PARA ARSLANIAN, LA IMPLEMENTACIÓN MASIVA DEL JUICIO POR JURADOS ES “INCONVENIENTE”

A pocas horas de la puesta en práctica de la primera experiencia de juicio por jurados en el país, en Córdoba, en un proceso contra un hombre acusado de homicidio, el ministro de Seguridad bonaerense y eterno candidato a integrar la Corte Suprema, León Arslanian, consideró que la implementación masiva del procedimiento sería “inconveniente”.

Arslanian sostuvo, en una entrevista publicada en (Diario Judicial), que “la ciudadanía no está preparada” para ser jurado. Y planteó varios reparos más al sistema.

“Hay que hacer una evaluación cuidadosa de su praxis en los Estados Unidos, desde donde surgen críticas bastante duras. Hay que recoger mucho y evaluar empíricamente el funcionamiento que ha venido teniendo. Creo que su implantación masiva sería francamente inconveniente”, manifestó.

El sistema debutó en el país ayer, en los Tribunales de San Francisco, Córdoba. Se trata de la primera experiencia judicial del país con la participación de ocho jurados populares —simples ciudadanos— y tres jurados “técnicos”, que son los miembros de un Tribunal. Los once tendrán voz y voto a la hora de decidir si un hombre acusado de “homicidio agravado por alevosía” es culpable o no.

El juicio oral se extenderá hasta mañana. Y significa la primera aplicación de la ley provincial aprobada el año pasado por la Legislatura bajo la presión de Juan Carlos Blumberg.

En la entrevista, Arslanian habló también de otros temas en los que su voz es protagonista:

Su candidatura a la Corte: “Me resulta halagador ocupar una posición en la Corte, como a cualquier hombre de Derecho, pero yo vine acá para llevar adelante una obra mayúscula”.

Lo que falta en la Provincia: “Hay que terminar con el proceso de reorganización, el proceso de depuración policial, que no ha concluido, y todos estos esquemas que estamos lanzando, como por ejemplo la existencia del 911”.

El debate por la injerencia de otros poderes en el Judicial: “La Corte no es un poder privilegiado, es un poder más del Estado, dotado de ciertas garantías vinculadas con la importancia de su función. Ahora, de ahí a que no pueda hacerse desde el poder político o del Poder Legislativo comentarios respecto de los fallos, me parece que eso sería un error”.