PARA PRESERVAR LOS RESTOS HUMANOS DE LAS TUMBAS NN DE LA DICTADURA

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el 7 de julio el proyecto de la legisladora santafesina Alicia Tate que protege los restos humanos de tumbas NN de la última dictadura militar. La iniciativa ya pasó al Senado y se descuenta que en breve será sancionada, lo que ayudará a preservar pruebas útiles para la identificación de personas desaparecidas. Tal como anunció un día después de la media sanción el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) respecto de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de Vincenti, y de dos de sus compañeras, que habían sido arrojadas al mar durante uno de los tantos “vuelos de la muerte” y luego enterradas como NN en el cementerio de General Lavalle.

En la provincia de Santa Fe también hubo sepulturas de estas características, confirmó el abogado Amílcar Monti, del equipo jurídico de derechos humanos. La función del organismo en principio fue la persecución de la verdad histórica; ahora se constituyeron como querellantes para el castigo de los represores.

Según Monti, hay denuncias de tumbas NN en el cementerio La Piedad, en Casilda y en San Lorenzo. En el último caso, una vecina de Puerto General San Martín advirtió en 2002 que había visto cómo se descargaban cuerpos desde camiones del Ejército en el camposanto de San Lorenzo a fines de los 70.

Las fosas se abrieron en marzo pasado y aparecieron 30 cadáveres que ahora está identificando un equipo de antropólogos, con el auxilio de historiadores.

Para que los cuerpos dejen de ser NN y recuperen su nombre y apellido se tomaron pruebas de ADN de todos los familiares de los desaparecidos de la zona, ya que aún se ignora de qué centro clandestino provinieron. En San Lorenzo hubo sólo once desaparecidos aunque cerca de la fosa común del cementerio, en el costado noreste, se había instalado un crematorio, reveló Monti. Agregó que esta gestión estuvo en manos del ex diputado provincial Pedro Pili Rodríguez, imputado a su vez en la Justicia federal por violación a los derechos humanos.

El abogado del equipo jurídico saludó la media sanción del proyecto de la diputada Tate ya que colaborará con la tarea que los organismos de derechos humanos impulsan desde que se recuperó la democracia. Ahora, gracias al desarrollo de las técnicas de la medicina forense, es posible concretar las identificaciones. La autora de la iniciativa explicó que la idea surgió de una conversación con un representante del Ministerio Público federal que planteó la preocupación porque se pudieran destruir tumbas NN.

El proyecto se presentó en abril y a principios de julio ya estaba aprobado sin mayores dificultades, previo aval del Eaaf. Comprende las sepulturas ubicadas en todo el territorio nacional, cuando la muerte se haya producido en el período 1975-1983, para las cuales fija una medida de protección genérica por diez años. Además, establece el control judicial federal para cualquier intervención.

Por otra parte dispone que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación notifique la ley a todos los cementerios públicos y privados del país y les solicite información en el término de 90 días sobre cantidad, ubicación y estado que registren de entierros clandestinos. Una copia de los informes producidos debe ser remitida a los juzgados federales. El objetivo de esta medida es preservar toda documentación que pueda ser de utilidad para estas complejas investigaciones. Pues como dijo en una entrevista a Página 12 el camarista federal Horacio Cattani –instructor de las causas por la verdad– “la burocracia siempre deja huellas”.

“Para evitar la pérdida de pruebas en aquellos lugares que no sean cementerios se ordena que, quienes como consecuencia de remociones de tierra, obras de cualquier índole o por azar, descubran restos humanos, suspendan de inmediato la actividad y alerten a una autoridad judicial”, concluyó Tate, que vaticina una pronta aprobación de la norma en el Senado. Nacería así una herramienta para allanar el difícil pero necesario camino a la verdad histórica.

DEVELAR DETALLES DEL HORROR 28 AÑOS DESPUÉS

Después de 28 años, se supo que los restos hallados en una fosa NN del cementerio de General Lavalle, en la provincia de Buenos Aires, pertenecen a Azucena Villaflor de Vincenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce del Bianco. Estas tres mujeres organizaban la agrupación Madres de Plaza de Mayo cuando fueran secuestradas, entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977.

Se reunían en la iglesia de Santa Cruz, en el barrio porteño de San Cristóbal. Entre los familiares había un tal Gustavo Niño, supuesto hermano de un secuestrado, que resultó ser el teniente de navío Alfredo Astiz. Él delató a Villaflor, Ballestrino y Ponce del Bianco, quienes estaban juntando dinero para publicar una solicitada en los diarios. Sus cuerpos aparecieron flotando en el mar el 20 de diciembre de 1977 y luego fueron trasladados a General Lavalle. Recién este año el Equipo Argentino de Antropología Forense certificó las identidades y concluyó que, por las lesiones que presentaban los huesos, fueron arrojadas al mar, vivas, desde el aire.

La hipótesis de los “vuelos de la muerte” fue denunciada por familiares de las víctimas aún antes de que se recuperara la democracia. Luego lo ratificaron los sobrevivientes de la Esma. Hace una década el marino Adolfo Scilingo confirmó su participación en esta macabra modalidad de exterminio. La ciencia confirmó ahora el horror y la verdad.