PARA LA JUSTICIA NO HAY ABUSO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

El relevamiento sobre la situación de los presos rosarinos solicitado por el Ministerio Público la semana pasada arrojó como resultado que en la ciudad se encuentran detenidas 1.366 personas con causas penales en trámite. Si se tiene en cuenta que el año pasado ingresaron al fuero Correccional y de Instrucción en total 45 mil sumarios con imputados individualizados, la cantidad de reclusos con prisión preventiva representa un mínimo tres por ciento, según analizaron en Tribunales.

Todos los jueces de la Cámara Penal se reunieron ayer con el fiscal de segunda instancia Guillermo Camporini, quien había pedido el informe a instancias del procurador de la Corte Suprema Jorge Bof. La conclusión fue que, a diferencia de lo planteado por el ministro de Gobierno de la provincia Roberto Rosúa, no hay abuso de la prisión preventiva ni incumplimiento de los plazos legales. “El Poder Judicial está trabajando bien, no se han detectado anomalías”, resumió Camporini, y respaldó sus dchos en las cifras que informaron los jueces penales.

A disposición de los 14 juzgados de instrucción, que tramitan los delitos más graves, se encuentran detenidas 483 personas, nueve de las cuales llevan más de ocho meses en esa condición (se trata del plazo máximo establecido por la ley). Es decir que un 1,86 por ciento no está en regla. La cifra es más alta en los juzgados de sentencia, que sustancian los juicios. A disposición de los seis jueces de este fuero hay 817 reclusos, 60 de los cuales (7,3 por ciento) llevan más de dos años con prisión preventiva. Luego hay 10 personas (1,2 por ciento) detenidas hace más de tres años. La mención de estos términos temporales obedece a que son los máximos plazos para que un ciudadano espere tras las rejas una sentencia.

Los números surgidos del relevamiento demuestran estándares aceptables, creen en el Poder Judicial, donde no quieren contestarle con dureza a Rosúa para no seguir con el cruce verbal que ya involucró al mismísimo presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez. Sin embargo, también quieren dejar en claro que la morosidad que el ministro les enrostró no es tal (más del 90 por ciento de los detenidos transcurre su proceso dentro de los plazos fijados por ley). Las estadísticas se elaboraron rápidamente, en una semana, y estuvieron listas un día antes de la feria de invierno.

El titular de Gobierno también había reclamado a los magistrados que apuren las causas porque al final de los procesos resulta que muchos detenidos terminan absueltos. Las estadísticas indican lo contrario: de las 1.428 personas a las que se les dictó fallo en los juzgados de Sentencia, 1.169 recibieron condena y 259 absoluciones. Otro elemento que se conversó durante el encuentro en la Cámara de Apelaciones es que desde 1976 no se crean juzgados (ese año se puso en funcionamiento el sexto tribunal de sentencia).

Sobre la prisión preventiva, el fiscal Camporini destacó que “no hay exceso de esta figura, por cierto sujeta al control de las partes”. Es decir que tanto el Ministerio Público como la defensa pueden apelarla, llegando incluso hasta la Corte. “Los jueces se manejan de acuerdo a lo que establece el Código de Procedimientos, que fija los términos de la prisión preventiva (artículo 329) y de la excarcelación (artículos 337 y 338)”, agregó el fiscal, considerando que si el poder político quiere morigerar estas pautas para que haya menos detenidos puede hacerlo reformando el Código.

De hecho, el inciso 3º del artículo 338, que impide la libertad a quien ya haya recibido dos excarcelaciones, se dispuso en abril de 1989. Eran tiempos conflictivos en la provincia, donde ya se palpitaba lo que sucedería un mes después: hiperinflación y saqueos.

Endurecimiento de condenas

“A mayor población y mayor pobreza, más delito”, recordó el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini. La ecuación parece lógica pero a veces se pierde de vista a la hora de explicar el aumento de la criminalidad y el desborde penitenciario.

Además de la celeridad judicial, la modernización de los procedimientos (Santa Fe es la única provincia en la que rige el juicio escrito) y la construcción de cárceles, la mejora en la calidad de vida de la población sería una de las maneras más efectivas de prevenir el delito, interpretó el funcionario. Sin embargo, la corriente de opinión nacional –que redundó en reformas al Código Penal– se ubica en las antípodas, a partir del endurecimiento de las penas.