PAPELES QUE QUEMAN: UNA CARPETA DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN PEREGRINA POR LOS JUZGADOS SANTAFESINOS

La denuncia por malversación de fondos públicos, provenientes de la Nación en el marco de la asistencia por el desborde del río Salado, que fuera presentada por el empresario santafesino José Miguel Mustafhá, peregrina por los despachos de Tribunales sin que un magistrado local se anime a instruir la investigación. Un año después la carpeta abierta por la Oficina Anticorrupción duerme en los despachos. Fuentes del Ministerio de Justicia de la Nación no ocultaron su malestar por el estado larvario que se le dio a la investigación preliminar. El viernes pasado la Sala III de la Cámara de Apelaciones remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción Correccional de la Séptima Nominación, al entender que el delito denunciado se encuadraría en la figura de malversación simple, cuya pena máxima no excede los tres años de prisión.

LA RUTA DE LA DENUNCIA

La carpeta 3.926 de la O.A. se inició en julio de 2004 con una presentación de José Mustafhá, quien denunció que los fondos que la provincia de Santa Fe recibió del gobierno federal con motivo de la inundación de mayo 2003 habrían sido, en parte, malversados. El denunciante señaló que la ley 25.735 declaró “zona de desastre a varias localidades de la provincia de Santa Fe y dispuso una partida del presupuesto nacional de 150 millones de pesos, pero que el Comité de Emergencia Hídrica provincial utilizó una parte de los fondos federales transferidos (más de un millón de pesos) para otras localidades distintas de las previstas en su afectación legal”.

Abierta la carpeta de investigación, el Dr. Carlos Alberto Carranza, invocando su carácter de ex Ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia de Santa Fe, se presentó el 16 de septiembre de 2004 y reconoció que algunos gastos efectuados con recursos provenientes de la Nación “no encuadran conforme a su ubicación geográfica en la zona de desastre”, pero justificó los mismos invocando la necesidad de elaborar un “mecanismo de compensación” para cambiar la imputación de los gastos. Al respecto, alegó que “habría existido un desfasaje temporal entre la decisión del gobierno nacional de constituir un fondo para la emergencia y la llegada efectiva de tal dinero, por lo que las necesidades de la emergencia debieron ser atendidas con recursos del presupuesto provincial y, posteriormente, cuando llegaron los fondos de origen nacional, fue preciso cambiar la imputación de los gastos”.

Carranza manifestó que, apenas advertidos los referidos defectos de imputación presupuestaria, “se efectuaron las correcciones necesarias antes del cierre del ejercicio contable, y que, por otra parte, no se trataba estrictamente de fondos nacionales, pues los mismos habían sido dirigidos al espacio de gestión provincial”. Entendía, por ello, que no era materia de investigación para una oficina del Gobierno Nacional, y que, en todo caso, los antecedentes podían ser remitidos para su consideración al Juzgado competente de la Provincia de Santa Fe.

El 17 de noviembre de 2004 el entonces Fiscal de Control Administrativo, Dr. Daniel Morín, dictó la “Resolución O.A. Nº 1047/04”. En sus fundamentos se expresa que, si el tipo penal de la malversación intenta resguardar “la seguridad de afectación de los bienes públicos para los fines para los que se los ha creado o reunido”, debería analizarse “si el delito de malversación de caudales públicos se encuentra configurado cuando todavía existen en poder de la administración partidas presupuestarias que permitirían neutralizar un eventual desvío”.

Del mismo modo, los contadores fiscales del organismo nacional, remarcaron que “a fin de entender en lo expuesto, y dada la existencia de una causa penal en la Justicia de Santa Fe donde se investigan hechos relacionados con la cuestión (Juzgado en lo Penal de Instrucción de la 7ma. Nominación de la ciudad de Santa Fe), el Fiscal de Control Administrativo decidió remitirle a dicho magistrado copia de las actuaciones, y archivar la carpeta de investigación de la O.A”.

Así se hizo, pero con fecha 30 de noviembre de 2004, el juez de instrucción provincial Diego Andrés de la Torre devolvió la copia de las actuaciones entendiendo que “no había conexidad entre la carpeta de la O.A. y la causa que se tramita en su juzgado”, dirigida a investigar la posible “responsabilidad penal de funcionarios provinciales y/o municipales en la figura del estrago culposo”, con motivo de la inundación de abril – mayo de 2003.

Las actuaciones volvieron al organismo nacional y a mediados de febrero de este año, el actual Fiscal de Control Administrativo, Abel Fleitas Ortiz de Rosas, decidió insistir con la competencia santafesina. Fue así que el 7 de marzo le remitió las actuaciones al Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe (Circunscripción Judicial Nº 1) Julio César Rondina. En principio, según informaron desde la O.A, el expediente debía ser sorteado por la Cámara, pero Rondina envió el expediente al juez Carlos Ferrero por entender que debía investigar el caso el magistrado que se encontraba de turno al momento de presentarse la denuncia.

