PARA QUE LOS DELITOS SE PAGUEN CON TRABAJOS COMUNITARIOS

El próximo jueves, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe dará media sanción a un proyecto de ley de la legisladora radical, Mónica Peralta, que tiene como objetivo crear un registro destinado a la realización de tareas comunitarias, impuestas como regla de conducta y proveniente de disposiciones judiciales, a personas que cometieron alguna falta, infracción o transgresión de pena menor a los tres años de prisión y de acuerdo a la tipología del delito penal y a las circunstancias en las que lo cometió.

El espíritu de la iniciativa es que el infractor pague la pena con trabajo comunitario y no con dinero o con prisión; por ello, se habilitará este registro que contendrá a las entidades intermedias, ONG e instituciones públicas o privadas existentes en jurisdicción de la provincia y que se encuentren interesadas en participar del programa.

La figura legal que contiene esta posibilidad de resarcir inmediatamente el daño causado se denomina probation y está incluida en la legislación de fondo a nivel nacional. Este beneficio podría ayudar a los que pasan un semáforo en rojo, exceden la velocidad permitida o podan un árbol sin previa autorización, entre otras cosas.

En cuanto a los antecedentes que existen sobre esta materia, Mónica Peralta recordó que desde el año pasado se realizan en Rosario distintas jornadas donde se discute la modificación del Código Procesal Penal. En ese marco, especialistas en derecho manifestaron que está vencida una decisión que había tomado la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde establecían una limitación para la aplicación de este tipo de medidas alternativas, pero hoy por hoy esa resolución venció y los jueces estarían en condiciones de aplicar la figura de la probation sin restricciones.

LOS INTERESADOS

Las entidades intermedias, ONG e instituciones que deseen ser beneficiadas con el trabajo comunitario de los infractores o contraventores deberán tener: nombre, personería jurídica, domicilio y teléfono; nombre, domicilio y teléfono de la autoridad máxima de cada establecimiento; características de los trabajos que en dicha institución puedan ser realizados; cantidad de horas aproximadas que demandarían las tareas a desarrollar y requisitos con respecto al prestador de tareas que la institución considere relevantes.

Por su parte, el Poder Ejecutivo, mediante el ministerio que corresponda, arbitrará los medios a fin de informar la existencia del registro a las entidades intermedias, ONG e instituciones públicas; asimismo, a magistrados, fiscales, defensores provinciales de los distritos santafesinos y a los magistrados, fiscales y defensores de los Tribunales Federales de todo el territorio.

También, en forma anual se emitirá un listado actualizado de las instituciones participantes, la que se notificará a los juzgados penales de los tribunales provinciales y federales de los distritos de la provincia, además de ser publicada en los periódicos de la provincia de mayor circulación.

Podría ocurrir que el contraventor, en cumplimiento de las tareas comunitarias, provoque algún accidente. Por ese motivo, para cubrir el vacío legal, el proyecto de la diputada Peralta propone que el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto promueva un seguro de riesgo a fin de tomar medidas preventivas y reparadoras de los daños derivados de la labor prestada. Con la intención de eximir a los inscriptos en dicho registro de la responsabilidad civil frente a aquel sujeto que haya prestado las tareas determinadas por disposición judicial.