente de una licencia gremial. Se intentará reducir ese número —agrega— a “estándares de organizaciones equivalentes” a partir de la “asistencia” del Ministerio de Trabajo.

A partir de un cruce de los padrones del PAMI con los de la Superintendencia de AFJP, se dieron de baja 25.000 afiliados que fallecieron. Como en la mayoría de los contratos se paga un monto fijo por afiliado, en el organismo estiman que se ahorrarán 6.300.000 pesos por año. También se hallaron gastos en provisión de oxígeno a beneficiarios fallecidos.

Se encontraron empleados que habían pasado hasta 274 horas extras por mes, cuando existe un tope mensual de 30 horas extras. La intervención asegura que puso en marcha un plan para eliminar totalmente las horas extras, lo que permitiría un ahorro anual de “más de 10 millones de pesos”.

Se detectó un “faltante de rendición de cuentas” por compras realizadas en las distintas sucursales de la obra social en todo el país por 94 millones de pesos y se intimó a los responsables a regularizar su situación contable.

En algunas dependencias, el ausentismo de los empleados llega hasta el 70 por ciento. Las nuevas autoridades están realizando un estudio para contratar “el mejor sistema de control de acceso y egreso del personal y de las licencias”.

Ya se realizó una denuncia penal sobre el supuesto funcionamiento de “una organización que habría institucionalizado el cobro de plus a través de una especie de prepaga que percibía una cifra mensual de beneficiarios del PAMI sin cuyo pago los servicios no eran prestados adecuadamente”. Según González Gaviola, ese plus era de 20 pesos mensuales.

Se detectó medio centenar de sueldos de entre 3 y 6 mil pesos de funcionarios que ingresaron al PAMI como gerentes y que cobran el mismo sueldo pese a haber sido desplazados del cargo.