PARA CARRANZA, “LOS PRESOS DE SANTA FE NO ESTÁN HACINADOS”

El ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Carranza, sorprendió ayer al negar, durante un acto oficial, la existencia de hacinamiento en cárceles y comisarías santafesinas, aunque aceptó que hay “superpoblación”. Sus declaraciones fueron refutadas de inmediato por el juez de instrucción Carlos Triglia y por la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC). Más allá de la cuestión semántica, todos los sectores coincidieron en el análisis sobre el desborde actual y las dificultades para hallar una solución rápida al acuciante problema. En ese sentido, por ejemplo, se inscribe la demora en el comienzo de la obra de la cárcel de Piñero.

El cruce verbal tuvo como escenario los altos de la ex Jefatura de Policía, donde, con la presencia de otras autoridades del área de Gobierno, jueces, miembros de la CTC, del Rotary Club y del Club de Leones, se firmó el acuerdo para relanzar el Patronato de Liberados. Esta institución, que preside el abogado Hugo López, intenta facilitar la reinserción social de los detenidos.

ENFERMEDADES SOCIALES

“No podemos hablar de hacinamiento en las cárceles y comisarías, sí de superpoblación”, dijo Carranza, para luego trazar un balance positivo de su gestión. “Entregaremos a las próximas autoridades muchos menos detenidos de los que recibimos cuando llegamos al gobierno”, agregó. En relación a la situación general de los presidios en la provincia, el ministro comentó que se han “erradicado enfermedades sociales en los penales, los motines se han reducido y se ha recapturado al 80 por ciento de los detenidos fugados”.

La respuesta llegó casi al unísono. “Las cárceles no dan abasto”, opinó el juez Triglia, que días atrás había defendido el proyecto del Poder Ejecutivo de enviar presos a la colonia psiquiátrica de Oliveros, y esta vez se expresó en sintonía con la CTC. “El hacinamiento es una realidad con la cual permanentemente tenemos que convivir; se hacen paliativos, se trasladan internos, se aumenta la capacidad en las cárceles que están habilitadas, pero no dan abasto”, consideró el magistrado, quien ha emitido numerosas resoluciones a favor de reclusos que interpusieron hábeas corpus por el agravamiento de sus condiciones de detención.
Triglia indicó que “cada comisaría tiene un lugar asignado por cantidad de metros cuadrados, lo cual la convierte en habitable, pero lamentablemente el problema de hacinamiento se da en todas las seccionales”. Asimismo planteó que “mejorar esta situación es una decisión política”, que como tal le compete al poder político.

En tanto, Carmen Maidagan, abogada de la organización de derechos humanos CTC, rechazó las declaraciones de Carranza en cuanto a la salud y el alojamiento de los detenidos. “Al menos hay un hábeas corpus por comisaría”, recordó la letrada, quien además puntualizó: “La Justicia provincial ordenó al Servicio Penitenciario la atención médica de los presos que fueron heridos en el último motín de Coronda, ocurrido dos meses atrás, con lo que queda demostrado que ni la salud ni el alojamiento están en las condiciones que Carranza dice”.

En ese contexto, trascendió que hay demoras para el lanzamiento de la obra del penal de Piñero, que tendrá capacidad para 320 presos repartidos en cuatro pabellones modulares. “Nunca hubo fecha exacta para el comienzo; la semana que viene arranca la construcción”, tranquilizó al respecto el subsecretario de Justicia, Gustavo Vera, quien sin embargo reconoció que cuando ya estaba todo listo surgieron “trámites” de último momento. “Hubo algunas solicitudes del presidente de la comuna al ministerio de Obras Públicas de la provincia, como la instalación de una red de gas natural y mejoras en la comisaría, entre otras cosas”, relató el funcionario, quien confió en destrabar pronto ese obstáculo “ya que el obrador está instalado, la licitación adjudicada y
ya hay movimientos de tierra”.

La obra tiene un costo aproximado de 19 millones de pesos y se ejecutará en un plazo de dieciocho meses.

HABEAS CORPUS Y TRASLADO EN LA ALCAIDÍA DE LA UR I

Los internos alojados en la alcaidía de la Unidad Regional I de la ciudad de Santa Fe presentaron ayer un hábeas corpus ante el juez de Instrucción Nº 1, Julio César Costa, en el que denuncian las precarias condiciones en las que deben cumplir su arresto.

El panorama se compone de falta de higiene (“rotura de sanitarios, convivencia con pulgas, piojos y todo tipo de parásitos, insuficiencia de elementos de limpieza, olor nauseabundo que emana de la basura dentro y fuera de los pabellones, con gusanos y moscas”), hacinamiento (en algunos pabellones con capacidad para dieciocho personas hay treinta), malos tratos a las visitas y poco espacio para el contacto con los familiares.

Por tal motivo, el magistrado decidió ordenar el traslado de presos al penal de Coronda, luego de realizar una inspección ocular del lugar, en la jornada de ayer.