Rondina se tomó una semana para analizar la carpeta de la Oficina Anticorrupción e instruyó al juez Ferrero a que determine si es competencia de la justicia santafesina la investigación del delito denunciado.

El juez de instrucción recibió el expediente en marzo y dispuso de algunos días para analizar si existía un delito, si era competencia de ése Juzgado la investigación y si efectivamente la denuncia coincide con el turno del magistrado. Pero el magistrado entendió que no tenía competencia procesal, corrió vista al Fiscal para que el defensor público analice las actuaciones, ya realizadas por la Fiscalía de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción.

La denuncia de Mustafhá presentada ante la Oficina Anticorrupción desembarcó así en el juzgado de instrucción de la Quinta Nominación, que se encontraba entonces acéfala por el fallecimiento del ex juez Eduardo Giovaninni (el 26 de marzo del año pasado). Su reemplazante, el doctor Darío Daniel Sanchez (quien se hizo cargo del Juzgado el 6 de julio) vio pasar el expediente porque, quien estaba de turno como reemplazante de ese Juzgado mientras estuvo sin juez, fue el propio Carlos Ferrero que entendió que el delito denunciado encuadraría en la figura de “malversación simple”, cuya pena máxima no excede los tres años y remitió las actuaciones al Juzgado Correccional de la Segunda Nominación, a cargo de Roberto González

Según lo informado por fuentes tribunalicias, González recibió el expediente y estimó que no había una fecha determinada de los hechos investigados (la denuncia de José Mustafhá hace mención a la firma de dos decretos que reasignan los fondos cuestionados – ver subtítulo más abajo -) razón por la cual, a su criterio, debía intervenir el Juzgado que estaba de turno a la fecha en que se hizo la denuncia ante la Oficina Anticorrupción. Así, el expediente aterrizó en el Juzgado Correccional de la Séptima Nominación (vacante desde el fallecimiento del Juez Raúl Candioti). El Juez a cargo de ese juzgado, Orlando Pascua, no estuvo de acuerdo con el criterio de González, por lo que la Cámara de Apelaciones en lo Penal debió intervenir para resolver la competencia.

Así las cosas, el viernes pasado, la Sala III del tribunal de alzada (integrada por Julio Rondina, Carlos Estrada y Eloy Suárez) coincidió con la postura de González y el expediente fue remitido nuevamente al Juzgado Correccional de la Séptima Nominación, aunque aún no se sabe si el propio Pascua deberá hacerse cargo de la brasa caliente o será otro juez el que (por la rotación que se hace sobre el Juzgado) investigará la denuncia presentada hace más de un año en el organismo nacional.

LOS DECRETOS DE OBEID QUE LE ACOMODARON LAS PARTIDAS AL LOLE

Los dos actos administrativos fueron firmados por Obeid y sus ministros. El decreto 0913, del 1 de junio de 2.004, “Autoriza a los Servicios Administrativos del Ministerio Coordinador y Otros a efectuar regularizaciones contables y Otras sobre Situación de Emergencia Hídrica”
La decisión de modificar la utilización de los dineros públicos, está bien detallada en los considerandos del decreto, que reza: “Que no obstante que en el ejercicio 2003 se destinaron fondos de Rentas Generales por la suma de $ 111.317.672.- para la atención de las erogaciones derivadas de las inundaciones del Río Salado, se entiende pertinente afectar los saldos no invertidos resultante de las adecuaciones presupuestarias señaladas anteriormente al destino previsto en la Ley N° 25.735, incorporando el mismo al Presupuesto del corriente ejercicio”.

El otro decreto, el 1.496, firmado el 13 de agosto del año pasado, autoriza a la Dirección Provincial de Vialidad a efectuar las regularizaciones contables derivadas de los gastos atendidos con aportes de la Emergencia Hídrica.

El propio decreto argumenta en sus considerandos “Que el actual Senador de la Nación Dn. Carlos A. Reutemann solicitó por nota de fecha 31 de marzo de 2004, la revisión de aquellos actos en que se pudiera advertir un destino distinto al otorgado por el Gobierno Nacional al referido aporte, y se inicien las acciones pertinentes que pudieran corresponder”.
Más adelante especifica “Que en orden a la solicitud referida se realizaron las respectivas verificaciones en las áreas involucradas, dando lugar al dictado del Decreto N° 913/04 por el cual se autoriza a efectuar las regularizaciones contables, financieras y presupuestarias derivadas de la reimputación de erogaciones al presupuesto de rentas generales del ejercicio 2003, atendidas con el aporte recibido en el marco de la Ley N° 25.735”.