PARA GRACIELA OCAÑA EN ROSARIO HAY “UNA MAFIA DE LOS SEPELIOS”

“No vamos a permitir que las mafias manejen el Pami y la Ansés”, enfatizó Graciela Ocaña.
La interventora del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), Graciela Ocaña, denunció ayer públicamente que en la provincia existe “una mafia que quiere volver a las viejas andadas” en relación a las empresas que prestan servicios de sepelio y que en los últimos días se han negado a hacerlo con algunos afiliados a la obra social, razón por la cual los familiares de los fallecidos recurrieron a la Justicia federal para que les otorgue un recurso de amparo y así poder dar sepultura a su seres queridos.

“Nosotros estamos haciendo una denuncia porque hemos tomado conocimiento de un par de casos donde las empresas que no quieren adherir a este sistema están forzando a estas situaciones de amparo, están haciéndoles firmar a un jubilado la retención, digamos, por la tramitación de hasta dos (subsidios) y por supuesto esto no va a ser pagado, y vamos a hacer la acción penal correspondiente”, aseguró ayer Ocaña en diálogo radial.

La funcionaria kirchnerista proveniente de las filas del ARI llevó tranquilidad a los afiliados al Pami Rosario al asegurar que “ante cualquier problema, el Pami y la Ansés van a pagar y se van a hacer cargo” de los costos del sepelio, y agregó con énfasis: “No vamos a permitir que las mafias vuelvan a manejar el Pami y la Ansés”.

Como publicó este diario ayer, la Justicia federal debió ordenar a la delegación Rosario del Pami que cubra el sepelio de dos afiliados. El primero ocurrió el viernes de la semana pasada cuando José Gutiérrez, de 70 años, falleció en el hospital Carrasco y recibió sepultura recién cuatro días más tarde. El otro caso es el expuesto por familiares de María Rosa Gómez, de 80 años, quienes también acudieron al Juzgado federal a cargo de Silvia Aramberri habida cuenta de que adujeron no tener dinero para comprar un ataúd y solventar los gastos del velatorio de la anciana.
El jueves uno de los defensores oficiales de los tribunales federales, Osvaldo Gandolfo, dio detalles de los casos de pedido de recursos de amparo existentes y aseguró que había “situaciones terroríficas” a la vez que aclaró que la respuesta a los ancianos debía provenir de las autoridades encargadas de brindarles seguridad social y no de la Justicia federal rosarina, donde se estaba resolviendo el conflicto.

Ocaña rompió el silencio ayer para denunciar la existencia de mafias entre los prestadores del Pami que no están de acuerdo con el nuevo modelo prestacional de la obra social más grande del país. “Cuando yo llegué acá (al Pami), me dijeron que si el Pami había sido históricamente el lugar y la academia de la corrupción, Rosario es donde se hacía el master”, destacó la funcionaria.

“Nosotros lo que hemos trabajado con el doctor (Sergio) Massa (titular de la Ansés) es un sistema que, en definitiva, por un lado ha aumentado el valor de la prestación –que pasó de 450 pesos a 1.000 pesos– y, por otro, ha puesto en cabeza de la Ansés el pago de los sepelios. Lo ha sacado de la órbita del Pami”, explicó Ocaña.

La funcionaria nacional sostuvo que “una cantidad de cocherías y empresas fúnebres de todo el país ha adherido a este sistema por el cual se le hace firmar al familiar del beneficiario un documento por el valor del sepelio” hasta que se concrete el trámite interno de la obra social. La directora del Pami endureció luego su lenguaje al afirmar que “el problema es que en Santa Fe hay una mafia de empresas que evidentemente quiere volver a las viejas andadas”.

ANTECEDENTE DE LA DELEGACIÓN LOCAL EN LA MIRA DE LA NACIÓN

La Unidad de Gestión Local (UGL) IX del Pami no es la primera vez que aparece vinculada a las denuncias de existencias de mafias. A poco de asumir Néstor Kirchner la presidencia, el 14 de agosto de 2003, el entonces titular nacional del Pami, Juan González Gaviola, y el entonces ministro de Justicia, Gustavo Béliz, denunciaron la existencia de “prácticas mafiosas” en la delegación Rosario de la obra social. En esa oportunidad dos auditores que revisaban los papeles del Pami local recibieron amenazas y pintadas intimidatorias en sus domicilios. Sospechamos la existencia de una mafia que actúa a nivel local con ramificaciones de naturaleza gremial, judicial y con prestadoras como contraparte”, dijo en aquella oportunidad Béliz. Por otro motivo, ahora es Ocaña la que insiste con el tema de las presuntas mafias en el Pami local.