PARA PERAZZO, LA POLICÍA NO TIENE IMPUNIDAD

La Jefatura de Policía de la Provincia dio a conocer un comunicado en el que informa sobre las causas en las que fueron involucrados agentes de la repartición, bajo sospecha de haber incurrido en irregularidades o complicidad en procedimientos contra el narcotráfico.

En recientes intervenciones públicas, la jueza Laura Cosidoy -integrante del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario- expuso que el nivel alcanzado por la comercialización de drogas sólo es posible con la complicidad policial. En la disertación brindada la semana pasada en Santa Fe, invitada por la Asociación Anticorrupción, precisó que existían 21 causas en las que el Tribunal había llamado la atención y reclamado una investigación acerca de acciones u omisiones del personal interviniente.

“Son cosas que no podemos probar, pero que mandamos a investigar. Se repiten casos de falso testimonio, o de abogados que denuncian a los investigadores. Se tergiversan las cosas para ocultar una relación anterior con el procesado, o se oculta que existió una entrada de los policías previa al procedimiento formal”, ejemplificó Cosidoy en declaraciones periodísticas, aludiendo a un rango de conductas que abarcan el abandono de promisorias líneas de investigación, secuestro de drogas justificados en operativos nunca realizados, encubrimientos, extorsiones, falsedades e irregularidades en el manejo de los testigos.

LA RESPUESTA POLICIAL

En el documento emitido hoy por la Jefatura de Policía, se pasa revista al estado de las causas en las que está involucrado el personal policial. La puntualización coincide en parte con los casos reseñados en un informe del diario La Capital, donde se hizo un extracto de las causas mencionadas por Cosidoy y emanadas del Tribunal que integra, junto a Santiago Harte y Otmar Paulucci.

En una resolución del 19 de setiembre de 2003, el Tribunal alude a un caso de almacenamiento de estupefacientes, en el cual el imputado y un testigo denunciaron irregularidades cometidas por el jefe y personal de la Brigada Operativa de la Dirección General de Drogas Peligrosas. La acusación involucró desobediencia e instigación de allanamiento ilegal, pero fueron sobreseídos por el Juzgado Federal No. 3 de Rosario.

El 18 de marzo de 2004 se inició actuación contra el oficial Fernando Romitti, por una causa en la cual se incautaron pastillas de éxtasis a un transeúnte y bochas de cocaína y plantas de marihuana en un departamento, pero no se siguió a una sospechosa -aludiendo no tener móviles disponibles-, ni se avanzó en la indagación del destino, personas y lugares adonde los denunciados se dirigían. La “pésima y sospechosa actitud policial” mereció una sanción disciplinaria al oficial principal Fernando Romitti, que no fue imputado de ningún delito.

El 2 de mayo de 2005, los comisarios Alberto Antegiovanni y Carlos Rodríguez fueron acusados de encubrir a una familia vinculada con el narcotráfico y de falso testimonio, en la causa donde fuera condenado Ariel “Gitano” Luraschi -condena luego anulada por un tribunal superior- y que también involucró a dos comandantes de Gendarmería. La Sala II de la Cámara de Casación Penal anuló parcialmente los puntos de fallo que involucra a personal policial, por carencia de fundamentación. Uno de los oficiales fue separado de su cargo por ese fallo, situación que ahora se encuentra en revisión.

El 7 de mayo de 2005, el subcomisario Marcelo Marcos fue acusado de encubrimiento y extorsión durante un operativo. La causa está en trámite.

En octubre de 2005, cinco policías fueron acusados, entre otras cosas, por no haber sabido dar precisiones sobre la forma en que se llevó a cabo un procedimiento. La causa está en trámite y también la investigación administrativa dentro de la propia Policía.

OTROS CASOS

La información periodística publicada ayer mencionaba también un caso en el cual se consideró “inadecuado” el proceder policial al seleccionar testigos en un caso, buscando para ello a un hombre de 71 años, analfabeto y con dificultades para ver y oír. No hay personal policial procesado, ni imputado en sumario administrativo por esta causa.

También se alude a un caso en el que la justicia encontró la mitad de la droga que supuestamente había sido secuestrada en un procedimiento y se pidió al juez federal que investigue la actuación policial. Según la Jefatura, no existe comunicación alguna sobre irregularidades policiales, ni hay sumario administrativo que involucre al personal.

El informe policial se completa con el caso del comisario principal Felipe Villalba (Drogas Peligrosas), imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa “González, María Alejandra”. El funcionario policial fue indagado en el Juzgado Federal No. 3 de Rosario, pero no está resuelta su situación procesal.

“NO EXISTE IMPUNIDAD”

La jefa de Policía de la Provincia, Leyla Perazzo, aseguró que “no hay impunidad” para los agentes de la fuerza, ya que no existe posibilidad legal de que un condenado pueda seguir en funciones. Aseguró que todas las denuncias son investigadas, pero que “no hay que confundir denuncia con condena”.

“Lo que hace el Tribunal Oral no es dictar una sentencia, sino formular una denuncia. Después, queda a consideración de los jueces: algunas se dan por probadas y otras no. El procedimiento dentro de la Jefatura es el mismo en todos los casos: si hay condena, cesantía; si hay procesamiento firme, se lo retira de tareas operativas; si hay observaciones sobre procedimientos, se investiga y se toma los recaudos para que no vuelva a ocurrir”, consignó Perazzo a El Litoral.

En alusión a los casos difundidos, hizo notar que “en la mayoría, los imputados fueron condenados a varios años de prisión. Eso no refleja complicidad policial. En todo caso, sí pudo haber negligencia u omisiones, pero no complicidad”.

Mencionó además que, como resultado de las denuncias del Tribunal Oral, “un solo oficial superior fue relevado de su puesto (caso Luraschi), pero tengo entendido que un tribunal superior dejó sin efecto los términos de primera instancia, así que habrá que verlo”.

Más allá de eso, mencionó que existe un agente procesado, pero por haber sido encontrado con drogas, por la propia policía, y que es un caso que no figura entre las denuncias divulgadas por Cosidoy. En otro caso se tomó declaración indagatoria, pero aún no está resuelta la situación procesal.

“Lo que quiero dejar en claro es que la Policía no polemiza con los jueces, no discute sus sentencias: las acata, sean condenatorias o absolutorias. Y el procedimiento es igual para todos los casos, la ley no da alternativas para `salvar’ a un infractor. Quiero que la población tenga la tranquilidad de que si un policía es declarado culpable, no tiene manera de seguir en el cargo”.