PARA LA LEGISLATURA, LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL PUEDEN ESPERAR

Cuatro meses atrás la diputada Lucrecia Aranda (PS) presentó un proyecto para crear el servicio provincial de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia. Sin embargo, desde entonces la iniciativa duerme en la comisión de Salud, y aún no ha recibido tratamiento legislativo. “Desde hace años las discusiones se dan solamente entre la interna del PJ”, criticó la socialista en diálogo con Rosario/12. El proyecto apunta a crear un órgano que trabaje en coordinación con las dependencias ya existentes relacionadas al tema, para brindar mayor asistencia clínica a las víctimas, apoyo psicológico y contención, y un primer asesoramiento jurídico en caso de que quisieran realizar la denuncia penal. Además se capacitaría al personal sanitario para resguardar las muestras que se tomen en los efectores y la ropa de la víctima, de forma tal que fueran útiles como pruebas en un eventual proceso judicial.

Aranda fundamentó el sentido de la iniciativa en que “ante un hecho tan terrible como un ataque sexual, es muy probable ‑sobre todo en las mujeres, que son la mayoría abrumadora en estos casos, además de niñas o niños‑ que no recurran a la justicia. Esto es algo muy pesado y muy difícil para las mujeres. Pero lo que es más factible, es que atiendan su salud. De hecho concurren más a los servicios de salud, que a hacer la denuncia a la policía. Entonces pensamos que es una buena vía de ingreso de estos casos. Es abrir una nueva puerta de ingreso adonde recepcionar, contener, proteger, reparar en lo posible, y prevenir situaciones posteriores”, explicó la diputada, antes de agregar que además sería necesaria una intensa campaña para difundir el servicio.

Pero en la Legislatura no parecen estar muy preocupados por el tema, aunque Aranda cree que no es nada personal: “Es muy distinta la posibilidad de que se trate un proyecto de ley que presente un diputado de la oposición, a que lo presente un diputado de la mayoría. Porque esta es la práctica política que está instalada”, aseguró Aranda y continuó: “Cuando reducimos la Legislatura solamente a proyectos de comunicación, o a pedidos de informe, le estamos quitando su verdadero contenido, su verdadera dimensión. La Legislatura debe ser el control del Ejecutivo, el contralor. Esto es una cuestión de práctica política, de cultura política, que sin lugar a dudas hay que modificar”.

En este contexto, la legisladora analizó la realidad legislativa de la provincia y aseguró que “sufre muy fuertemente en todo su accionar, de lo que nosotros hemos dado en llamar la mayoría automática. Esta forma institucional establecida en nuestra Constitución provincial del año 1962, ha resultado muy perjudicial para el funcionamiento libre de los tres poderes. Es todo un sistema institucional armado en la provincia, adonde hay una gran concentración de poder en el partido de gobierno. Entonces esta cuestión de que quién gana ‑con un voto, con la cuestión de la Ley de Lemas, o con más o menos votos‑ tiene la mayoría porque la Constitución se la otorga, hace que no haya necesidad de búsqueda de consenso, que no haya apertura, porque ‑como se dice en la jerga política‑ ellos tienen los votos”.

En la misma línea, dijo que “en realidad uno trabaja más desde afuera y con la población, haciendo presión y haciendo lobby en el buen sentido, tratando de escuchar esta necesidad, que la posibilidad de debate real que existe en el ámbito de la Legislatura”. Además agregó que “es poco beneficioso para la provincia este sistema de mayoría automática donde desde hace tantos años, solamente las discusiones se dan en la interna del PJ. Una vez que acuerdan en el PJ, lo que opinan los otros partidos no tiene un peso real en los números. Sí lo tiene en la ciudadanía, sí lo tiene en la opinión pública”. Y sentenció Aranda que “a veces tengo la sensación de que los debates se dan más fuera de la cámara, que adentro”.

El proyecto de asistencia la víctimas de violencia sexual “trata de retomar para el nivel provincial una experiencia que existe en el municipio de Rosario: un sistema o un servicio de atención a víctimas de violencia sexual en los hospitales”, sólo que en este caso se prepararía a un equipo de guardia de cada efector con un botiquín especial para estos casos. El programa propone algunas cuestiones operativas sencillas que tienen que ver con la salud, como qué análisis deben ofrecerse para hacer en forma gratuita en el momento, la persona que atiende debe estar entrenada para atender a víctimas de violencia sexual, qué cuidados y qué batería de medicamentos debe estar disponible en relación a la transmisión de enfermedades, como el HIV y otras enfermedades de transmisión sexual, y en la prevención de un embarazo.

“Después se abre una instancia de contención emocional y psicológica, también con profesionales que tienen que estar entrenados especialmente para esto. Y una tercera cuestión, el asesoramiento legal. Una cuestión básica de asesoramiento legal como dónde puede hacer la denuncia, dónde guardar las pruebas, si ‑por ejemplo‑ se la revisa y hay restos de semen, o algún elemento debajo de las uñas, o en la ropa”, detalló Aranda, y destacó la importancia del entrenamiento de los médicos para guardas pruebas, ya que tanto la ropa como las muestras que se le tomen en el centro de salud adonde ella concurra, son pruebas contundentes para un proceso judicial.