PAPELERAS: BUSTI IMPUGNÓ EL INFORME DEL BANCO MUNDIAL
El gobierno de Entre Ríos impugnó hoy el estudio de impacto ambiental, elaborado por el Banco Mundial (BM) para la construcción de dos papeleras en Uruguay, mediante una presentación remitida al presidente de ese organismo internacional, Paul Wolfovitz.
“Nos vemos en la obligación de impugnar este estudio por ser el resultado de la violación directa y reiterada de la legalidad interna de la Corporación Financiera Internacional (CFI)”, afirma el texto enviado al BM, firmado por el gobernador Jorge Busti y el vicegobernador, Guillermo Guastavino.
Incompleto. Allí, sostienen que “el estudio de impacto ambiental acumulativo está basado en información incompleta y no incorpora los numerosos estudios que se han realizado y que están en curso para brindar información técnica fidedigna sobre el proyecto de los patrocinadores Botnia y ENCE”.
Así, el gobierno provincial renovó su rechazo a la instalación de las papeleras en Fray Bentos mediante el cuestionamiento al informe presentado por la CFI, la entidad miembro del BM que entrega préstamos al sector privado y encargada de analizar el otorgamiento del crédito a las empresas que construyen las plantas procesadores de celulosa.
“No podemos sino reiterar nuestra enorme preocupación por la negligencia con que personal del Banco se ha conducido con respecto a estos proyectos evidenciada en sus reiteradas violaciones a las políticas de salvaguardia”, apunta el texto.
Destinatarios. Según se informó desde el gobierno provincial, la impugnación fue elevada al presidente del BM, Paul Wolfovitz, y sendas copias remitidas a la ombudsman de ese organismo internacional, Meg Taylor; al canciller argentino, Jorge Taiana; y al embajador argentino ante Estados Unidos, José Octavio Bordón.
Diálogo. En la impugnación, Busti expresó que “tanto el gobierno de Entre Ríos como los afectados reunidos en la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú desean encontrar un espacio de diálogo para avanzar sobre la resolución de este conflicto”.
Además, le ofrecen “los informes técnicos especializados del Estado argentino en el marco de la Comisión Binacional con respecto a la contaminación hídrica y atmosférica que producirán estas plantas” para ser incluidos en el proceso de análisis.
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