PARA HAMMERLY, AGUAS "EMBARRA LA CANCHA Y DILATA LAS SOLUCIONES"
“La empresa Aguas Provinciales tiene que decidir si va a cumplir o no con sus compromisos, pero en cambio embarra la cancha para dilatar cualquier tipo de solución a los problemas”. Así se expresó el ministro de Obras Públicas de la provincia Alberto Hammerly sobre la intimación realizada por APSF en la que plantea plazos y pedidos de “respuestas” en el litigio que mantiene con el gobierno provincial, además de amenazar con irse de la concesión. Hammerly dijo que será la provincia la que “demande a Aguas por los perjuicios que está ocasionando”.
Mientras tanto el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) también respondió al documento que Aguas puso en el escritorio del gobernador Jorge Obeid y dijo que esa intimación no es otra cosa que la respuesta a la fijación del Plan de Exigencias Mínimas del ministerio a la concesionaria para el año 2005.
Para Hammerly, la nota que Aguas Provinciales remitió al gobernador Obeid, donde hace referencia al punto 13.4 del contrato de concesión referida a la rescisión del contrato por causa del concedente, “es una forma de respuesta porque a la empresa sólo le interesa hacer lo que quiere y no lo que se comprometió a hacer cuando firmó el contrato de concesión con la provincia de Santa Fe”.
El ministro de Obras Públicas dijo a Rosario/12 que el documento que llegó al despacho de Obeid y por el que la concesionaria intima al Ejecutivo a que en 30 días hábiles dé una respuesta formal al extenso litigio “es una forma más de dilatar las obligaciones que tiene que cumplir”. La compañía de capitales franceses también advierte que si no hay respuesta deja abierta la posibilidad de rescindir el contrato con el argumento de “incumplimiento por parte del Estado”.
Hammerly respondió que “ellos tienen obligaciones que cumplir” en cuanto a las obras y refirió a que el contrato de concesión fijaba los diez primeros años para que las 15 ciudades que cuentan con el servicio “tuvieran agua y cloacas que por distintas razones no se tienen”.
El incumplimiento de Aguas hace referencia además a que la concesionaria se comprometió “a pagar créditos que les fueron transferidos desde la ex Dipos y no cumplieron puntualmente. Además -dice Hammerly- pretenden que la provincia se haga cargo de créditos que tomaron y que hacen al riesgo empresario. Es la empresa la que tiene que decidir si va a cumplir con sus compromisos, pero recurre a planteos como el que hace ahora, con los que embarra la cancha para tratar de dilatar cualquier tipo de solución a los problemas”.
Hammerly no adelantó cual será la respuesta al documento de Aguas Provinciales, que el gobernador analizará también con la Fiscalía de Estado y el Enress, pero aclaró que “será el gobierno provincial el que demande a Aguas por los perjuicios que está ocasionando”.
Mientras, el Enress planteó ayer a través de un comunicado que la presentación de APSF se hizo después de que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos estableció a través de la resolución 50 del 15 de marzo pasado el “Plan de Exigencias Mínimas” a cumplir por la concesionaria durante el año 2005. Desde el Enress se sostiene que la presentación realizada por Aguas “contiene inexactitudes” y la referencia es hacia las que “involucran” al Ente Regulador. El Enress rechaza el documento de APSF cuando habla del incumplimiento del concedente y de la pretensión que atribuyo al Ente Regulador de procurar llevar a la concesionaria “de manera ilegítima y artificial a una situación de incumplimiento ignorando el estado de ahogo financiero que le ha impuesto la propia concedente”.
El Enress sostiene que cumplió “estrictamente con sus funciones de regulación y control en el marco de las normas aplicables” y sostiene que tampoco es cierto que Aguas Provinciales haya remitido en forma completa y con los respaldos correspondientes “la información económica que sirviera de base para el reclamo que APSF y sus accionistas están llevando adelante ante el CIADI (tribunal internacional) contra la República Argentina”. Además el Enress aplicó una multa a Aguas por no haber cumplido con esta obligación.
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