PARA QUE LOS REPRESORES Y LADRONES DEL ’84 NO QUEDEN EN LA IMPUNIDAD

Los organismos de derechos humanos pedirán al presidente de la República, Néstor Kichner, la apertura de los archivos secretos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sobre el robo a los Tribunales de Rosario, el 8 de octubre de 1984, cuando un grupo de tareas asaltó el edificio de Balcarce y Pellegrini y otras dos viviendas para barrer con las pruebas del genocidio de la dictadura. El planteo será hecho por la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) en un documento que difundirá en las próximas horas y al que invitará a sumarse a otras organizaciones de la sociedad civil.

En realidad, se trata de un informe de casi veinte páginas que pone bajo la lupa la investigación judicial que se realizó hace 20 años y, por lo tanto, someterá al escrutinio público al juez del trámite: Ernesto Navarro, entonces a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 13 y hoy vocal de la Cámara Penal de Rosario. La semana pasada, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Domingo Pochettino, pidió que el expediente de cuatro cuerpos que tramitó Navarro -hoy en manos del juez Osvaldo Barbero‑ se incorpore a la causa Feced: la investigación del terrorismo de estado en el Segundo Cuerpo de Ejército que instruye el juez federal Nº 4, Omar Digerónimo. Quizás porque los prófugos de ayer, son los prófugos de hoy.

La CTC solicitará a Kirchner la apertura de los archivos de la SIDE “entre 1984 y 1998 que tengan relación con los delitos investigados en el expediente Nº 6/84 y sus acumulados y en el expediente Nº 648/84 de los Tribunales de Rosario”. El primero es el que se robaron en el Juzgado de Instrucción Nº 10, entonces a cargo del doctor Francisco Martínez Fermoselle (ver aparte). El segundo es el trámite de Navarro.

El pedido al presidente se fundamenta “en un análisis exhaustivo” expediente 648/84 “Robo calificado, privación ilegítima de la libertad y sustracción de documentos” -al que tuvo acceso la CTC‑ y las sospechas sobre la autoría del robo que apuntan a “los organismos de inteligencia”. Y en esa línea recordará, otros atentados a militantes de los derechos humanos: la bomba colocada en el domicilio de Mariana Hernández, el 8 de octubre de 1998, “cuando se estaba investigado sobre el robo a Tribunales, las amenazas a la abogada Matilde Bruera y los ataques a Eduardo Tonioli ocurridos este año”.

El informe de la CTC apuntará a la pista del Segundo Cuerpo que ya estaba planteada en investigaciones periodísticas de la época que el juez incorporó a la causa. Ya en mayo de 1985, Enrique Vázquez vinculó en la revista Humor (“Ni olvido ni perdón”) al II Cuerpo de Ejército con “el robo de los papeles de la Conadep” en Rosario.

“Sin juicio y sin castigo a los culpables del terror y las matanzas de la dictadura, quedará sentado el gravísimo precedente de la impunidad, y esa impunidad empujará a los asesinos a la reiteración de sus crímenes”, advertía el periodista. “Ellos lo saben (…) están empeñados en que la historia se borre. De ahí los actos de intimidación. De ahí las amenazas a los testigos convocados por el fiscal Strassera y de ahí (esto es una primicia) el asalto al juzgado de Rosario donde se archivaban los elementos recogidos por la Conadep. Según todos los indicios, el asalto fue cometido por oficiales en actividad pertenecientes al II Cuerpo de Ejército, con asiento en esa ciudad”, informaba Vázquez. “No por nada pasó a retiro el general (Víctor) Pino, comandante de ese cuerpo hasta la semana última y que según muchos periodistas porteños era ænúmero puesto como segundo jefe del Estado Mayor comandado por Ríos Ereñú”

“No había motivos a la vista para que Pino completara la lista de retirados de la fuerza. Los siete primeros generales tachados del Ejército eran más antiguos que Ríos Ereñú, de manera que no podía permanecer en actividad obedeciendo a un jefe más `moderno’, según la terminología militar. Pero Pino era más æmodernoÆ que Ríos Ereñú, no tenía por qué pasar a retiro.

Una semana antes, Tróccoli recibió los informes definitivos sobre la investigación realizada en Rosario. Y el Presidente fue rotundo cuando escuchó el relato de su ministro político: `Esto hay que darlo a publicidad, aunque le cueste la cabeza al general Pino’. Curiosamente cuando un periodista de Radio Belgrano lanzó al aire la información, un importantísimo funcionario de la Casa Rosada lo llamó por teléfono para cuestionarle esa actitud. Resulta incomprensible: el Presidente da la vía libre, a Pino lo pasan a retiro, y los periodistas se tienen que callar la boca”, agregó Vázquez.

El 27 de junio de 1985, el juez Navarro ofició al entonces ministro Tróccoli. Y le preguntó si en su cartera había “alguna información, investigación, dato, indicio que sea útil y pertinente” para la causa que instruía en su juzgado. “Ruego imprimir al presente el carácter de confidencial”, agregó el magistrado. A los cuatro días, recibió la respuesta del Ministerio del Interior: “Al respecto, hago saber que en este Departamento de Estado no se registran antecedentes del caso en cuestión”.

Navarro llamó entonces a declarar a Vázquez. Lo preguntó cómo sabía que los asaltantes a Tribunales eran “oficiales en actividad del II Cuerpo de Ejército”. El periodista se amparó en el secreto profesional, pero ratificó la noticia que atribuyó a “fuentes irreprochables”. El juez indagó entonces sobre el telefonazo de la Casa Rosada. Vázquez ratificó que él había recibido esa llamada del entonces secretario general de la Presidencia, Germán López, después de difundir la noticia en su columna de Radio Belgrano. López le reprochó la supuesta “imprudencia política, pero en ningún momento negó la veracidad de la noticia”, aclaró.

El primer secretario de la SIDE del gobierno de Raúl Alfonsín fue Roberto Manuel Pena. Muy pocos lo recuerdan porque renunció muy pronto, abatido por la política oficial en la materia. Ya retirado de esa actividad, en un reportaje que concedió al periódico `Madres de Plaza de Mayo’, en setiembre de 1985, Pena admitía que `los servicios de las Fuerzas Armadas no han sido desmantelados y siguen operando como antes’. Todos tenían `la infraestructura montada: casas, oficinas, depósitos, autos y, por supuesto, armas que les permiten lograr sus objetivos’. ¿Cuáles eran esos objetivos?”, le preguntó el periodista Carlos Rodríguez. “Según Pena, cometer una serie de atentados: “Bombas en Córdoba, robo en los Tribunales de Rosario o actos de presión psicológica como las amenazas”.

Servicios: En setiembre de 1985 Pena admitía que `los servicios de las Fuerzas Armadas no han sido desmantelados y siguen operando como