Para el Cels los reclamos de Argibay tienen “un peligroso sesgo corporativo”

“La responsabilidad para avanzar rápidamente en estos procesos es de todas las agencias del Estado, pero los obstáculos más graves que se registran actualmente responden a la actitud de resistencia pasiva de cierto sector del poder judicial”, indica en un comunicado.

“El Cels -añade- ha señalado en más de una oportunidad que numerosos magistrados dilatan en forma indefinida los juicios o se niegan a darles la publicidad necesaria”, sostuvo la ONG.

El Cels entendió que esa actitud “complementa la táctica generalizada de las defensas de deslegitimar los procesos, prolongándolos para que no lleguen al debate”. ”Entonces, aunque son atendibles las observaciones de la jueza Argibay en relación a las necesidades del Poder Judicial, tienen también un peligroso sesgo corporativo al no admitir simultáneamente ninguno de estos graves problemas”, criticó la ONG.

Argibay había reclamado la semana pasada más recurso y el nomb ramiento de jueces para poder acelerar las causas y juicios por derechos humanos y rechazó los dichos de la presidenta Cristina Kirchner respecto a que el Poder Ejecutivo y Legislativo ya habían hecho su parte para agilizar esas causas.

El Cels también reclamó que los tres poderes del Estado trabajen de manera coordinada “para buscar una solución que respete tanto los derechos de las víctimas como de los victimarios y, en especial, los reclamos de la sociedad en favor de una justicia eficaz que no demore otros veinte años para procesar hechos ocurridos hace treinta”.

La ONG recordó que de las 1039 imputadas por delitos de lesa humanidad en todo el país, solo 38 fueron condenadas (el 40 por ciento), mientras que de las 200 causas que están siendo investigadas, apenas el 17 por ciento fue elevada a juicio oral. “Mientras tanto, los años pasan y 193 personas implicadas en estos crímenes han muerto sin llegar a juicio”, se lamentó la entidad.